ANÁLISIS : México – Elecciones y miedo a que la historia se repita
28/08/2012Actividades de SIPAZ (De mediados de mayo a mediados de agosto de 2012)
28/08/2012
«Quiero justicia no solo para Itzel, sino justicia para todas las mujeres que han estado matando en el país y en Chiapas. Pido justicia porque perder una hija es un dolor que no se imaginan.«.
Durante la 52a sesión del Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) – Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada el 17 de julio de 2012, se evaluó el cumplimiento de dicha Convención por parte de México. Unas 50 organizaciones civiles mexicanas presentaron, por lo menos, 18 «informes sombra», que contrastaron con el informe oficial del gobierno. La cantidad de informes fue un indicador de la inconformidad de la sociedad civil en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres, y en cuanto a la falta de cumplimiento del Estado mexicano respecto a los estándares internacionales para avanzar hacia mayor igualdad de género. En sus informes sombra ante el CEDAW, las organizaciones civiles enfatizaron además, que la situación de violencia en el país tiene su repercusión en la integridad física de las mujeres. Afirmaron que la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal ha causado altos niveles de violencia contra las mujeres, agudizando los niveles ya existentes de impunidad, violencia institucional y discriminación hacia ellas. Según Consorcio Oaxaca, las organizaciones vieron como un logro que «el Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres y por no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género».
Según un informe de Amnistía Internacional (AI), igualmente publicado en julio pasado, la violencia contra las mujeres en México no ha cesado, más bien ha aumentado considerablemente en los últimos años. Dicho informe de igual modo afirma que las instituciones de gobierno en México han fallado tanto en su obligación de proteger a las mujeres de la creciente violencia y discriminación como a la hora de procesar legalmente a los responsables. En cuanto a violaciones sexuales, el informe de AI menciona que en 2009 se reportaron 14.829 denuncias de esta clase de abusos en todo México, y que de ellas, sólo 2.795 dieron lugar a condenas en los tribunales. Peor aún enfatiza que «estudios realizados a nivel nacional sugieren que tan solo el 15 por ciento de los delitos son denunciados».
Legislación sensible al género: ¿avances o burocracia?
Además de la CEDAW promovida por la ONU, desde 1994, en Belém do Pará, Brasil, el concepto de «violencia por razón de género» fue incluido en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. El gobierno mexicano suscribió dicha Convención con lo que se obligó a desarrollar legislación en la materia. Como consecuencia, en 2007 el gobierno federal emitió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Amnistía Internacional considera que la adopción de dicha ley «significó un paso adelante para la creación de un marco jurídico nacional que reconozca y aborde las diferentes formas de violencia contra las mujeres».
Esta ley también obliga a los gobiernos estatales y municipales a tomar medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, según el Balance Anual de 2009 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), la ley tiene limitaciones considerando que faltan elementos como: «[e]l diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; [l]a rehabilitación mediante la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos; [y l]a investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad».
Posteriormente, también en 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para fomentar las reformas a nivel estatal. En marzo de 2009 por ejemplo se promulgó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, sin embargo, según el CDHFBC, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. El CDHFBC menciona que «muchos de los funcionarios de la procuración de justicia desconocen estas leyes, mientras otros afirman conocerlas aunque omiten aplicarlas en su argumentación jurídica. En el Poder Judicial de Chiapas se observa lo mismo dado que jueces y magistrados no emiten sentencias con perspectiva de género». De manera más general, el informe de Amnistía Internacional este año destaca que «la aplicación de dichas leyes adoptadas en 28 estados es a menudo endeble y vaga, y siembra dudas sobre las responsabilidades concretas de cada autoridad. Según la CONAVIM, muchos códigos penales estatales siguen presentando carencias». De igual manera, el CDHFBC observa que estas leyes permanecen en el campo declarativo, situación que se mantiene a la fecha.
Falta de acceso a la justicia para mujeres en Chiapas
El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) y el Grupo de Mujeres San Cristóbal de Las Casas (COLEM) presentaron un informe sombra ante el Comité de la CEDAW titulado «La situación de discriminación y no acceso a la justicia de las mujeres en Chiapas, México». El documento aborda el tema de acceso de las mujeres a la justicia en Chiapas, particularmente para las mujeres indígenas y rurales, y enfatizando los temas de la violencia, el feminicidio y el acceso a la tierra. El informe destaca que «de manera preocupante, las instancias de procuración y administración de justicia que existen en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de estos delitos; no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales; bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas. Las relaciones jerárquicas desiguales con base al origen étnico y social son factores que también trascienden a la tarea de procurar y administrar justicia. En algunos casos, es la falta de sensibilidad y capacitación de los funcionarios los que revictimizan a las víctimas y a la sobreviviente, generan más violencia y discriminación e inhiben la denuncia».
En Chiapas sigue existiendo una situación de violencia estructural hacia las mujeres por la falta de acceso a servicios de educación, salud y a opciones laborales. También se observan múltiples situaciones de violencia intrafamiliar. Requiere de mucho valor y paciencia el denunciar jurídicamente un caso de violencia ya que varios ejemplos han mostrado que tal acción puede causar repercusiones amenazando su integración familiar, comunitaria y hasta su seguridad. Además, en las comunidades rurales las tradiciones no favorecen a las mujeres, porque, como menciona un estudio de la doctora Mercedes Olivera de 2011, se espera que las mujeres soporten la violencia como parte intrínseca de su destino. En su proceso de investigación de campo, por ejemplo, una mujer de Chalchihuitán expresó: «Si el esposo es bolo y le pega a la mujer, el padre le llama al orden, pero también a la mujer su madre le dice que aprenda a sobrellevar al esposo, es la carga que nos toca por ser mujeres».
Feminicidio: «la forma extrema de violencia de género»
Pese a avances que se han logrado en materia legislativa acerca de la penalización de la violencia contra las mujeres, las instituciones gubernamentales no han sido capaces de proteger adecuadamente a las mujeres e incluso el número de feminicidios ha aumentado en los últimos tres años. El investigador para AI, Rupert Knox, en la presentación del informe en julio, declaró «[e]n los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia».
Varios estados han introducido la figura del feminicidio en sus códigos penales. Sin embargo, según grupos de activistas sociales, en Chiapas sigue aumentando el número de feminicidios. El pasado 14 de julio, la sociedad civil organizada en defensa de los derechos de la mujer en San Cristóbal de Las Casas hizo un performance, en la Plaza de la Paz de esta ciudad, denunciando los 32 feminicidios que se dieron en Chiapas en lo que va del año. Uno de los casos que denunciaron fue el de la joven tzotzil Itzel Méndez, de 17 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 14 de abril en San Cristóbal de Las Casas con señales de haber sido violada sexualmente y golpeada. La abogada en defensa de las mujeres del Colectivo Feminista Mercedes Olivera, Martha Figueroa Mier, detalló que «en el 2011, la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó más de 100 asesinatos de mujeres en Chiapas. Hemos pedido a la procuraduría que establezca protocolos de protección a favor de las mujeres».
En cuanto a la cantidad de casos de feminicidios en Chiapas varia la cifra según las diferentes fuentes de información. Según representantes de la Cámara de Comercio y asociaciones del sector turístico de San Cristóbal de Las Casas «en el año 2011 fueron dos los casos de asesinatos a mujeres». El informe sombra para el Comité de CEDAW, elaborado por el CDMCh y COLEM, destaca a cambio que en relación a la violencia de género y el feminicidio, «Chiapas se encuentra en un etapa muy crítica. En lo que va del año, se ha registrado un número extraordinario de mujeres desaparecidas o asesinadas en razón de su género. En varios casos se ha utilizado violencia extrema incluyendo tortura y mutilaciones». Las cifras de las defensoras de los derechos de las mujeres contrastan notablemente con las cifras manejadas por las instancias gubernamentales. Las diferencias se deben por un lado a la ausencia de especificación de los municipios incluidos en los datos, y por el otro, a la omisión de tipificación de asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
Defensoras amenazadas a pesar de contar con protección
La organización Iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos, en su informe sombra para la CEDAW declaró que «[e]ntre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, once defensoras de derechos humanos fueron asesinadas; la mayoría de ellas provenientes de los estados de Chihuahua y Guerrero». Un caso de violencia en Chiapas que sigue impune es el de la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez. En febrero de 2010, Margarita Martínez fue víctima de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera de la denuncia penal del allanamiento agresivo por cuerpos policiacos de su casa en noviembre de 2008. En los años posteriores Margarita y su familia recibieron varias amenazas de muerte a pesar de contar con medidas cautelares. Tras nuevas amenazas de muerte recibidas el 30 de junio pasado, Margarita y sus familiares decidieron buscar refugio en otra parte y salieron del estado por un tiempo indefinido. Cabe recordar que en el momento de recibir las amenazas más recientes, la defensora de derechos humanos se encontraba justamente en preparación de su participación en la 52 sesión del CEDAW.
Por otro lado, en Oaxaca, en abril, la defensora Alba Cruz de la organización Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixta (Código DH) recibió una amenaza de muerte en su teléfono celular. La defensora cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace unos años, ya que anteriormente recibió mensajes intimidatorios también. Otra defensora oaxaqueña que ha sido víctima de tratos intimidatorios, a pesar de contar con medidas cautelares brindadas por la CIDH, es Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. En febrero de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) la detuvo acusándola de privación ilegal de la libertad a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Muchas organizaciones sociales y civiles se pronunciaron a favor de su libertad inmediata alegando que el motivo verdadero era la criminalización del trabajo de defensores de derechos humanos. Bettina Cruz cuenta con medidas cautelares por haber sido agredida por la policía estatal mientras informaba a comunidades indígenas sobre su derecho a la tierra.
Asesinatos por razones de género en la comunidad lésbico gay
Otro tipo de violencia por cuestión de género que se ha dado en varias ocasiones en Guerrero en los últimos años, han sido los asesinatos de personas perteneciendo a la comunidad lésbico gay. A pesar de que, por ejemplo, en el Distrito Federal el matrimonio gay fue aprobado sigue existiendo esta forma grave de violencia contra tales personas. El pasado 4 de mayo, fue asesinado un travesti en Acapulco sin que se supiera quiénes fueron los responsables. Exactamente un año antes, el 4 de mayo de 2011, fue asesinado uno de los dirigentes de la comunidad lésbico gay de Chilpancingo, Quetzalcóatl Leija Herrera. En conferencia de prensa en mayo de 2012, otro dirigente de la comunidad lésbico gay, José Lavoisiere Luquín Jiménez, informó que en lo que va del año han asesinado a tres homosexuales: uno en Chilpancingo, otro en Acapulco y uno más en Coyuca de Benítez. Al mismo tiempo alertó que hay un subregistro de dos homicidios por cada muerte registrada, «es decir que hay nueve casos y no se registran por la misma homofobia de los familiares o por temor a que les vayan a hacer algo».
Con Peña Nieto poca esperanza para las mujeres, temen defensoras
Tras las elecciones federales del pasado 1 de julio en la que Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó como próximo presidente de México, varias activistas para los derechos de las mujeres han expresado sus preocupaciones en relación al feminicidio y la violencia basada en el género. En conferencia de prensa para informar sobre la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité de Expertas de la CEDAW, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, recordó que como gobernador del Estado de México (2005-2011), «Peña Nieto se negó a que se realizara una investigación por parte del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres».
En la misma conferencia, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, mencionó que Peña Nieto también tiene una responsabilidad pendiente con las mujeres en el caso de San Salvador Atenco. En mayo de 2006, en dicho pueblo en el Estado de México, 26 mujeres sufrieron agresiones sexuales por elementos policiacos tras ser detenidas en una manifestación. El informe de Amnistía Internacional de julio 2012 manifiesta que el caso de Atenco, «es emblemático», ya que pese a la gravedad persiste la impunidad en la mayoría de los casos. A las mujeres que sufrieron las agresiones, a pesar de la gravedad de tales prácticas humillantes y deshumanizantes, les ha sido denegado el acceso a la justicia tanto a nivel estatal como federal. Por ello, los casos fueron llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con mujeres organizadas más esperanza para el futuro
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Según el informe sombra del CDMCh y COLEM, el sistema político y legal que existe en la actualidad en Chiapas «no garantiza a las mujeres el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres y con total desconocimiento -como regla general- de sus necesidades particulares». El comité de la CEDAW hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para mejorar la situación en el país en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. Entre las recomendaciones de la CEDAW están, por ejemplo, emprender acciones para fomentar la denuncia de casos de violencia contra las mujeres, acelerar las detenciones relacionadas con la violencia contra mujeres, y adoptar medidas adecuadas para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.
Como subrayó la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la cantidad de informes sombra que se elaboró para la sesión de la CEDAW, además de ser indicador de la gravedad de la situación que viven las mujeres en el país, también es reflejo de una mayor organización y capacidad de respuesta de las mujeres. Y a parte de todo lo que queda por mejorar en cuanto a la situación de las mujeres en México, no se tiene que olvidar las luchas que llevan y las pequeñas y grandes victorias que han logrado. Brigadas Internacionales de Paz (PBI por siglas en inglés), en un libro sobre defensoras que publicó en enero de 2012 menciona que entre los éxitos más recientes están las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas que fueron violadas sexualmente por militares en 2002: «Cada una de estas sentencias es fruto del trabajo conjunto de muchas personas, pero han sido estas mujeres quienes con su valor y constancia, enfrentando presiones, amenazas y hasta ataques físicos, han mantenido vivos estos procesos». También, fuera del ámbito legal y jurídico, hay cada vez más mujeres que se atreven a superar el miedo y la vergüenza, sencillamente para «hablar» tanto en el ámbito familiar como en espacios públicos o comunitarios, lo que es el primer paso ineludible para que los cambios requeridos se den.