La Autonomía indígena

Ni separatismo, ni reservaciones: Ciudadanía plena

Nunca en 500 años, ningún gobierno de este país llamado México, había reconocido de una forma amplia y precisa, a nivel constitucional, los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo y a pesar de ello, México se mantuvo, en las últimas cuatro décadas, como un «ejemplo» en América Latina, por contar con una política de Estado y una estructura especial (Instituto Nacional Indigenista) para la atención de las necesidades de los Pueblos Indios. Esta política integracionista tuvo más errores que aciertos ya que orillaba a los indígenas a renunciar a su cultura y tradiciones o a conservarlas como un mero folklor de atracción turística. Aún así los Pueblos Indígenas de México resistieron los embates de la «modernización» que por años los ha marginado de la vida del país.

Aún también, cuando en las últimas décadas varios investigadores y antropólogos dedicaron casi su vida al estudio y conocimiento de los Pueblos Indígenas, así como a la defensa de sus derechos, no es sino hasta que el 1 de enero de 1994, con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que es puesto en el centro de la vida política del país, y en el marco de una profunda reforma del Estado, el asunto de los Pueblos Indígenas.

El grito armado del EZLN obliga al gobierno a sentarse en una mesa de negociación para buscar una solución pacífica al conflicto, así como a reconocer una Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) aceptada por el EZLN, y al Congreso Federal a formar una Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) para coadyuvar al logro de la paz.

En un largo proceso de reuniones entre las partes y apoyados por la COCOPA y la CONAI, se acuerdan las reglas de procedimiento y los temas bajo los cuales el diálogo se va a desarrollar. Los Derechos y Cultura Indígena fue el primer tema a negociar, el cual comenzó en Septiembre de 1995 y se pudo llegar a acuerdos en febrero de 1996

Diez meses empolvados: Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena cimbran al Estado mexicano

A pesar de muchas diferencias y renuencia de la parte oficial, logró acordarse en febrero el documento final en San Andrés:

«El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los Pueblos Indígenas, en cada uno de los ámbitos en que harán valer su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los Pueblos Indígenas. Esto implica respetar sus identidades, culturas y formas de organización social».

Otro punto acordado en San Andrés es

«el reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios de población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios, para asociarse a fin de coordinar sus acciones como Pueblos Indígenas».

Además, se reconoció la marginación de los Pueblos Indígenas del uso y disfrute de las regiones donde viven desde siglos, y se propuso

«reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las comunidades otorgándoles concesiones para obtener beneficios de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales».

Por primera vez en su historia México tiene la oportunidad de reconocer constitucionalmente el derecho a la libre determinación y autonomía de los Pueblos Indígenas, que se encuentran, de ser aprobadas las reformas a la ley, en un momento histórico que es a su vez punto de llegada y punto de partida. Como observó Luis Hernández Navarro en La Jornada,

«Punto de llegada, porque en las reformas se sistematizan aspiraciones, proyectos y una plataforma organizativa para desarrollar el movimiento. Punto de partida porque permitirían reconstruir tanto la demanda como el actor».

La economía familiar empeora

Mientras que unos pocos gozan de los beneficios que la economía de libre mercado les ha traído hasta el punto de generar más nuevos millonarios entre los más grandes del mundo , otros, las grandes mayorías, sufren los estragos de un modelo económico que los ha dejado fuera. En México, durante 1996, la cada vez más deteriorada economía familiar ha visto sus peores momentos, especialmente en los sectores campesinos, y en particular los indígenas. De ser los herederos de los hombres y mujeres de las culturas del maíz, hoy los mexicanos se ven obligados a mal comer tortillas hechas con maíz forrajero.

«Uno de cada dos mexicanos no tiene acceso al mínimo de alimentación diario establecido por la Organización Mundial de la Salud y la FAO de las Naciones Unidas (2,340 calorías). Cada año 158 mil niños mueren antes de cumplir cinco años por enfermedades relacionadas con la desnutrición.»
— Victor Suárez C., La Jornada del Campo, Suplemento, agosto de 1996.

Los Pueblos Indígenas son quizá la peor muestra de esta situación. Su agricultura es casi en su totalidad de subsistencia y no de mercado. Además de eso, sufren la discriminación y el ya viejo problema de la falta de tierras, así como las injusticias y el difícil acceso a una eficaz procuración de justicia.

» Cuando menos, uno de cada diez mexicanos es en promedio indígena. Viven en condiciones alarmantes de extrema pobreza y marginalidad… Más de 3/4 partes de la población indígena vive en 281 municipios clasificados como extremadamente marginados. Cerca de la mitad de la población indígena es analfabeta, en contra del promedio nacional del 12%. Alrededor de la mitad de los municipios indios carecen de electricidad y agua potable, mientras que el promedio nacional es del 14% y 21% respectivamente. En el 60% de los municipios sus habitantes se ven obligados a emigrar. Entre el 70% y 84% de la población indígena menor de cinco años presenta elevados niveles de desnutrición… El 80% de las enfermedades que padecen son de origen infeccioso, asociadas a la deficiencia nutricional, la anemia y la insalubridad».
— Luis Hernández Navarro, La Jornada, 12 de diciembre de 1996.

La iniciativa de Ley de la COCOPA y la contrapropuesta del Presidente

Con el consentimiento de ambas partes, en Noviembre la COCOPA se dió a la tarea de preparar, sobre la base de los acuerdos firmados en febrero de 1996, un documento que recogiera de una manera justa y equilibrada el sentir tanto del EZLN como del gobierno federal. El 29 de Noviembre este esfuerzo culminó con una propuesta de ley que la COCOPA entregó a las partes.

Con algunas reservas el EZLN la aceptó, mientras el gobierno solicitó 15 días para consultarla con especialistas, comprometiéndose a dar una respuesta antes del 23 de Diciembre. El resultado de esa consulta fue un documento confidencial dirigido al EZLN, que resultó ser una contrapropuesta. Finalmente el 11 de Enero el EZLN la rechazó señalando que las modificaciones sugeridas condicionan y subordinan los acuerdos de San Andrés. De esta manera la incorporación de los derechos indígenas a la Constitución ha quedado pendiendo de un hilo.

El eje sobre el que giran todas estas reformas constitucionales es sin duda la libre determinación de los Pueblos Indígenas y la autonomía como una expresión de ésta. Es aquí donde estriba la diferencia de fondo entre las partes, y de donde se desprenden otras, ya que cada una entiende y quiere plasmar en la ley estos conceptos de manera muy diferente.

«¿Qué son sinónimos o intercambiables los términos «usos y costumbres» (documento del Ejecutivo) en vez de «sistemas normativos internos» (acuerdo de San Andrés documento COCOPA)? ¿Qué es lo mismo o parecido hablar de la comunidad indígena como «entidad de derecho público» (acuerdo de San Andrés documento COCOPA) que como «de interés público» (documento del Ejecutivo)? ¿Qué es igual hablar de «homologación» (documento de Ernesto Zedillo) que de «convalidación» (acuerdo de San Andrés documento COCOPA)? para referirse a la forma en que deberán articularse los sistemas normativos internos y el derecho procesal mexicano».
— Julio Moguel, La Jornada, 14 de enero de 1997.

A estas modificaciones del Presidente se suman otras que tampoco son sólo diferencias como algunos afirman «de simple redacción». Y no resultaría difícil para cualquier lector comprender la diferencia sustancial entre los términos, por ejemplo: «en consulta con los Pueblos Indígenas» y «tomando en cuenta la opinión de los Pueblos Indígenas».

Después del «NO» categórico del EZLN a la contrapropuesta del Presidente, corresponde a la COCOPA -según se comprometió publicamente- hacer llegar al Congreso de la Nación la iniciativa de ley que preparó. Y si la opinión pública es capaz de ejercer sobre el Congreso una presión tal, que se tenga que asumir en la Carta Magna esta iniciativa, estaremos en un momento histórico del país en el que se consolide más el federalismo y la democracia.
De aprobarse el proyecto de ley de la COCOPA, será necesario modificar la Constitución, en dos artículos de forma directa: el 4 y el 115, y cinco más serán impactados: 18, 26, 53, 73 y 116. De aquí se deberán desprender una serie de normas a otros niveles que facilitarán la aplicación de aquéllas.

Se trata de las demandas más sentidas de los Pueblos Indígenas, las que en su conjunto se expresan en el lema del Congreso Nacional Indígena, celebrado en Octubre de 1996: «Nunca más un México sin nosotros»

El debate: Reservaciones Indias o Estados Separatistas

Aunque no del todo conocida por quienes han externado sus comentarios sobre ella, esta propuesta de iniciativa de ley ha generado un gran debate entre diversos sectores de la sociedad mexicana.

En este intercambio de opiniones ha habido posturas que recorren todo el abanico de posibilidades sobre el futuro que podrían tener los Pueblos Indígenas. Desde quienes hablan que aprobar esta iniciativa de ley sería condenar a los Pueblos Indígenas al modelo de reservaciones que opera en los Estados Unidos, hasta los que dicen que significaría fragmentar al Estado nacional.

«En vez de autonomías reales y practicables, se consagrarían tendencias al aislamiento y a una vida práctica de reservaciones. La legislación más perfecta y justa, no les dará a esos pueblos bienestar económico y fuerza cultural. Tienen que dárselo ellos mismos. Dejar de esperar y pedir, y empezar a hacer.»
— Héctor Aguilar Camin, historiador, Proceso 1049.

Desde esta posición propone:

«Si los indígenas quieren los beneficios de la vida moderna, tienen que habitar en comunidades que hagan posible y financiable este tipo de vida. . . es decir, poblaciones de mayor densidad demográfica».

Otros en una línea semejante, plantean que puede resultar contraproducente para los propios Pueblos Indígenas.

«. . . están pidiendo que se legalice la discriminación, es decir, que las leyes contemplen una distinción de acuerdo con el origen étnico, quieren que se discrimine, que haya una ley para indígenas y otra para los que no lo son».
— Fernando Escalante, coordinador académico del Colegio de México, Proceso 1049 .

Algunos han llegado a decir que se les quiere otorgar a los indígenas una situación de privilegio y de derechos de fuero. Al respecto Adelfo Regino, indígena Mixe y miembro de la Comisión de Seguimiento y Verificación expresó:

«¿Es privilegio la exigencia de tu derecho a vivir? ?Es fuero especial la demanda de respeto a tus derechos fundamentales?. . . Sólo queremos tener las mismas oportunidades que tiene todo mexicano no indígena. . . una vida digna y libre sin ningún tipo de menosprecio y restricciones».
— La Jornada, 8 de diciembre de 1996.

Por otro lado, especialistas que han venido trabajando y acompañando a estos pueblos por varios años, han expresado sus opiniones en el sentido de esclarecer y de despejar los malentendidos y confusiones que esta iniciativa de ley ha generado. Tal es el caso de Héctor Díaz Polanco, quien colaboró en Nicaragua para que los Pueblos Indígenas lograran su autonomía en la época Sandinista y es en México uno de los expertos en este tema.

«El régimen de autonomía no es para crear una situación al margen del proceso democrático. . . de lo que se trata es de crear reglas nuevas, que permitan que estos sectores, estructuralmente marginados, excluídos, puedan tener una participación plena. No se trata de crear grupos al margen de la ciudadanía, sino de crear verdaderos ciudadanos. . . que los pueblos indígenas sean sujetos activos y. . . tomen en sus manos la solución de su propia problemática».

En este mar de opiniones pareciera difícil saber quién tiene más verdad en lo que dice. Lo que sí es un hecho es que los niveles de pobreza en que viven los Pueblos Indígenas están entre los más bajos que existen. Han estado así desde la llegada de los españoles.
Al respecto, Rodolfo Stavenhagen, investigador y presidente en turno de la Comisión de Seguimiento y Verificación expresó:

«Sólo quienes desean seguir manteniendo a los indígenas al margen de la nación y de los derechos humanos, ven en la posibilidad de la autonomía, un peligro a ser rechazado. Los Estados de la Federación son «libres y soberanos» y no por ello peligra la integridad territorial. El Municipio es «libre» y no por ello se tambalea la unidad nacional. La Universidad es «autónoma» y no por ello son menos mexicanos los universitarios. La autonomía de los Pueblos Indígenas se ha transformado en un reclamo generalizado, que la nación debe atender».
— La Jornada, 18 de diciembre de 1996.

Una deuda histórica y el Derecho Internacional

Sin lugar a dudas México tiene una deuda histórica con los habitantes originales de estas tierras. Nadie podrá negar, y de eso tenemos vestigios, los niveles de avance que alcanzaron aquellas civilizaciones, de las que hoy descienden los casi diez millones de indígenas mexicanos. Sin los adelantos de la «ciencia» de esos tiempos los indigenas de América fueron grandes arquitectos, matemáticos, astrónomos, escultores y pintores, entre otras muchas cosas.

«Todos esperamos que el presidente Zedillo logre saldar esa deuda con los Pueblos Indios y les permita recuperar su casi perdido genio creador».
— Fernando Benítez, investigador y escritor, La Jornada 12 de diciembre de 1996.

Además de estar basadas en los acuerdos de San Andrés, las reformas presentadas por la COCOPA, forman parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y se apoyan en instrumentos jurídicos de carácter internacional como la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO, y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México.

El Presidente Zedillo llegó a la firma del Acuerdo de Paz en Guatemala, sin haber resuelto los problemas de paz en su propio país. Eso aumenta su compromiso moral de reconocer constitucionalmente los derechos de los Pueblos Indígenas. Los mismos pueblos, la nación entera y la historia le demandarán una respuesta.

Los Pueblos Indígenas han esperado por muchos años este momento y a estas alturas lo único que le piden al Presidente es que cumpla con su palabra.

«. . . todos sabemos el enorme significado que tiene la palabra para los indígenas mexicanos no ladinizados. Por lo tanto depende del presidente que indígenas y no indígenas, incluyendo a los empresarios nacionales y extranjeros, le creamos o no, lo que diga en adelante».
— Octavio Rodríguez Araujo, La Jornada, 12 de diciembre de 1996.

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La zona norte de Chiapas:

El nuevo escenario de la guerra

A través de su participación en el proyecto interinstitucional «Estación Norte para la Distensión y Reconciliación», el equipo de SIPAZ en Chiapas ha seguido de cerca la preocupante evolución de los acontecimientos en la conflictiva zona norte del estado. Allí, a mediados de 1996 se llegó a un clima de virtual guerra civil entre priístas y perredistas (considerados también bases o simpatizantes del EZLN), lo que provocó más de cien muertos y el desplazamiento de miles de personas. La confrontación, si bien es eminentemente político ideológica, ha tomado también dimensiones religiosas: los perredistas suelen identificarse con la Iglesia Católica, y los priístas con algunas denominaciones evangélicas presentes en la zona.

En los enfrentamientos de junio y julio, la Seguridad Pública y el Ejército actuaron en abierto apoyo al grupo paramilitar «Paz y Justicia» (cuyo principal dirigente es el Diputado estatal priísta Samuel Sánchez). En septiembre, el gobierno del estado comenzó a impulsar un aparente proceso de pacificación en la zona, promoviendo los retornos de los desplazados a sus comunidades de origen, ofreciendo para ello el apoyo de la Seguridad Pública y encargando al Ejército la supervisión de las operaciones de retorno y la distribución de ayuda material.

Este proceso, que en el mes de octubre pareció mostrar algunos signos de distensión, en noviembre y diciembre volvió a hacer crisis, dejando en evidencia la fragilidad de una pacificación promovida sin mediar una negociación sólida ni acuerdos que comprometieran sobre todo a la parte agresora. La situación comenzó a deteriorarse rápidamente, ya que «Paz y Justicia» -nuevamente con la complicidad o aquiescencia de las fuerzas de seguridad- volvió a realizar acciones de hostigamiento y agresión tanto a los retornados como a los observadores nacionales e internacionales .

El 5 de diciembre, un grupo de internacionalistas y miembros de la Estación Norte que se dirigían a la comunidad de Jolnixtié (municipio de Tila) para participar en una reunión con los desplazados, fue detenido por un grupo de militantes de «Paz y Justicia» en las cercanías de la comunidad príista Miguel Alemán. Entre amenazas, insultos y agresiones, se les despojó de sus pertenencias personales y de la ayuda humanitaria que llevaban para los retornados. La Seguridad Pública -que estaba comprometida a ofrecer protección a la delegación- y el Ejército presenciaron el hecho a pocos metros, sin intervenir. Pasadas tres horas, los militares permitieron al grupo salir del lugar, pero no exigieron a los priístas devolverle los bienes robados.

El EZLN ya planteó en septiembre la exigencia de solucionar la situación de la zona norte como una de las condiciones para reanudar el diálogo con el gobierno. En los hechos, no obstante, esa exigencia quedó en un segundo plano dentro de las discusiones de los tres Encuentros Especiales.

SIPAZ considera que la problemática de la zona norte no puede quedar al margen de las negociaciones que las partes están desarrollando, sino ser un aspecto central de ellas. Todos los actores involucrados en ese conflicto -gobiernos federal y estatal, partidos políticos, Iglesias, fuerzas militares y policiales, EZLN y los propios afectados en la zona norte- tienen el desafío de hacer que también allí la lógica de la guerra deje lugar a una lógica de negociación política, para alcanzar una paz sustentada en la tolerancia y el respeto a la pluralidad pol’itica y religiosa.