El vuelo de Las Abejas sigue: Llevando la paz en tiempos de guerra

El 22 de diciembre del año pasado 45 indígenas desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, fueron masacrados por grupos paramilitares. La noticia de esta matanza brutal dio la vuelta al mundo y generó gran indignación tanto a nivel nacional como internacional: «¿cómo se puede matar a estos indígenas inocentes e indefensos, en un momento de oración y ayuno para la paz?». Las víctimas eran miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, organización que lucha por una paz digna y justa a través de medios pacíficos.

¿Quiénes son los miembros de esta organización? ¿Por qué optaron por y siguen en la vía no-violenta? ¿Eran inocentes e indefensos? ¿Sabían de las consecuencias vinculados con esa manera de luchar? Hoy queremos presentar un perfil de Las Abejas y de su lucha pacífica a través del testimonio de los catequistas católicos del grupo que también sirven como voceros.

Historia

La historia de Las Abejas empezó en 1992, cuando en la comunidad Tzanembolom, municipio de Chenalhó, se dio un conflicto de tierra entre familiares. Un lote de tierra heredada debía ser dividido entre un hermano y dos hermanas. El hermano no quiso compartir la herencia con sus hermanas por ser mujeres y quiso que ellas renunciaran a su derecho hereditario sobre la tierra. Como es costumbre, la comunidad hizo una asamblea y tomó la decisión de repartir la tierra en tres partes iguales. El hermano no estaba de acuerdo y prometió parte de la propiedad a unos amigos (incluso de otras comunidades). Este grupo empezó a amenazar con violencia al resto de la comunidad.

Como respuesta, los habitantes de Tzanembolom tomaron la iniciativa de visitar las comunidades vecinas para proponerles formar una organización que les diera la posibilidad de defenderse ante posibles ataques. El 9 de diciembre de 1992 llegaron a Tzajalchen representantes de 22 comunidades para formar la organización Las Abejas. Después de la reunión tres personas fueron agredidas a balazos. Una de ellas murió y dos resultaron gravemente heridas. En lugar de arrestar a los presuntos agresores (el hermano disconforme y sus amigos) las autoridades detuvieron sin orden de aprensión a cinco personas que habían participado en la reunión acusándolas de ser los responsables de la violencia en la región. Los presos fueron trasladados a San Cristóbal de Las Casas.

Las Abejas organizaron una peregrinación a San Cristóbal, donde se instalaron en plantón en la Plaza Catedral. «Durante cinco días marchamos desde ahí al lugar donde se encontraban los presos, con oraciones, tambores y música indígena. Después se sumaron a nosotros los hermanos y hermanas indígenas de Simojovel, San Andrés, Chalchihuitán y Pantelhó».

Finalmente, la Procuraduría de Justicia del Estado se vio obligada a liberar a los detenidos por falta de evidencia.

Las Abejas

Las Abejas explican su nombre así: «Nos juntamos en 1992 porque somos una multitud y queremos construir nuestra casa como el panal de las abejas, donde todos trabajemos en colectivo y que gocemos de lo mismo, producir miel para todos. Así somos como las abejas en una sola caja, no nos dividimos y caminamos junto con nuestra reina, que es el reino de Dios, aunque sabíamos desde un principio que el trabajo iba a ser lento pero seguro». Existe también otra interpretación para el símbolo de la abeja: «Es un animalito chiquito que pica. Nuestra lucha es una lucha de punzadas pacíficas».

Después de este primer éxito, Las Abejas siguieron organizándose. Ahora tienen presencia en 25 comunidades de Chenalhó y cuentan con 4 mil miembros, la gran mayoría de religión católica. Durante su existencia de más de cinco años, Las Abejas han fortalecido otras organizaciones en la región, como comités de salud, derechos humanos, alternativas para la comercialización y abasto de café, grupos de mujeres y conjuntos musicales. Por otro lado, Las Abejas se mantienen en «resistencia civil»: no pagan las cuotas de energía eléctrica, ni el impuesto a la tierra y decidieron no recibir apoyo del gobierno mientras no se cumplan los Acuerdos de San Andrés y no haya paz justa y digna en Chiapas: «Tampoco obedecemos al gobierno municipal y estatal, porque no lo elegimos y no hacen justicia».

Las Abejas y los zapatistas

Después del levantamiento zapatista en 1994, Las Abejas participaron en los Cinturones de Paz (protección desarmada ofrecida por civiles) durante las negociaciones entre el gobierno y el EZLN. Empero Las Abejas no se volvieron zapatistas, sino que decidieron mantenerse como movimiento civil: «Así como nuestro cuerpo tiene dos ojos, dos manos, dos piernas, la sociedad tiene que tener sus dos piernas. El EZLN es una y nosotros como civiles somos la otra. No somos EZLN porque no respondemos a sus órdenes. Tenemos que hacer la lucha pacífica y no con las armas».

Los zapatistas aceptan el camino de Las Abejas, porque «para ellos la participación de la sociedad civil es muy importante». Las Abejas decidieron participar en el FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional) como Sociedad Civil Las Abejas. Los zapatistas y Las Abejas tienen las mismas metas, pero «nuestra forma es diferente. Creemos en la Palabra de Dios. Sabemos leer la Biblia: tenemos que amar a nuestro enemigo, no podemos matar. Sobre todo, todos somos pobres campesinos, hermanos y hermanas». En los conflictos, Las Abejas siempre buscan el diálogo: «Tenemos el mismo idioma, por eso podemos hablar para resolver nuestros conflictos». Saben muy bien los riesgos que corren, porque, como dicen: «…somos el colchón entre el gobierno y los zapatistas…, si este colchón se rompe es más fácil para el gobierno atacar a los hermanos del EZLN».

La violencia que no cesa

Durante la violencia desatada en el municipio de Chenalhó en los últimos meses de 1997, Las Abejas pintaron en sus fachadas: «sociedad civil, zona neutral». Para ellos «neutral» significa que no quieren ser parte de la violencia entre priístas y zapatistas. Lo hicieron porque «no queremos problemas, no manejamos armas, queremos dialogar. Sabemos de otras maneras de luchar. Pero los priístas no lo respetaron, quemaron nuestras casas y robaron nuestra cosecha».

La mayoría de los miembros de Las Abejas tuvo que abandonar sus viviendas y sus comunidades por las amenazas, hostigamientos y agresiones de los paramilitares. Ahora viven en campamentos en Acteal, X’oyep, Tzajalchen y San Cristóbal. En estos campamentos rechazan la ayuda humanitaria proveniente del gobierno: «primero queremos que se castigue a todos los autores de la matanza», afirman.

Martirio en Acteal

Todas las víctimas de la matanza de Acteal eran de Las Abejas. Según ellos, los atacantes les eligieron porque sabían «que no tenemos armas para defendernos. Después de ataques anteriores de priístas a zapatistas, también murieron algunos priístas». Las víctimas sabían que iban a ser atacadas, porque habían recibido avisos el día anterior. «Pero decidimos confiar en Dios y empezamos a rezar en la iglesia. Ahora sabemos que son martirios. Vamos a construir un santuario para ellos en Acteal. Sabemos que Dios les recibió a los 45 y que está preparando para recibirnos a nosotros también. Porque la lucha sigue. No tenemos miedo de morir. Estamos dispuestos a morir, pero no a matar. Si Dios nos permite unos días más ahí, está bien. Si no, está bien también».

Las Abejas no es un grupo débil e indefenso, como algunas personas dicen y como lo vieron los mismos paramilitares asesinos. Al contrario: en un escenario crecientemente dominado por la lógica de la violencia, Las Abejas se ha convertido en un actor peligroso y amenazante, «armado con el amor de Dios», que rompe con la filosofía de «ojo por ojo» y desenmascara, con su actitud pacifista, la violencia ilegítima del poder al que se enfrenta. «Unos de nosotros murieron, sembrando la semilla de la paz para los otros. Sabemos que la lucha sigue en nuestros hijos. Y ahora todo el mundo nos conoce y nos entiende. A pesar de lo que ocurrió en Acteal, creemos en nuestra lucha».

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A tres meses de Acteal: avances y fallas

Tres meses después de la masacre de Acteal en diciembre de 1997, cuyo balance fue de 45 muertos y 25 heridos, la investigación para identificar a los responsables todavía se encuentra en una etapa inicial.

La PGR revela irregularidades

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron varias irregularidades e ilegalidades que empezaron meses antes de la masacre. Según declaraciones de funcionarios de la Seguridad Pública (policía estatal) destacada en la comunidad de Los Chorros, municipio de Chenalhó, ese mismo destacamento protegió a grupos civiles armados de filiación priísta y les ayudó a conseguir y transportar armas de grueso calibre. El comandante Felipe Vázquez Espinoza dijo que había a su vez recibido ordenes «de la superioridad» para realizar esas actividades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se hizo presente en la zona desde mayo del año pasado, había pedido a las autoridades del estado medidas cautelares para proteger a la población desplazada por la violencia. Al igual que otras organizaciones de derechos humanos, la CNDH considera que de haberse tomado a tiempo las medidas requeridas, la matanza se hubiera podido evitar.

Por otra parte, un «informe preliminar» de la PGR revela que los cadáveres fueron levantados en la madrugada del 22 al 23 de diciembre sin preservación del lugar de los hechos, sin intervención de los peritos en criminalística de campo, sin documentación fotográfica de los cuerpos y sin dar fe de dónde se localizaron los casquillos. Todas esas irregularidades de procedimiento se dieron en presencia de las autoridades de la Seguridad Pública y del Ministerio Público de la Procuraduría de Chiapas.

Declaraciones contradictorias

En sus declaraciones ante la CNDH, los funcionarios del gobierno del estado y los altos funcionarios policiacos incurrieron en diversas contradicciones e inconsistencias – llegando a acusarse entre sí – con el propósito de evadir responsabilidades directas. En particular el general Jorge Gamboa Solís, ex-coordinador de policías, alteró documentos que podrían contener información relevante para esclarecer los hechos.

El Secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, incurrió en una serie de contradicciones sobre la hora en que aseguró haber ordenado la investigación de los acontestimientos violentos ocurridos en la comunidad de Acteal.

En cuanto al levantamiento de los cuerpos, existen tres versiones distintas que involucran entre otros al ex-Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquin Gálvez, al Subprocurador de Justicia Indígena David Gómez Hernández y al comandante de Seguridad Pública de la zona. «Esas versiones coinciden», como mencionó el coordinador de la CNDH de San Cristóbal de Las Casas en entrevista con SIPAZ, «en un solo punto: ninguna declaración sustenta lo que se hubiera debido hacer».

Primeras consecuencias

La PGR detuvo a unas 90 personas presuntamente vinculadas al multihomicidio, entre ellos al presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz y elementos de la Seguridad Pública. El Ministerio Público federal ha ejercitado acción penal en contra de once elementos de la Seguridad Pública por su presunta responsabilidad en delitos de transportación y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de homicidio calificado y lesiones calificadas cometidas por omisión. Mientras tanto, han sido removido de sus cargos el Secretario de Gobernación a nivel federal, el Gobernador, el Secretario y el Subsecretario de Gobierno de Chiapas, entre otros funcionarios estatales involucrados. A fines de marzo, la Secretaría de Gobierno de Chiapas informó que se desahogaba el procedimiento administrativo contra catorce ex-funcionarios.

En cuanto a la indemnización de los deudos de las víctimas, los autoridades han enfrentado diversas dificultades. Todavía no han sido identificados todos los destinatarios – faltan actas de nacimiento, se usan nombres diferentes de los que salen en los registros y además pueden variar en su ortografía – mientras que los ya identificados rechazan las indemnizaciones ofrecidas porque «no queremos que unos reciban y otros no». Por ahora, el ejecutivo estatal depositó un total de casi dos millones de pesos de indemnización en una cuenta de banco para que generara intereses hasta que todos los destinatarios sean identificados y se hayan valorado los grados de invalidez de los heridos.

Descontento con los avances

En una entrevista con SIPAZ el coordinador de la CNDH en San Cristóbal de Las Casas, Luis Jiménez Bravo, expresó una opinión común: «La PGR empezó bien, identificando presuntos autores materiales, pero sigue sus investigaciones con su propio ritmo. Esperamos que suban en la escalera de los niveles, que se siga con los autores intelectuales.»

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen que resulta evidente la probable responsabilidad penal, indirecta o por omisión, del ex-Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del ex-Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro. Señalan asimismo que existiría responsabilidad en última instancia del Ejército mexicano y del propio Presidente Ernesto Zedillo como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México, ya que la institución militar tenía y tiene conocimiento – e incluso vinculaciones informales, según numerosos testigos – sobre la actividad de los grupos paramilitares en Chiapas.

Un alto costo para el gobierno

Los remociones y detenciones de los últimos meses ilustran el alto costo político que ha tenido la masacre. El ex-Secretario de Gobernación era uno de los más importantes políticos del PRI y un probable candidato para las elecciones presidenciales del 2000. Su sustitución fue un duro golpe a la administración del Presidente Zedillo.

Aunque esas reacciones del gobierno mexicano han sido importantes, hay que tener en cuenta que con la masacre de Acteal, los ojos del mundo están otra vez fijados sobre México y que la presión ha sido muy alta. Mas allá de las consecuencias administrativas y penales directas, hemos visto acciones gubernamentales a nivel estatal y federal que parecen ser intentos de desviar esa presión – como la campaña en contra de extranjeros, el Acuerdo Estatal para la Reconciliación o la propuesta del ejecutivo sobre Derechos y Cultura Indígena (ver Actualidad) – y que provocan dudas sobre si los gobiernos federal y estatal van a impulsar un cambio significativo. A fines de marzo, sigue pendiente iniciar una auditoría administrativa de la Procuraduraduría General de Justicia de Chiapas. Funcionarios de alto nivel todavía no han sido detenidos. Tampoco han sido desmantelados los grupos paramilitares que siguen rondando la zona. Sin embargo, como dijo el escritor Carlos Monsiváis, «la matanza de Acteal no ha desaparecido, es imborrable.» Por eso, las actuaciones oficiales seguirán bajo la supervisión de la sociedad civil y la opinión internacional, que se mantienen pendientes de que se haga justicia.