«Mi hija está con ellos [los de ‘Desarrollo Paz y Justicia’, DPJ]. Ella sólo viene a verme a escondidas para avisarme que todavía estoy amenazado en la comunidad de donde venimos, que no puedo regresar ni pasar por esta comunidad.»
Desplazado de la zona baja de Tila. ⁽¹⁾

«En un principio toda la comunidad era de Paz y Justicia. Nos dijeron que nos organizáramos para trabajar unidas todas las comunidades y que nos iban a llegar créditos para proyectos productivos y obras del gobierno. Pero los dirigentes no cumplieron. Lo único que recibimos fue problemas: ha habido muchos muertos. Los dirigentes de ese grupo gozan mientras los pueblos están sufriendo.»
Ex-miembro de DPJ (La Jornada, 05-04-99)

En 1994, el levantamiento zapatista llamó la atención pública, nacional e internacional, principalmente sobre las Cañadas de la Selva Lacandona, centro neurálgico del EZLN. Pero después de las elecciones de agosto de 1994 y las de octubre de 1995, empezó a brotar la violencia en la zona Norte que así se convirtió en una de las regiones más conflictivas del estado.

Hoy en día la zona Norte sigue siendo una región poco visitada pero de alta tensión y con recurrentes estallidos de violencia. La poca presencia de observadores nacionales e internacionales se debe a los antecedentes de violencia en su contra. La falta de interés en dicha región se puede explicar por su aislamiento geográfico, histórico, político y cultural ⁽²⁾. SIPAZ es una de las pocas organizaciones que visita la zona con el objetivo de encontrar a los diferentes actores y entender mejor el rompecabezas que plantean.

Los grupos en pugna

Los miembros de la oposición, se autodefinen como parte del PRD (Partido de la Revolución Democrática), de Abu Xú (Arrieras Nocturnas)], católicos diocesanos, bases de apoyo del EZLN, miembros de la sociedad civil, ‘La Organización’ o ‘La Sociedad Civil Organizada’. Empezaron a organizarse a finales de los años 70, con la iglesia católica o por sí solos para responder a los desastres económicos (como el de la producción cafetalera por la caída del precio mundial), y al desencanto de los líderes comunitarios ante el abandono y las contradicciones percibidas en la praxis gubernamental ⁽²⁾. Después del levantamiento de 1994, algunas comunidades o partes de las mismas se hicieron (o se reconocieron públicamente como) bases de apoyo zapatista .

Se puede explicar la múltiple identidad de la oposición por su mismo aislamiento. Todos estos grupos luchan por el cambio, pero estando en un contexto de guerra, han optado por no vincularse claramente con un grupo u otro, para evitar más hostigamiento. Con respecto a los miembros de DPJ, afirman que ya existían antes de 1994, «pero antes se llamaba PRI» (indicando así su adhesión incondicional al partido oficial).

Varios testimonios de miembros de DPJ indican que empezaron con su organización, incluso a tomar las armas para defenderse de los ataques de los zapatistas. Como se explica en ‘Ni Derechos Ni Humanos’ ⁽³⁾: «El terror y la muerte empezaron a campear en toda la región ch’ol. Ya nadie trabajaba tranquilo. Había que dedicarle tiempo completo al activismo político-religioso. Todo era movimiento. Había que caminar bajo la sombra de la noche, encapucharse, asaltar, robar, secuestrar, y asesinar a líderes comunitarios contrarios a ellos, ser todos ‘Arrieras Nocturnas’ (Abu xú) era la consigna.»

En distintas ocasiones, se ha querido presentar el conflicto en Chiapas, especialmente el de la Zona Norte, como un conflicto religioso. Sin embargo, lo que hemos notado es un reforzamiento de las divisiones políticas usando diferencias religiosas. En algunos casos, los discursos de los mismos dirigentes religiosos llevaron a una mayor polarización y agresividad de parte de las bases.

En 1995, a medida que se desarrollaba la campaña para elecciones locales, se desató la violencia (ataques, bloqueos de carreteras, asesinatos y desplazamientos). Se vislumbraba que la oposición política tenía posibilidades de ganar, lo cual hubiera sido una primera prueba de la pérdida de hegemonía del PRI en la zona (que ya había empezado en los 70s).

El papel del gobierno y del Ejército

Varias organizaciones de derechos humanos afirman rotundamente que DPJ (registrado en marzo de 1995 como ‘Desarrollo, Paz y Justicia A.C.’) es la fachada de una organización paramilitar: sus relaciones con el gobierno estatal responden a una estrategia de guerra de baja intensidad, que incluye el apoyo de grupos conformados por gente local que siembran el terror para destruir las bases de oposición política.

En mayo de 1999, el diputado Gilberto López y Rivas (PRD) presentó una demanda a la Procuraduría General de la República sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, añadiendo documentos para respaldar sus declaraciones. El Cuarto Informe del Grupo Parlamentario del PRD (4), se refiere a «la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como de ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes». También se explica que «la finalidad principal es la de sustraer a las Fuerzas Armadas del desprestigio de llevar a cabo una guerra desigual.»

Pedro, ex-dirigente de DPJ en la comunidad de Cruz Palenque afirma que «los paramilitares vigilan los caminos, cobran impuestos, emboscan, roban los bienes de los campesinos opositores, amenazan y asesinan a quienes no les apoyan. […] Hay paramilitares que trabajan como policías de Seguridad Pública y patrullan las comunidades de la zona. Ellos reciben entrenamiento en los campamentos militares de la región.» (Jornada, 05-04-99).

La presencia del Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública, junto con DPJ en los desalojos de 1996 cuenta con miles de testigos. Incluso las personas desalojadas guardaron cartuchos de las balas, que son de uso exclusivo del Ejército. No obstante esos elementos, las autoridades siempre han negado la existencia de grupos paramilitares. Según ellas, sólo se trata de «grupos de civiles armados cuyo fin es la auto-defensa».

Después de las elecciones de 1995 (donde se registraron fraudes y un abstencionismo de un 63%), muchos dirigentes de DPJ fueron elegidos como funcionarios públicos, lo cual parecía legitimar su control sobre la zona. Samuel Sánchez Sánchez, uno de los fundadores, resultó electo diputado y varios líderes llegaron a integrar el Ayuntamiento de Tila.

Dos días antes de las elecciones de 1997, el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno, firmó un convenio de desarrollo productivo con DPJ por un monto de 4 600 000 pesos (US$580,000). Este convenio fue firmado por representantes del gobierno estatal y, como ‘testigo de honor’ por el comandante de la VII región militar, Mario Renán Castillo. El IV Informe del PRD informa: «Renán Castillo fue entrenado por el Ejército estadounidense en Fort Bragg, Carolina del Norte, una de las principales escuelas de contrainsurgencia. De ahí que una de sus tareas principales fuera de aplicar en Chiapas lo aprendido en cuestiones de guerra contrainsurgente» … ⁽⁴⁾

Situación actual

Resulta bastante difícil obtener datos exactos sobre la violencia en la zona Norte. Hasta ahora, el número de asesinatos oscila entre decenas y centenares. DPJ ha sido acusado de haber cometido la gran mayoría de las acciones violentas. Algunos miembros de organizaciones de oposición reconocieron que en algunas ocasiones respondieron con emboscadas a los ataques, bloqueos, asesinatos y desplazamientos que sufrieron por parte de DPJ. En cambio, los de DPJ se presentan como víctimas: en «Ni Derechos Ni Humanos», mencionan que entre 1995 y 1997 hubo 89 asesinatos, con 66 víctimas de DPJ (3).

El testimonio del ex operador de radio de DPJ resulta abrumador: «Aquí no hay ni paz ni justicia, sólo nos hemos matado entre hermanos, todo por culpa del gobierno y de los dirigentes de Paz y Justicia, que se aprovechan de la gente en su propio beneficio. […] Ellos roban y matan, nadie los detiene; ya nadie los controla ni sus propios dirigentes.» (La Jornada, 05-04-99)

Desde mediados de 1997, la violencia ha disminuido substancialmente aunque ocurrieron algunos incidentes: asesinatos, balaceras, bloqueos de carreteras, incurciones del Ejército. Una explicación de esto podría ser que DPJ logró tomar el control de la zona. El miedo infundido entre 1995 y 1996 fue suficiente para impedir que la gente de la oposición o observadores viajaran libremente. Los rumores han sido uno de los mecanismos más usados para seguir alentando el temor; traen como consecuencias más polarización de la gente e impide en muchos casos posibles acercamientos.

Interrogado sobre los últimos asesinatos en la zona, Diego Vázquez (miembro fundador de DPJ) contestó: «Asi había gente de DPJ involucrados, se les deben castigar porque ya no se debe seguir como antes. Aquí en el Limar están sembrando juntos los del PRD y de DPJ. Hay un poco de convivencia, ya no debemos pelearnos» ⁽¹⁾. Este tipo de declaraciones sorprendentes generan cierta confusión.

La crítica situación de los desplazados

Una de las consecuencias más visibles y dramáticas de la violencia desatada en la zona son los más de 4000 desplazados, la mayoría pertenecientes a la oposición ⁽¹⁾. DPJ habla de «autodesplazamientos«, considerando que los miembros de la oposición lo hacen a propósito para generar mayor confusión.

Muchos desplazados valoran que no existen las condiciones para retornar. Viven sobre tierras prestadas por otros campesinos, lo que apenas les alcanza para comer. Un desplazado de Ojo de Agua nos comentó: «Como las tierras son escasas, nadie quiere a los desplazados. Creo que porque ellos no sufrieron, que por eso no tienen idea…. No entienden lo que sufre un desplazado…. No sabemos a donde ir, ni que hacer… Yo sólo pienso y pienso en la noche. Y me enfermo de tanto pensar.» ⁽¹⁾

Los que retornaron entre 1996 y 1997 tienen mayor seguridad en cuanto a las cosechas. Sin embargo, no están a salvo de problemas: a menudo están presionados por los de DPJ para incorporarse a su organización, abandonar la religión católica, informar de sus reuniones y deben pedir permiso para salir de la comunidad. ⁽⁵⁾

Uno de estos retornados nos comentó: «El 18 de julio de 1996 hicieron un operativo, el Ejército, la policía junto con los de DPJ. Balearon la iglesia, rompieron las imágenes, saquearon las casas y robaron nuestros animales. Nosotros fuimos al monte a escondernos. Se murió mucha gente. A mi se me murió un hijito, se enfermó y no pude llevarlo al médico por temor de las emboscadas de Paz y Justicia. El 10 de octubre de 1996 logramos nuestro retorno. Pero no hay garantías para nuestra vida.» ⁽¹⁾

Otro punto crítico es la demanda planteada por los delegados de 18 comunidades de la oposición de la zona baja de Tila para exigir al gobierno estatal una indemnización por la pérdida de ganados robados, casas destruídas, cosechas perdidas, etc. que se dieron durante ataques de DPJ con presencia de miembros de Seguridad Pública en años anteriores. Todavía no han recibido respuesta. El gobierno argumenta que no puede pagar porque no fue responsable; en cambio, sí les ofrece proyectos. Pero según Manuel de Jolnixtié: «No queremos sus proyectos, queremos justicia, queremos que nos devuelven lo que han robado sea en dinero o en animales. ¿Acaso la policía y el Ejército no son del gobierno?» ⁽¹⁾

La reconciliación y sus desafíos

A pesar de todo lo anterior, existen algunos signos alentadores de acercamiento. En la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tila, no obstante las divisiones (40 familias de la organización DPJ y 25 de la oposición), lograron evitar los desplazamientos. Uno de sus representantes nos comentó que los de DPJ querían obligarlos a ingresar a sus filas. «Dialogamos con ellos y logramos que nos respeten. Hicimos un acuerdo con ellos, ya desde el inicio para que los de DPJ de otras comunidades nos respeten también. Fue muy difícil hacer el acuerdo, pero después de 3 meses de pláticas, logramos tener un acuerdo con el comisariado ejidal.» ⁽¹⁾

El 27 de febrero de 1999, retornaron 14 familias desplazadas a Cruz Palenque, donde fueron acogidas por 20 familias de las 26 de DPJ que se habían quedado en la comunidad. El ex dirigente de DPJ se arrepintió y buscó al Coordinador Regional Interinstitucional (del Gobierno del estado) para empezar las negociaciones. Sin embargo, seis familias de esta comunidad siguen con DPJ y las tensiones se mantienen. Se han dado conflictos sobre la radio comunitaria, que está en manos de DPJ, y sobre la muerte de un perro, matado por el hijo del líder de DPJ. Según el hijo, fue en defensa propia, según Pedro (su tío, dueño del perro y quien ya no pertenece a DPJ), trató de matarle a él. Se llamó a una reunión con el Presidente Municipal, el Coordinador Regional Interinstitucional y dirigentes de DPJ. Hasta el momento, no se ha resuelto el problema. Todavía no se ha dado la reunión debido a la falta de cumplimiento del Presidente Municipal y de representantes gubernamentales. Este ejemplo de desacuerdo puede parecer insignificante, pero es muy sintomático de la polarización, la precariedad y el carácter explosivo de la situación en ésta y otras comunidades.

Un nuevo elemento en el rompecabezas: las divisiones internas en DPJ

En los últimos meses han empezado a salir a la luz pública las supuestas divisiones internas en la organización de DPJ. Los inconformes (bajo el liderazgo de Cristóbal Gómez Torres y Diego Vázquez) acusan a los ex-dirigentes Samuel Sánchez, Marcos Albino y Raymundo Trujillo de haber robado los más de 4 millones de pesos que recibió la organización para proyectos productivos, porque en más de 4 años, no han visto ningún resultado.

Frente a estas divisiones, el Gobierno del estado ha mostrado una extrema diligencia para llegar a las reuniones de acercamiento entre las dos fracciones. Los analistas explican tanta solicitud por la necesidad de preparar el terreno electoral. Sin embargo, esa disponibilidad hacia DPJ contrasta con la ausencia gubernamental en las reuniones para resolver conflictos en Cruz Palenque como ya mencionamos.

Como aparece en la página 4, el gobierno federal está haciendo un llamado al EZLN para regresar a la mesa del diálogo. Esta iniciativa puede significar un nuevo esfuerzo de distensión en la zona Norte, la cual fue incluida por el EZLN como una de las condiciones para reanudar el proceso de paz.

Según algunos analistas, otra explicación a la actitud gubernamental en la zona es que el gobierno tiene interés en apoyar a DPJ para evitar una nueva degradación de la situación o la victoria de la oposición en las próximas elecciones.

A la espera de las elecciones

Ciertamente, alienta la relativa disminución de la violencia en la zona Norte en los últimos dos años (en comparación con 1995 y 1996). No obstante, se debe en gran parte al hecho de que el terror ya está implantado. En el fondo, la situación no ha cambiado: siguen prevaleciendo la desconfianza, la polarización y una violencia siempre a punto de estallar. Superar el miedo al ‘otro‘ o romper con discursos como «con ellos ya no hablamos y no vamos a hablar porque ya no sabemos lo que hay en su corazón» requiere tiempo.

Mientras esta situación no cambie, la zona Norte puede volver a convertirse en el escenario abierto de una modalidad de guerra que si bien no es abierta, genera muerte y no termina. En este contexto, informar sobre lo que pasa en la zona puede ayudar a romper el cerco del miedo y de los prejuicios.

De ambos lados, escuchamos: «estamos cansados, ya no queremos más violencia. Queremos trabajar, nada más queremos trabajar… Pero, ¿qué quieren verdaderamente los líderes y qué tanto pueden estar sirviendo a otros intereses? ¿A quiénes convienen esas divisiones?

Tristemente, la conclusión del artículo del Informe de SIPAZ de abril de 1997, ha conservado su vigencia: «Por otra parte, el lanzamiento de la campaña electoral y la proximidad de las elecciones […] plantean una nueva amenaza y un nuevo desafío para los actores políticos en el Norte: reiterar las experiencias de 1994 y 1995 que casi llevan a los ch’oles a una guerra civil, o asumir la lucha política legítima y respetuosa de las diferentes opciones electorales. Los gobierno estatal y federal tendrán una gran responsabilidad en el curso que los acontecimientos tomen allí.»

• ⁽¹⁾ Entrevistas de SIPAZ en la Zona Baja de Tila entre marzo y agosto de 1999. (Volver a la 1º aparición de la presente Nota al Pie…)
• ⁽²⁾ SIPAZ Informe, Abril 1997, Año 2, no.2 (Volver a la 1º aparición de la presente Nota al Pie…)
• ⁽³⁾«Ni Derechos Ni Humanos en la zona Norte de Chiapas: la otra verdad de los sucesos en la zona ch’ol, como respuesta a la versión difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – Enero 1994 a septiembre de 1997», Desarrollo, Paz y Justicia. Noviembre de 1997. (Volver a la 1º aparición de la presente Nota al Pie…)
• ⁽⁴⁾ «Cuarto informe sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas», Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LVII Legislatura del Congreso de la Unión, 30 de abril de 1999. Presentado por el diputado federal Gilberto López y Rivas en su calidad de presidente en turno de la COCOPA ante la Procuraduría General de la República. (Volver a la 1º aparición de la presente Nota al Pie…)
• ⁽⁵⁾ «Población desplazada en Chiapas», Onécimo Hidalgo y Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), julio de 1999. (Volver a la 1º aparición de la presente Nota al Pie…)

 Documento consultado: «Ni Paz Ni Justicia o Informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch’oles en la zona Norte de Chiapas – Diciembre de 1994 a octubre de 1996», Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de las Casas», octubre de 1996.