2010
03/01/2011
ACTUALIDAD: Movilización nacional contra la violencia
29/04/2011
En noviembre de 2010, SIPAZ participó con una ponencia en un evento convocado por el ‘Comité de Liberación 25 de noviembre’ titulado «Oaxaca: balance de derechos humanos 2006-2010». Elegir este plazo para propiciar la reflexión se debe a que 2006 fue una fecha clave para el estado: En junio de 2006, la violenta represión de un plantón promovido por el magisterio derivó en el estallido de protestas generalizadas en Oaxaca, en una campaña por lo demás infructuosa para obligar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) a renunciar a su cargo. En este marco, se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La violencia política y las manifestaciones continuaron durante todo el 2006 hasta la intervención de la Policía Federal Preventiva a principios de noviembre. Al menos 18 civiles murieron, 370 resultaron heridos y 349 fueron detenidos durante el transcurso del conflicto. Varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales publicaron informes evidenciando una multiplicidad de casos de uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, tortura y fabricación de cargos penales falsos contra los manifestantes. En 2009, una investigación especial llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la responsabilidad de altos funcionarios del Estado por violaciones de derechos humanos cometidas durante 2006 y hasta 2007. Sin embargo, prácticamente ninguna autoridad federal, estatal o municipal señalada ha rendido cuentas por sus actos.
Por otro lado, 2010 también podría constituir un año bisagra para Oaxaca: El 4 de julio, la Coalición «Unidos por la Paz y el Progreso», integrada por los partidos PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo) y Convergencia, derribó a la alianza PRI (Partido de la Revolución Institucional)-Verde Ecologista, ganando la elección para gobernador, además de la alcaldía de la capital y la mayoría de los puestos para diputados del Congreso estatal. Estas elecciones pusieron fin a 80 años del PRI en el poder en el estado. El nuevo gobernador que tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre, Gabino Cué Monteagudo, ha prometido responder a las cuestiones que suscitan preocupación en torno a los derechos humanos en el estado, mismas que quedaron resumidas en una carta abierta de Amnistía Internacional publicada el 10 de diciembre en la que la organización resaltó cuatro grandes pendientes: los abusos contra migrantes indocumentados, los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, la situación en la región Triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis de 2006.
Impunidad en Oaxaca: El recuento de los daños
© SIPAZ, archivo
La impunidad es una problemática señalada de manera recurrente en el caso de México en general donde más del 98% de los delitos permanecen impunes como se ha ido señalando en varias ocasiones y desde varias fuentes. En el caso de Oaxaca, esta realidad se puede ir ubicando en distintos temas o zonas del estado.
Una primera dimensión de la problemática deriva de la impunidad existente en los casos vinculados al conflicto social en 2006-2007. En un boletín de octubre de 2009, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) resumía los saldos de los años 2006-2007 en estos términos: «detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político […] nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal».
Después de los años más álgidos de 2006 y 2007, con violaciones a derechos humanos masivas, se han seguido presentando múltiples ataques selectivos a defensores y líderes sociales, unos de los más recientes siendo los asesinatos de Heriberto Pasos Ortiz, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), de Catarino Torres Peresa, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) ambos casos de octubre de 2010, o del líder estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Renato Cruz Morales y su escolta (enero de 2011). En 2009, Peace Watch Switzerland, organización internacional, elaboró un informe titulado «Diagnostico sobre la Situación de los Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca», en el que apuntaló que «ninguno de los casos que tengan que ver con violaciones a derechos humanos y mucho menos las agresiones, ataques o amenazas a defensores/as ha sido investigado ni castigado, al contrario sigue prevaleciendo la total impunidad, y ante este clima de impunidad se multiplican los ataques y las violaciones». En varios casos (Marcelino Coache, sindicalista y activista de la APPO o Alba Cruz, abogada por ejemplo), las amenazas de muerte, intimidaciones y acosos se han mantenido a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Además, en los últimos cuatro años, las autoridades en la entidad se han caracterizado por mantener en la impunidad los nueve ataques que han ocurrido contra comunicadores. Tal vez el caso más conocido fuera de Oaxaca sea el del asesinato de Brad Will, documentalista y colaborador de Indymedia, quien fue asesinado el 27 de octubre de 2006. La familia del comunicador ha denunciado la manipulación de las investigaciones por estar posiblemente involucradas autoridades del gobierno estatal. Algo significativo en su caso es que el único detenido fue Juan Manuel Martínez Moreno, un integrante de la APPO, ello en contra de las evidencias y testimonios que señalaban a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho. Con su liberación, el caso regresó a su punto de partida, la impunidad.
Otro gran bloque de agresiones y asesinatos en distintas regiones de Oaxaca se presentan en casos derivando de conflictos agrarios a veces ancestrales, en los que la presencia de intereses caciquiles locales dificulta su esclarecimiento y más aún su solución. Según datos del Congreso estatal, la entidad oaxaqueña es una de las que tiene el mayor número de conflictos agrarios del país. Actualmente se reportan 340 problemas agrarios, de los cuales 127 son de carácter álgido y pueden tornarse en conflictos sociales, mientras 14 de ellos son considerados como focos rojos. Frente a esta problemática, se evidencia el círculo vicioso de la impunidad que engendra más violencia que a su vez también se mantiene impune.
En los casos más recientes de mucha cobertura mediática, el ataque a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, el 27 de abril de 2010, en la que fueron asesinados Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola sacudió la opinión pública nacional e internacional, llamando la atención sobre la zona Triqui. Ciertamente desde hace años esta región ha sufrido un alto nivel de violencia, en el contexto de la disputa por el control político, social y económico de la región. Asesinatos y múltiples violaciones de derechos humanos han quedado en la impunidad. Incluso los casos de los asesinatos del 27 de abril a pesar de haber sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) no han tenido avances significativos.
Otra situación en la que se presenta impunidad es la violencia en contra de las mujeres con muy pocos casos que se cierran con condenas. El informe ciudadano 2008-2009 «Feminicidio en Oaxaca: Impunidad y Crimen de Estado contra las mujeres» denunció la gravedad creciente de esta problemática, Oaxaca siendo uno de los estados en los que se presenta una más alta tasa de feminicidios del país. Señaló contundentemente la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las mujeres, de actuar apegado a derecho, de prevenir, atender y erradicar las prácticas que lo ocasiona. De acuerdo al INEGI, el 46% de las mujeres oaxaqueñas casadas o unidas han padecido violencia por parte de su pareja, más de una cuarta parte (28.4%), sufriendo situaciones de violencia «extrema».
Finalmente, en los últimos años, se han multiplicado los casos de asalto, extorsión, violación, desaparición o asesinato de migrantes principalmente centroamericanos en su paso por Oaxaca, a mano de redes de la delincuencia organizada y con algunos casos implicando a uniformados. La mayoría de los casos no se denuncian por miedo de los agredidos a ser deportados del país. Amnistía Internacional ha denunciado que «miles de migrantes indocumentados que pasan por Oaxaca todos los años están expuestos a múltiples abusos. Sin embargo, las autoridades estatales han demostrado una preocupante falta de acción decisiva, coordinada y oportuna para garantizarles acceso a la justicia y protección».
Respuestas insuficientes para combatir el problema desde su raíz
Después de su visita a México en octubre de 2010, la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul subrayó: «Prácticamente todos los actores con quienes he conversado se han referido a un sistema deficiente en la investigación de los delitos e integración de la averiguación previa, lo cual permite que la gran mayoría de los delitos queden en la impunidad». Subrayó además: «Si bien es cierto la corrupción afecta en distinto grado e intensidad a las distintas instituciones referidas, de acuerdo a la información proporcionada, las medidas de combate a la corrupción, no han sido suficientes para erradicar el fenómeno que sigue deteriorando la credibilidad de los diversos actores del sistema de justicia». Aunque estos comentarios se refieren al contexto general prevaleciente en México, ciertamente aplican en el caso de Oaxaca. En boletín de prensa de octubre de 2009, la CCIODH denunció por su parte: «El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia».
En julio de 2008 el líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX describió el clima que priva en Oaxaca en estos términos: «Aquí pueden matar a dos jóvenes indígenas locutoras, y no pasa nada; pueden secuestrar, y no pasa nada; pueden entrar a robar a una casa, y no pasa nada; pueden delinquir, y no pasa nada». La omisión, ausencia de respuestas o avances es la primera expresión de la impunidad. Se traduce en una falta de acción en clave de prevención (un claro ejemplo sería la zona triqui). Como lo señaló Amnistía Internacional en su informe sobre las violaciones a Derechos Humanos en 2006-2007, «la falta de diligencia debida por parte de los investigadores es un obstáculo clave a la hora de acabar con la impunidad generalizada que se da en los sistemas de seguridad pública y justicia penal de México».
También se han dado respuestas que no acaban de romper el «statu quo», por ejemplo en el caso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita a Oaxaca en el verano de 2007 que dieron lugar a la reforma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la reforma del Estado y a la atención de algunos casos particulares. Pero se podría cuestionar la arbitrariedad de las liberaciones de los encarcelados tanto como la de las detenciones: salieron por negociación y presión política, no por la eficiencia del aparato de justicia. En todos los casos, la justicia y la reparación del daño siguen como pendientes.
Otra respuesta que no acabó de representar un avance fue la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Oaxaca. Se puede observar un buen inicio cuando la SCJN declaró en 2007: «No podemos permitir que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país… Los oaxaqueños vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica… Resulta lógico que la gente viva en zozobra ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico». Pero las conclusiones del proceso fueron por lo menos limitadas: la Suprema Corte ciertamente determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en 2006. Pero no se le fincaron ni cargos penales ni se iniciaron procedimientos de destitución, dejando esta responsabilidad al congreso estatal.
Y efectivamente se abrió la posibilidad de un juicio político en contra de Ulises Ruiz en julio de 2010. No obstante y desde el inicio, representantes del PAN, PRD, PT y Convergencia caracterizaron esta iniciativa como un «juicio político simulado» caracterizada por tener grandes lagunas legales. Ciertamente, resultó en una exoneración de Ulises Ruiz, debido al hecho que la mayoría de los diputados del congreso estatal siguieron siendo de su partido (PRI) hasta el final de 2010.
© SIPAZ
Cabría finalmente señalar que en más de un tema, el actor federal también puede tener una responsabilidad tanto por acción como por omisión. En una cita reciente con la Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación nos comentaron que un 40% de los casos actuales a los que dan seguimiento se encuentran en Oaxaca. Una dificultad no obstante es que se suele dar un especie de «pase de pelota» entre ambos niveles. Cuando le conviene a la Federación, reconocen el nivel de autonomía de los estados. Los estados pueden también deslindarse en otros casos, señalando que es responsabilidad federal (tema de la militarización por ejemplo). A pesar de ello el factor federal es un elemento a tomar en cuenta en el diseño de estrategias de defensa, en particular porque se tienen que agotar las instancias de justicia nacionales para poder presentar casos en plataformas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la sociedad civil, una de las dificultades cuando se habla de impunidad es que la historia sigue y los casos de hoy se tienen que ir agregando a los del ayer. Eso es uno de los múltiples retos que se tiene por delante: como no ceder al olvido frente a las exigencias de hoy, como seguir luchando contra la impunidad y responder en los nuevos casos que van surgiendo sin entrar exclusivamente en una lógica defensiva, sin paralizarse al fin. Dándonos un ejemplo, ex presos detenidos en 2006-2007 siguen organizados y luchando para obtener justicia y reparación. En el marco del entierro de Beatriz Cariño ), también se afirmó a pesar del dolor: «no la vamos a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto».
