ACTUALIDAD: México – mismas tendencias, nuevos ejemplos
06/09/2015
SIPAZ : Celebrar compartiendo conocimiento
06/09/2015
A casi un año de los graves y lamentables hechos en Iguala, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, los padres y madres siguen sin conocer el paradero de sus hijos. En julio, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, calificó como «incompleta» la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso, emitió varios informes con decenas de recomendaciones hacia la PGR. El tercer informe del GIEI confirmó que el destino de los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada, no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la PGR, porque no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama argumentada por las autoridades federales, entre otras cosas. Desde los primeros días después de que comenzó la pesadilla para los padres y madres, la sociedad civil se ha hecho oír y ver: la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizó la toma de alrededor de 30 de los 81 ayuntamientos guerrerenses como medida de presión política y se estableció la creación de consejos municipales populares en el estado. Familiares, estudiantes y simpatizantes marcharon numerosas veces por las calles mexicanas y fuera del país. La sociedad civil participó con decenas de miles de personas, en numerosas marchas, mítines, bloqueos y manifestaciones para exigir aclaraciones y justicia.
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Sin embargo, mientras crece la desesperación por parte de los familiares y la sociedad civil, hay muy pocos avances en cuanto a saber lo que realmente pasó la noche del 26 de septiembre de 2014. La versión oficial presentada en enero por el entonces Procurador General Murillo Karam, que señala a las autoridades locales como los responsables de los hechos, ha encontrado fuertes críticas desde la sociedad civil por la falta de pruebas que apoyan esta conclusión, y ha sido contrarrestada con el lema «Fue el Estado». Según una investigación publicada por la revista Proceso, Fuerzas Federales participaron en el ataque contra los estudiantes en la ciudad de Iguala. Según el trabajo de investigación, el Gobierno Federal de México supo, en tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche de la masacre. Proceso destaca que el ataque fue orquestado para golpear en el corazón de «la estructura ideológica y de gobierno de la institución» de la escuela normal. Por esta supuesta complicidad de las autoridades federales en los hechos, hay quienes defienden que la desaparición de los 43 normalistas se debe entender como una acción genocida que forma parte de una estrategia de control poblacional por parte del gobierno federal hacia los luchadores sociales, y particularmente hacia los jóvenes.
Como señala Raymundo Riva Palacio en un artículo en El Financiero, el delito internacional de genocidio se conforma por un conjunto de actos «con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso», lo cual incluye «la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial». La misma fuente argumenta que si se probara que el Ejército mexicano participó en la desaparición de los normalistas, se puede constituir el delito de genocidio documentando cómo, durante varios años, se han ido eliminando las escuelas normales en el país y se han realizado acciones sistemáticas de represión contra los normalistas, sobre todo los de Ayotzinapa. Riva Palacio continua: «[o]misiones e inacciones del Ejército el día del crimen, y silencio sobre qué tanto sabía el Batallón 27 de las bandas criminales donde está su sede, son el contexto de la estrategia. La opacidad de la PGR sobre sus evidencias y la creciente falta de credibilidad del gobierno, abonan a la derrota política y jurídica que no han visto, pero sobre todo, a la pesadilla para Peña Nieto, que puede llevarlo a librar una batalla legal por genocidio, antes incluso de que termine su presidencia».
Esta estrategia de exterminio del actor social crítico e incómodo para los recientes gobiernos, como son las escuelas normales rurales, tendría años de implementación. Como mencionan Lorenzen y Orozco: «Las normales rurales, como la de Ayotzinapa, han sufrido el abandono estatal y un ahogo financiero, con la clara intención de desmantelar estas escuelas que han sido tradicionalmente lugares de enseñanza y de pensamiento crítico y de izquierda, de donde muchos luchadores sociales e incluso algunos guerrilleros han egresado. Así, de las 36 escuelas normales rurales que llegaron a existir en 1939, hoy quedan sólo 16«. El haber sido abandonadas durante muchos años ha debilitado a las normales y ha disminuido el flujo de egresados de ellas, que son generalmente los que llegan a las comunidades más lejanas y pobres, las cuales, sin los normalistas rurales, quedarían probablemente desatendidas. Como señaló Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) en entrevista con TeleSUR: «Hay una acción sistemática para callar a los estudiantes de los normales rurales con una tendencia de su desaparición por la vía de quitar los recursos a los normales, de disminuir la matrícula, de disminuir los apoyos para la educación del normalismo rural, así como para los egresados y de la misma manera se va acallando a las voces que les acompañan». Llamativamente, ante la fuerte presión social alrededor de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la Cámara de Diputados se vio obligada a aprobar un presupuesto adicional de 400 millones de pesos para las escuelas normales rurales.
Colusión de autoridades y crimen organizado
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El estado de Guerrero está sufriendo una profunda crisis de seguridad y derechos humanos con niveles de violencia muy graves en varias partes de la entidad. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la tasa de homicidios dolosos en México pasó de 10,3 por cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 22,8 en 2011, mientras Guerrero registró en 2014 la tasa más alta del país, con 42,7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En el informe Índice de Paz México 2015 del Institute for Economics and Peace, paradójicamente fue Guerrero la entidad federativa que en 2014 registró el mayor gasto per cápita en la contención de la violencia, con un presupuesto de 43.666 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 33.414 pesos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del estado de Guerrero, unos 20 grupos del crimen organizado se disputan el territorio del estado. Según cuerpos de seguridad del Estado mexicano, 12 alcaldes de Guerrero, supuestamente, tienen vínculos con grupos criminales, (8 del Partido de la Revolución Democrática-PRD y 4 del Partido Revolucionario Institucional-PRI).
Hay focos rojos en varias zonas del estado. La ciudad de Chilapa es escenario de frecuentes enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado, principalmente Los Rojos y Los Ardillos. El pasado 9 de mayo, unos 300 civiles armados tomaron el control de la ciudad. Durante cinco días instalaron retenes, revisaron autos, catearon domicilios y establecimientos comerciales, y detuvieron a personas. Al retirarse, después de un acuerdo con el Ejército, no entregaron a los detenidos y comenzaron las denuncias por desaparición. En las regiones Costa Grande y Tierra Caliente siguen desplazadas miles de familias por el terror ante grupos del crimen organizado que les amenazan con extorsiones, robos, secuestros y asesinatos. Comunidades enteras se han quedado desoladas, sus habitantes huyeron principalmente a Chilpancingo y lugares fuera del estado.
Las elecciones gubernamentales y municipales, llevadas a cabo en junio, se desarrollaron en un ambiente de choques violentos entre militantes de los diferentes partidos. Ocurrieron varios ataques a sedes de partidos políticos y a personas relacionadas al proceso electoral, lo cual resultó en, al menos, el asesinato de 14 de ellas, incluyendo candidatos a diputados federales y alcaldías, coordinadores de campaña, operadores políticos y militantes. En el día de las elecciones municipales, en Tlapa de Comonfort, un joven integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) fue alcanzado por una bala, probablemente de la Policía Federal, y murió. Varios candidatos habían desistido por lo mismo.
Disputa por el territorio causa ruptura del movimiento social guerrerense
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Existe una disputa por el control del territorio entre los diferentes grupos, está en juego la tierra tanto por interés de empresas transnacionales y el gobierno federal por el tema de la minería y otros megaproyectos como presas hidroeléctricas, como por parte de los cárteles de droga para la producción de marihuana y amapola, y como corredores apuntando a su venta. Comunidades locales han venido organizándose en grupos de autodefensa y policías ciudadanas para defender sus territorios contra el despojo y la expropiación por un lado y contra la escalada de violencia por otro lado.
Los grupos de autodefensa, que empezaron a aparecer en el 2013 en los estados de Guerrero y Michoacán, dando esperanza para que disminuyera la corrupción y la injusticia por medio de la propuesta comunitaria, en Guerrero parecen estar debilitándose en su propuesta colectiva en el presente. Muestra de ello son múltiples hechos de violencia y confrontaciones entre diferentes grupos de autodefensas en general y, en específico, entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). A inicios de julio se dio un enfrentamiento entre ambos grupos acerca de desacuerdos sobre la pertenencia de territorios donde, al parecer, hay siembra de amapola. El 26 de julio, fue asesinada la profesora Nelda Edilia Sánchez López, quien fungía como parte de la estructura coordinadora del FUSDEG en el municipio de San Marcos. A principios de junio, un enfrentamiento entre FUSDEG y ex integrantes del FUSDEG dejó un saldo de más de 10 muertos en la comunidad de Xolapa, cerca de Acapulco. Un mes después, en agosto, fue asesinado por hombres armados el líder de la UPOEG, Miguel Ángel Jiménez, en Xaltianguis, municipio de Acapulco.
Estrategia de división del gobierno
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Según analistas, en estas divisiones y confrontaciones entre grupos de autodefensa, se puede ver una estrategia de división de parte del gobierno. Como señaló Adrián Ramírez, presidente de la LIMEDDH en entrevista con TeleSUR: «La muerte de Miguel Ángel Jiménez en este contexto de confrontación aparente entre grupos de la policía comunitaria es un elemento más en este genocidio. No podemos dejar de pasar por alto que el modelo colombiano que encabezó aquí en nuestro país el jefe de la policía nacional colombiana Oscar Naranjo Trujillo al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto, vino a crear estas autodefensas, vino a confrontar a los grupos de las guardias civiles y comunitarias e incluso hoy varios de ellos se encuentran en prisión. Las guardias comunitarias originarias y ancestrales han sido detenidas y el resto de los grupos se van confrontando en las comunidades. El asunto que nos da la muerte de Miguel Ángel Jiménez Blanco, es uno más en esta suma de una confrontación que no ha cesado por parte del estado mexicano que intenta acallar las voces y a un año de distancia impide con ello que se siga avanzando».
Un reportero de Proceso, relata en su libro Batallas de Michoacán, de 2015, cómo se dio el desarrollo de los grupos de autodefensa en contra del crimen organizado con la ayuda del gobierno federal en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán durante el 2013. «Ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo». Según el autor, se trataba de armar a civiles de Tierra Caliente que estaban cansados del clima de terror provocado por Los Caballeros Templarios, dándoles dinero y protección para combatir a los criminales en su propio territorio. Para generar protección, hicieron un pacto con un grupo criminal enemigo de Los Templarios. José Manuel Mireles, líder de autodefensas en el estado cercano de Michoacán, que había quedado fuera de este pacto, intentó hacer de las autodefensas un agente del cambio y de lucha contra el crimen organizado en Michoacán y en todo el país. Resultó castigado con encarcelamiento en Sonora.
La estrategia de control poblacional por parte del gobierno también incluye esta forma de encarcelamiento de luchadores sociales. En los años recientes, se ha podido ver varias detenciones arbitrarias de personas defensoras que resultaron en los confinamientos en cárceles de alta seguridad. Por ejemplo, Nestora Salgado, coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), fue detenida en agosto de 2013 por secuestro (aunque fueran personas que estaban en procesos de reeducación por parte de la CRAC), y encarcelada en una cárcel de alta seguridad en Nayarit. A dos años de su detención no ha podido regresar a su casa, pero ha sido trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la Ciudad de México. Otro ejemplo es el de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) que lucha desde hace 12 años en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica en las afueras de Acapulco, quien fuera encarcelado en junio de 2014, acusado de participación en una balacera y un atentado. El pasado 21 de agosto, Suástegui finalmente fue liberado sin que su caso fuera resuelto y aunque ?la justicia está a medias?, como dijo el defensor mismo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, responsable de su defensa, reiteró al respecto que «(e)l caso de Marco Antonio Suástegui es un claro ejemplo de cómo la autoridad ministerial se presta para fabricar delitos». En ocasiones anteriores, Tlachinollan había denunciado el encarcelamiento de defensores en cárceles de alta seguridad como: ?el uso sistemático que ha hecho el Ejecutivo estatal de penales federales, de mediana y máxima seguridad, como herramienta de coerción contra movimientos sociales que vulneran tratados internacionales ratificados por México».
¿Qué futuro hay para las y los jóvenes?
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Guerrero sigue siendo el productor de amapola más grande de México, recibiendo gran impulso desde los Estados Unidos, donde el consumo de heroína ha subido en comparación con el de la cocaína. De acuerdo con una investigación de El Universal y la Revista Esquire México, en el 40% del territorio guerrerense se cultiva 42% de la amapola del país, en una zona que incluye a Michoacán y Morelos. En este espacio geográfico se ubican, al menos, cinco organizaciones criminales: Guerreros Unidos, Los Rojos, Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora y Los Granados. Por otra parte, el estado de Guerrero, dada su ubicación geográfica, se constituye como una zona importante para el trasiego de droga desde la Costa Atlántica hacia el centro del país.
La limitación de fondos para las escuelas normales rurales por parte del gobierno, y el hostigamiento y la represión fuerte de sus estudiantes desde hace décadas, tiene como consecuencia la pérdida de opciones reales para construir un futuro sano y seguro para los jóvenes en zonas rurales. Como subrayan Mathew Lorenzen y Zulia Orozco en el artículo ‘AYOTZINAPA: Nuestro retrato frente al espejo’: «El abandono de las escuelas normales rurales es muy grave [… porque] representan un mecanismo de movilidad social para los hijos de campesinos y de habitantes rurales. Es importante notar que otros medios de movilidad social incluyen la migración interna e internacional y, de forma preocupante, el ingreso a grupos del crimen organizado».
