La tragedia Chol: Un Pueblo fracturado por la violencia

En el último medio año de los tres que ya lleva el conflicto de Chiapas, la desconocida zona Norte del estado ha venido ocupando cada vez más la atención de la opinión pública.

Aislada del resto de Chiapas por causas geográficas, históricas, políticas y culturales, la progresiva ruptura del cerco de silencio en el que se venía desarrollando una virtual guerra civil ha sido mérito de la sociedad civil organizada y de las ONGs chiapanecas e internacionales presentes en la región.

Si bien en un principio se creyó que la zona Norte estaba fuera de la llamada ‘zona de conflicto, la violencia y la polarización política que se acentuaron notablemente después de las instancias electorales de 1994 y 1995 demostraron que no era así. Además, los habitantes del Norte han manifestado de varias formas su adhesión al EZLN: construcción de un Aguascalientes (centro de resistencia civil) en Palenque, acatamiento de las órdenes zapatistas de ocupar las presidencias municipales el 19 de diciembre de 1994 y de abstenerse en las elecciones de 1995.

Geopolíticamente, la zona Norte puede considerarse un corredor estratégico que comunica la zona de influencia zapatista con el movimiento de resistencia de los chontales en el bastión perredista que es el estado de Tabasco. Esto explica la creciente militarización de la región, así como la impunidad con que nació y actúa el grupo paramilitar priísta llamado «Paz y Justicia».

Una historia de opresión y marginación

Comunmente se considera que la zona Norte comprende los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá, limitando con otros de significación como Chilón y Palenque, y con el estado de Tabasco. La mayoría de su población está constituída por indígenas choles, descendientes de los pueblos que construyeron una de las expresiones más ricas de la civilización maya.

Cuando los españoles llegan en el siglo XVI, intentan someter a la población estableciendo una relación de terrible explotación. En la zona Norte este proceso fue tardío y dificultoso, tanto por las condiciones geográficas como por la violencia con que los mayas cholanos se opusieron a la conquista.

La relativa pobreza de la zona, la inestabilidad política y la geografía mantuvieron a los choles aislados y marginados. A fines de la Colonia, los caxlanes (blancos y mestizos) empiezan a presionar a las autoridades para obtener tierras en el norte, con el fin de explotar los productos tropicales y maderas preciosas. Así se inició un proceso de despojo de las tierras indígenas, a pesar de la resistencia que opusieron sus habitantes.

Café amargo

A fines del siglo XIX, la dominación económica se transformó por la instalación de empresas extranjeras agroexportadoras cuyo eje principal era el café. Las fincas de enclave ocuparon físicamente todo el territorio chol, dejando a la mayoría de los indígenas sin tierras y convirtiéndolos en esclavos o peones acasillados. La Revolución Mexicana casi no tocará esas estructuras.

En los años veinte empieza a crecer el movimiento agrarista en Chiapas, que tendrá su mejor momento durante la Reforma promovida por el gobierno nacionalista de Lázaro C’ardenas en la década siguiente. Precisamente los municipios de la zona Norte fueron los que más se beneficiaron con el reparto de tierras, tanto nacionales como de las compañías extranjeras. Se formaron los ejidos indígenas y se consolidó la alianza entre los campesinos y el Estado cardenista. La experiencia del reparto agrario marcó profundamente el imaginario chol, generando una identificación que aseguraría la hegemonía del partido de Estado -el PRI- durante varias décadas.

Ese consenso empieza a fracturarse en los años setenta, por influencia de varios factores: la pastoral crítica y liberadora de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; el trabajo sociopolítico, que cuaja en organizaciones sociales como la Unión de Uniones (futura ARIC); el desastre de la producción cafetalera por la caída del precio internacional; y el mismo desencanto de los líderes comunitarios – catequistas, maestros bilingu,es, autoridades ejidales- ante el abandono y las contradicciones percibidas en la praxis gubernamental.

La crisis del café dejó a los choles nuevamente sumidos en la marginación y el aislamiento, pero ahora en un escenario de creciente polarización: por un lado, los que habían asumido nuevas identidades políticas y consideraban al gobierno como «traidor», y por otro los que mantenían su histórica adhesión incondicional al partido oficial. De estos últimos -particularmente maestros y comisariados ejidales- saldrán los fundadores y dirigentes de «Paz y Justicia».

Las elecciones de la discordia

La pérdida de hegemonía del PRI en la zona Norte quedó en evidencia, más que con el alzamiento zapatista, en las elecciones de 1994 y 1995. En las primeras -para gobernador y legisladores federales-, el triunfo de la oposición fue escamoteado por el fraude que dio la victoria al partido oficial .

Perdido el consenso ideológico, la única alternativa para mantener el control pasa a ser la fuerza. «Paz y Justicia» comienza a organizarse a principios de 1995 en el municipio de Tila, y en marzo realiza sus primeras acciones. Sus principales víctimas son catequistas católicos, maestros y líderes comunitarios.

La violencia irá en aumento paralela a la campaña electoral, con el fin de intimidar y desalentar a la oposición. Entre junio y julio varios perredistas son asesinados en emboscadas. En agosto, los ganaderos de la región se valen de la organización paramilitar para promover desalojos violentos de campesinos de sus tierras. En septiembre, «Paz y Justicia» arrecia sus ataques, lo que provoca el desplazamiento de comunidades perredistas. A esa altura los perredistas empiezan a responder a los ataques, y, aunque en número muy menor, se producen desplazamientos de priístas de comunidades donde eran minoría.

En las elecciones de octubre -para ayuntamientos y Congreso local-, la oposición se abstuvo masivamente, debido a la violencia intimidatoria de los príistas y la orden de no votar que dio el EZLN. Ello dio el triunfo al PRI, que en los hechos no obtuvo más del 22.5% del padrón. Con ese limitado apoyo, resultó electo diputado local Samuel Sánchez Sánchez, maestro chol de Tila, fundador e ideólogo de «Paz y Justicia». El ayuntamiento de Tila también quedó integrado con líderes de la organización, como el Primer Regidor Marcos Albino Torres.

La guerra que no cesa

Las dos experiencias electorales dejaron como saldo la radicalización y polarización de ambos sectores, y la pérdida de legitimidad del espacio electoral.

Entre fines de 1995 y principios de 1996, el gobierno de Chiapas manifiesta su voluntad de promover pláticas entre las partes para el retorno de los desplazados. Sin embargo, en muchas de esas instancias las autoridades gubernamentales faltaron a la cita, dejando el control de la situación a «Paz y Justicia«, que con la complicidad de la policía estatal hostigó a los perredistas, llegando incluso a arrestar a sus delegados cuando iban en camino a las reuniones.

En junio de 1996, los perredistas pasan a la ofensiva. Hay enfrentamientos y bajas en ambos bandos. Más de 1.400 personas huyen de las comunidades perredistas de Jolnixtié (Tila) ante los rumores de inminente bombardeo por parte del Ejército, que apoya abiertamente a los priístas.

El saldo de los enfrentamientos es que, en poco más de un año, hay más de 3000 desplazados y 300 muertos en la zona. El gobierno de Chiapas insiste en que sólo se trata de una situación de «intranquilidad«.

La Estación Norte: Banderas blancas en el campo de batalla

Ante el aumento de violencia en la zona Norte, en agosto de 1996 dos ONGs chiapanecas (el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas/CDHFBC y el Centro de Derechos Indígenas/CEDIAC) y dos internacionales (SIPAZ y Global Exchange) decidieron establecer un equipo especial para documentar y difundir la situación en la región. El proyecto se denominó Estación Norte para la Distensión y Reconciliación, y en una segunda etapa iniciada en octubre se incorporó la CONPAZ. Como su nombre lo indica, además de monitorear la región, el proyecto se propone contribuir a la búsqueda de caminos de pacificación en la zona chol.

Esta presencia-testigo de la sociedad civil nacional e internacional no pasó desapercibida para ninguno de los actores involucrados: «Paz y Justicia» mostró su hostilidad impidiendo el libre tránsito, amenazando, deteniendo, robando y hasta agrediendo con armas a los observadores; la Seguridad Pública y el Ejército tomaron distancia del grupo paramilitar, elaborando un discurso público de imparcialidad y voluntad pacificadora; los funcionarios del gobierno estatal trataron de apresurar el proceso de retorno de todos los desplazados a sus comunidades de origen. En esto pesó también, sin duda, la exigencia zapatista de poner fin a la violencia en el Norte como una de las condiciones para retornar al Diálogo.

Los afectados, por su parte, hicieron llover sobre la Estación Norte todo tipo de quejas, denuncias y demandas, dejando en evidencia el dramático desamparo en que se encuentran, a merced de los poderes de facto y en un marco de total ausencia de un Estado de Derecho.

A pesar de la falta de garantías y de las amenazas de «Paz y Justicia» -que se negó a participar en las negociaciones con el gobierno y los desplazados perredistas-, entre octubre 96 y enero 97 se realizó el retorno de todos los desplazados de Tila. Sin embargo, el hostigamiento no ha terminado. Según la diputada federal Adriana Luna Parra, en Jolnixtié los priístas exigen a los retornados un tributo de mil a mil quinientos pesos y el compromiso por escrito de no afiliarse a un partido de oposición. Sólo pueden salir o entrar con salvoconductos firmados por «Paz y Justicia». (La Jornada, 30 de marzo, 1997)

Además, la precaria estabilidad en ese municipio fue contrarrestada por un alarmante incremento de la violencia en municipios vecinos – Sabanilla, Palenque, El Bosque-, donde en los primeros meses de este año se dieron enfrentamientos entre perredistas y priístas que dejaron como saldo una veintena de muertos y centenares de desplazados.

Quién es quién en el Norte de Chiapas

Según palabras del propio diputado Samuel Sánchez, la creación de Paz y Justicia obedeció al proceso de ‘radicalización en la orientación’ de los simpatizantes de zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades del Norte. Es decir, que la organización se concibe a sí misma como parte de una estrategia de contrainsurgencia. Financiada por las asociaciones ganaderas de la zona, dirigida por la élite de comisariados ejidales, y operando políticamente a través de los cuadros priístas de la cabecera de Tila, la organización ha contado con el apoyo abierto o encubierto de la Seguridad Pública del estado y el Ejército Nacional Mexicano.

Estos ‘operadores’ de los intereses de los grupos de poder económico y político en la zona Norte cuentan no sólo con el apoyo de congresistas, policías y militares, sino también del poder judicial. El Ministerio Público se presta a las maniobras de «Paz y Justicia», aceptando acusaciones sin pruebas y librando órdenes de aprehensión contra los perredistas. Este ha sido un eficaz instrumento para eliminar opositores: casi un centenar de presos de conciencia choles están en las cárceles de Chiapas, organizados en el movimiento «La Voz de Cerro Hueco».

Como hemos visto, el PRD y el EZLN tienen una presencia importante en la zona; aunque en ninguno de estos dos casos se trata de filiaciones orgánicas, sino de simpatías y afinidades con las organizaciones políticas que, de distinta manera, han cuestionado el status quo priísta. Sin embargo, a nuestro juicio tanto el PRD como el EZLN dejaron solos en los peores momentos a sus simpatizantes de la zona Norte. A fines de agosto de 1996, después de un año de enfrentamientos, el EZLN incluyó la problemática entre las condiciones para reanudar el Diálogo. En la práctica, no obstante, la preocupación quedó en un segundo plano. Y el PRD sólo a finales de 1996 empezó a articular una relación más permanente con las bases choles, al estar a la vista las elecciones de 1997.

Otro actor ambivalente en la zona Norte ha sido el gobierno del estado de Chiapas, con sus contradicciones internas y su política de dos caras: por un lado, se manifiesta la voluntad de negociar para llegar a soluciones pacíficas; por otro, se tolera el accionar impune de los paramilitares priístas.

Tal vez el actor más desconocido sea el que en los últimos meses ha adquirido más protagonismo en la zona: el Ejército Mexicano. De manifestarse visiblemente como aliado de «Paz y Justicia», ha pasado a desempeñar un rol acorde con el que se le asigna a las fuerzas armadas en la estrategia de guerra de baja intensidad: implementar programas asistenciales en las comunidades, elaborar un discurso y una praxis que apunten a «ganar los corazones y las mentes» de la población y a legitimar su imagen ante la opinión pública; y paralelamente, ir extendiendo su presencia para controlar físicamente todo el territorio de conflicto.

Ángeles y Demonios: La religión como arma ideológica

En muchas ocasiones se ha querido presentar el conflicto de la zona Norte como de carácter religioso. Si bien es cierto que la oposición ‘priístas-perredistas’ tiene su correlativa ‘evangélicos- católicos’, es claro que el fondo del problema es político, y que la aparición de iglesias evangélicas en la zona ha sido una forma de ofrecer una alternativa religiosa a los oficialistas que no comulgaban con la teología de la liberación de la pastoral católica.

Hay una relación muy estrecha entre pastores evangélicos y dirigentes de «Paz y Justicia»; en algunos casos, los roles coinciden en la misma persona. Su discurso es también muy similar: el obispo, los curas y agentes pastorales católicos son satanizados y acusados de provocar la violencia y la división entre los choles.

Ante esta radicalización -a la que no escapan tampoco los católicos-, tanto la diócesis de San Cristóbal como algunas estructuras de las iglesias evangélicas -especialmente la Presbiteriana- han empezado a promover reuniones tendientes a desarrollar un espíritu de ecumenismo y tolerancia para iniciar un proceso de reconciliación en las comunidades. La tarea es tan larga y ambiciosa como necesaria para revitalizar un proceso de paz tan debilitado.

Lo que vendrá

La ola de violencia desatada en Chiapas en los primeros meses de este año (Ver Chiapas…Entre el olvido y la memoria, p. 1) parece indicar que la problemática que hasta ahora se limitaba fundamentalmente a cuatro municipios de la zona Norte, amenaza extenderse a otros municipios vecinos y regiones del estado. La impunidad que acompañó los hechos pasados ha demostrado una vez más ser la forma más segura de multiplicarlos.

La Estación Norte ha manifestado en reiteradas ocasiones que el conflicto en el Norte de Chiapas no podía quedar aislado del proceso de negociaciones que el gobierno y el EZLN estaban desarrollando. La crisis de ese proceso -a la que recientemente el Subcomandante Marcos calificó de «etapa terminal»– hace más dramática la posibilidad de encontrar una solución política a ese conflicto.

Por el contrario, la exclusión de la zona Norte de la reconocida formalmente como «zona de conflicto» (Altos y Selva), permite trasladar allí el escenario de guerra, aun en sus formas más sucias. Allí no hay observadores permanentes de los Campamentos Civiles por la Paz, ni un marco legal específico que obligue a todas las partes en conflicto y cuyo incumplimiento pueda ser denunciado. En la estrategia contrainsurgente, es el lugar donde se puede golpear más duramente al enemigo con el menor costo político.

Por otra parte, el lanzamiento de la campaña electoral y la proximidad de las elecciones legislativas de julio plantean una nueva amenaza y un nuevo desafío para los actores políticos en el Norte: reiterar las experiencias de 1994 y 1995 que casi llevan a los choles a una guerra civil, o asumir la lucha política legítima y respetuosa de las diferentes opciones electorales. El gobierno estatal y el federal tendrán una gran responsabilidad en el curso que los acontecimientos tomen allí y en el resto del estado en los próximos meses.

 * Este artículo ha sido elaborado a partir del trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: «Ni Paz ni Justicia».

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San Pedro Nixtalucum: Otra trampa contra los indígenas

En la comunidad tzotzil de San Pedro Nixtalucum (municipio de El Bosque), como en tantas otras de Chiapas, la población está dividida entre priístas y perredistas/zapatistas civiles. Los segundos, participando del movimiento autonomista, se consideran parte del autoproclamado «municipio autónomo San Juan de la Libertad». Desde entonces, han coexistido dos poderes paralelos, que han resuelto sus conflictos por sus propios medios.

El enfrentamiento del pasado 14 de marzo entre ambos bandos estaba a punto de resolverse pacíficamente, cuando la intervención de las fuerzas de seguridad precipitó los acontecimientos. Las policías estatal y judicial y el ejército federal llegaron a San Pedro en tres vehículos y dos helicópteros en el momento en que priístas y perredistas/zapatistas acababan de pactar un acuerdo de paz por el cual ponían fin a los enfrentamientos, y se devolvían mutuamente los prisioneros que cada parte tenía.

Los testigos dicen que las fuerzas de seguridad llegaron con gran despliegue e intervinieron a favor de los priístas, liberando a sus detenidos y tomando prisioneros a los del bando contrario. Los golpearon, redujeron, y hacinaron en los vehículos que los transportarían a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez. Cuando empezaban a salir, encontraron el camino bloqueado por los perredistas/zapatistas. Entonces, la policía abrió fuego. Desde un helicóptero, el comisariado ejidal (autoridad) priísta de San Pedro señalaba las casas y personas identificadas como zapatistas, y sobre ellas llovían los disparos. Mientras la gente huía hacia las montañas, la policía entraba a las casas de los perseguidos, sacando a golpes a los hombres, destruyendo y saqueando sus cosechas y bienes. El resultado fue de cuatro muertos, muchos heridos, más de 300 refugiados y 27 detenidos; todos del lado perredista/zapatista.

La paradoja es que los detenidos perredistas/zapatistas han sido procesados en Tuxtla, acusados de varios delitos que incluyen el asesinato de sus propios compañeros. Uno de los detenidos está acusado de haber dado muerte a su propio hijo, que cayó bajo las balas de la policía. Otro de sus hijos, menor de edad, fue herido de bala y está también preso y acusado junto a su padre.

Los periodistas y observadores que visitaron San Pedro Nixtalucum después de la masacre, testimonian el panorama desolador: casas destruidas y vacías, policías y soldados acampados a la entrada de la comunidad, y el desconcierto de muchos de los propios priístas, víctimas también de la violencia promovida por los responsables del orden público al servicio de la estrategia contrainsurgente. «No queremos matarnos entre nosotros», declaró a La Jornada un poblador priísta.

Un desconcierto y desamparo aun mayor refejan los indígenas en la cárcel de Tuxtla: algunos ni siquiera entienden el español, no saben por qué están presos, ni siquiera vieron lo que ocurría cuando ya estaban encerrados en los vehículos policiales. Ante los observadores y miembros de la CONAI, muestran las heridas producidas por las balas y la tortura, y preguntan quién cuidará sus cosechas, quién alimentará a sus mujeres e hijos, cuándo los dejarán vivir tranquilos.

SIPAZ también se pregunta: cuánto vale la vida de los indios de Chiapas? Cuántas más serán necesarias para que la justicia, la paz y el respeto a su dignidad humana lleguen para ellos?