ANALISIS: México – De influenza y otros males
31/08/20092009
04/01/2010
El sábado 10 de octubre de 2009, poco antes de medianoche, contingentes de policías empezaron a resguardar la sede de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El gobierno de Felipe Calderón acababa de decretar la liquidación de la empresa, según el presidente, debido a su ineficiencia y continuo déficit fiscal. Lo que parecía una decisión de índole económica generó una protesta no nada más de los alrededor de 44.000 trabajadores que se oponen a la pérdida de su empleo, sino de muchos mexicanos en las siguientes semanas y a la fecha. Se teme que esta liquidación pueda ser el primer paso hacia la privatización del servicio de generación y abastecimiento de energía eléctrica en México.
Ciertamente, cabe reconocer que la infraestructura del suministro de la energía eléctrica no ha llegado a establecerse en muchas comunidades de difícil acceso en varios estados de la República mexicana, en particular en zonas rurales. Por otro lado, habitantes de comunidades que apenas contaban con unos cuantos focos de luz y, cuando mucho, un refrigerador o un aparato de televisión empezaron a denunciar cobros claramente excesivos. También denunciaron la baja calidad de los servicios de mantenimiento. En otros casos, como en Chiapas, Oaxaca o Guerrero, se cuestiona que las tarifas estén tan altas cuando son estados que producen grandes cantidades de electricidad para el país. Por una razón u otra, mucha gente empezó a organizarse tanto en Chiapas como en otros estados, principalmente en las zonas rurales. En la etapa más reciente, estos procesos de resistencia empezaron a vincularse adquiriendo una dimensión nacional.
Llamativamente, tanto el proceso de lucha contra la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como la resistencia a las altas tarifas eléctricas se juntan bajo un mismo lema: «¡La luz es del pueblo!».
Liquidación de Luz y Fuerza del Centro: causas y posibles consecuencias
Calderón y medios masivos de comunicación han intentado justificar el decreto en el caso de LyFC afirmando que su «ineficacia económica» procedía de los beneficios y altos salarios de sus trabajadores. Sin embargo, varios analistas han subrayado que su falta de rentabilidad derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía a precios exorbitantes, de LyFC a la CFE. Se han ubicado por lo menos dos otras posibles «explicaciones» a la decisión tomada por el gobierno federal:
Tendencias privatizadores
Las empresas paraestatales que en México ofrecen la energía eléctrica para uso doméstico y comercial son la «Comisión Federal de Electricidad» (CFE) y «Luz y Fuerza del Centro» (LyFC). Mientras LyFC está a cargo de responder a la demanda de dicho servicio en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Morelos, la CFE opera en las restantes entidades del país.
Desde principios del siglo XX, el servicio de distribución de luz había estado en manos de empresas privadas (mexicanas, canadienses y estadounidenses), que dieron abasto principalmente a las zonas urbanas. Debido a la poca rentabilidad, estas empresas no se dieron a la tarea de crear una infraestructura que llevara este servicio a las zonas rurales, por lo cual el Estado mexicano decidió crear la empresa paraestatal CFE para encargarle el suministro de la energía eléctrica en el campo. El proceso de la nacionalización de la industria de la electricidad iniciado a finales de los años ’30, finalizó en 1960. La luz fue considerada propiedad del pueblo mexicano y destinada al beneficio social.
Sin embargo, la generación de energía eléctrica dejó de ser monopolio de las paraestatales mexicanas, cuando en 2002 el entonces Presidente Vicente Fox presentó un decreto que permitiera a las empresas privadas generar energía eléctrica para el propio abastecimiento. De acuerdo a la propia CFE, de «la capacidad efectiva instalada de generación, 22.81% corresponde a Productores Externos de Energía (PEE), la cual incluye 21 centrales en operación comercial». Es decir, casi un cuarto de la capacidad de generación de energía eléctrica está manejado por empresas privadas, entre las cuales destacan por su producción la española Iberdrola, la japonesa Mitsubishi y la francesa EDF International .
La liquidación reciente de LyFC podría representar un avance hacia la privatización del sector energético mexicano, así como de su red de fibra óptica (para la transmisión simultánea de voz, documentos e imágenes: el llamado «triple play» en telecomunicaciones). Algunos remontan esta apuesta a privatizar la infraestructura, la producción, la distribución y comercialización de la energía por parte de Felipe Calderón a cuando era Secretario de Energía. Otras voces van más lejos y denuncian que no se había buscado mejorar la eficiencia de LyFC justamente para favorecer la participación privada (presentándola como única opción) en el mercado eléctrico y en el de las telecomunicaciones.
Golpe al sindicato de trabajadores de la electricidad
© Noé Pineda Arredondo
Otra de las lecturas que se ha dado a la liquidación de LyFC, y por lo demás un aspecto clave si la apuesta es efectivamente la privatización, tiene que ver con la intención de golpear y neutralizar al Sindicato de trabajadores de la electricidad (SME, sindicato con ya 95 años de trayectoria, considerado uno de los más activos y combativos).
Un antecedente es que después de las elecciones internas del SME en agosto pasado, el secretario del Trabajo y de la Prevención Social, Javier Lozano, se negó a reconocer a Martín Esparza como dirigente del SME, argumentando que en las elecciones internas del sindicato se habían presentado irregularidades. Entre agosto y septiembre, los sindicalistas exigieron el reconocimiento de su dirigente, realizando actos públicos. Desde ese momento, denunciaron que la intención del gobierno era debilitar al SME para privatizar a LyFC.
Respuestas del SME y del movimiento social
© Noé Pineda Arredondo
El cierre definitivo de la paraestatal dejaría unos 44 mil trabajadores sin empleo. Mientras el gobierno federal ofreció una liquidación a los trabajadores, el sindicato impugnó la decisión por considerarla inconstitucional. Muchos se han negado a cobrar su liquidación al seguir apostando a recuperar su empleo. Al momento de la redacción de este artículo, aún no había certeza jurídica sobre la extinción de LyFC, ya que el proceso legal en contra del decreto presidencial no ha terminado.
Las principales demandas del SME incluyen: la derogación del decreto presidencial y la reapertura de LyFC; el retiro inmediato de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas; la reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente y la creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.
Se han dado y se siguen dando múltiples muestras de apoyo, en marchas y asambleas. El 15 de octubre, más de 300 mil personas marcharon en la Ciudad de México, incluyendo grupos sindicales, estudiantiles, sociales y políticos. A la par, miles de personas marcharon también en 30 ciudades de 16 estados del país.
Apelando al paro nacional, Martín Esparza, líder del SME afirmó en esta ocasión: «El poder emana del pueblo y si ese poder está afectado, es momento de levantar este movimiento social pacífico. (…) Estamos a punto del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y habremos de derrotar, como antes, a las trasnacionales, a la dictadura, la tiranía y las violaciones a la Constitución. Es tiempo de que el pueblo se organice».
Creciente proceso de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de la luz en Chiapas
Desde otro frente de lucha, según un artículo de La Jornada de junio, los movimientos sociales de resistencia al pago de las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han incrementado hasta alcanzar un 40% del total de los usuarios en Chiapas. La suma de los adeudos, al cierre de mayo pasado, rebasaba 780 millones de pesos.
De los motivos del no pago
Los que se mantienen en resistencia pueden ser tanto individuos como organizaciones de todo tipo (algunas opuestas entre sí). Las bases de apoyo zapatistas no pagan la luz desde 1994 como parte de su movimiento de resistencia frente al gobierno. Reivindican la luz como propiedad colectiva de la nación, y por ello, exigen la redistribución pública de la misma.
En otros casos, las principales razones que se dan por no pagar son las siguientes:
- En Chiapas se encuentran las presas hidroeléctricas más importantes del país y aporta más del 50% de la energía hidroeléctrica de México. Sin embargo existen miles de comunidades indígenas sin servicio de luz eléctrica, o que pagan por su uso costos que son considerados excesivos.
- Se ha denunciado en Chiapas que la CFE le puede cobrar a una familia indígena por el servicio de la energía eléctrica desde 120 a 300 pesos bimensuales -e incluso más- (lo que representa un rango de entre 13 y algo más de 100 dólares, aproximadamente, mucho más de lo que pagamos en la ciudad), cuando sólo cuenta con 3 o 5 focos en su hogar. Al acumularse, las tarifas han alcanzado cifras imposibles de pagar para muchos.
- Se sufren continuas bajadas y subidas de voltaje. La medición del consumo no se comprueba directamente en las comunidades, lo que puede explicar las facturas desiguales recibidas entre vecinos.
Represión y Programas de gobierno
Al no pagar por el servicio de la energía eléctrica, las comunidades frecuentemente enfrentan situaciones de hostigamiento por parte de la CFE o la policía. Recientemente denunciaron que «en los municipios de Venustiano Carranza, Villa las Rosas, Amatenango del Valle, Comitán, Chanal, Tzimol, Socoltenango y Teopisca, se ha registrado en los últimos meses una escalada represiva y un fuerte hostigamiento, manifestado por medio de cortes masivos y desmantelamiento de la energía eléctrica, así como con amenazas de la policía y autoridades municipales»(1). No les une nada más la resistencia a las altas tarifas de luz sino también la defensa de su tierra y territorio, el rechazo a los partidos políticos y el «no» a los megaproyectos que afectan a las comunidades.
Por otro lado, si bien los gobiernos estatales y federales han buscado responder al descontento social hacia las tarifas eléctricas con programas que conceden moratorias a las deudas y otorgan subsidios, no han acabado de resolver la problemática.
En el caso de Chiapas, el gobierno del estado lanzó en 1995 el programa «Una Luz Amiga». En 2003 y hasta septiembre de 2008 el gobierno aplicó el programa «Vida Mejor».
Al término de esta fecha la actual administración anunció la prolongación del subsidio a través del programa «Luz solidaria», para el que anunció la inversión de 280 millones de pesos.
Otro de las denuncias recurrentes que se han observado ha sido la suspensión o amenaza de suspensión de programas gubernamentales de asistencia social, como «Oportunidades» si no se presentaban los recibos de luz.
Proceso organizativo en Chiapas
Existen actualmente en Chiapas por lo menos dos movimientos de resistencia civil a las altas tarifas de la luz: Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), principalmente en la zona Norte de Chiapas; y la Red Estatal de Resistencia Civil «La Voz de Nuestro Corazón», con una fuerte presencia en los municipios del Centro, en los Altos y partes de la zona Norte del estado.
La Red Estatal de Resistencia Civil «La Voz de Nuestro Corazón» se constituyó en 2006(2), aunque varias de las comunidades que la integran ya habían estado en la resistencia al pago de la luz desde antes. Entre sus principios están luchar por el derecho a la energía eléctrica; la defensa de la tierra y del territorio de los pueblos; la unidad y solidaridad; y no pagar por la luz hasta que se cumplan los Acuerdos de San Andrés. Como Red Estatal también forma parte de La Otra Campaña, iniciativa pacífica para una nueva constitución impulsada por el EZLN en 2005.
Las comunidades que conforman la red realizan asambleas con una frecuencia de dos a tres meses, en las que las y los representantes de las comunidades informan de la situación en su lugar, emiten declaraciones y definen acciones conjuntas (marchas, participación en jornadas nacionales de protesta y solidaridad o talleres).
Los talleres consisten en capacitaciones de ‘promotores de electricidad’, quienes con el apoyo de trabajadores solidarios del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se forman en «en el manejo del sistema de distribución de energía eléctrica»(3). Las capacitaciones les permiten realizar «trabajos de mantenimiento comunitario, reconexiones de energía eléctrica y ampliaciones a la red con los recursos económicos y el trabajo de las comunidades. Esta situación […] empieza a solucionar un problema concreto y muy sentido en las comunidades, es decir, la falta de energía eléctrica, debido a los cortes de luz, al mal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad o a las malas instalaciones que son comunes en las comunidades indígenas y campesinas».
… y en otro otros estados
La Red Estatal de Chiapas también forma parte de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, movimiento que empezaron a formar organizaciones y comunidades de los estados de Oaxaca, Veracruz, Campeche, Guerrero, Chihuahua y del Distrito Federal en mayo de 2009 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Al igual que las comunidades de Chiapas, las que integran la Red Nacional de Resistencia Civil tuvieron que enfrentar un aumento en su tarifa de energía eléctrica para organizarse. También han tenido que enfrentar una actitud intimidatoria de los empleados de la CFE y las autoridades. Pero el hostigamiento no para ahí, su lucha por una tarifa justa también ha sido criminalizada legalmente.
Por ejemplo, actualmente, algunos miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Oaxaca tienen órdenes de aprehensión. Del movimiento de resistencia civil de Candelaria, Campeche, también están presos una mujer y dos hombres. Las demandas penales en su contra se remontan a una acción de resistencia civil pacífica en septiembre de 2008, cuando la CFE les quería cortar la luz, lo que lograron impedir mediante la negociación con el responsable de la CFE en la región. «Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, (…) presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) (…) por el delito de ‘obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales'» en contra de 33 personas del movimiento.
Amnistía Internacional denunció que los cargos que enfrentan son falsos, y exigió en una Acción Urgente emitida a mediados de julio de este año «que se ponga fin al uso indebido del sistema de justicia penal para presentar cargos penales infundados o desproporcionados contra activistas sociales o defensores de los derechos humanos que llevan a cabo protestas legítimas y pacíficas». Varios organismos de derechos humanos mexicanos coincidieron en que la resistencia civil a las altas tarifas de la energía eléctrica es la defensa de un derecho básico, por lo que se sumaron a la exigencia de su liberación.
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- Red Estatal «La Voz de Nuestro Corazón»: Pronunciamiento público. 13 de noviembre de 2009. (Volver…)
- Documental «La luz es del pueblo», del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. (CIEPAC), 2009 (Volver…)
- CIEPAC: Las experiencias de Resistencia Civil al No Pago de la Energía Eléctrica: cuestionamiento estructural e insubordinación. Segunda Parte. (Volver…)
