Según consignan varios analistas, la política del gobierno mexicano se orienta en dos estrategias contrapuestas: mientras de un lado afirma su voluntad de negociar pacíficamente en la Mesa de Diálogo de San Andrés Larrainzar, por otro mantiene e incrementa la actividad militar en Chiapas.

Se nota un incremento de la violencia política que no se limita al estado de Chiapas, sino que forma parte de una cultura generalizada en todo el país. El Centro de Información y Monitoreo de los Derechos Humanos (CIMDH) reportó que en 1995 se cometieron por motivos políticos 166 homicidios, 155 desapariciones de personas, 1.356 heridos o lesionados, 238 agresiones, atentados o intimidaciones contra luchadores sociales, líderes agrarios o sindicales, 478 desalojos violentos, 59 ataques físicos a periodistas, 2.977 encarcelamientos, 1.118 ordenes de aprehensión, 378 huelgas de hambre y 14.378 despidos laborales.

Presencia militar y hostigamiento en la Zona de Conflicto

A pesar de los avances positivos en el proceso de diálogo de San Andrés, el gobierno mantiene en Chiapas a unos 60.000 efectivos, los que representan el 34% del ejército federa, recientemente incrementada. El ejército mexicano es el segundo más numeroso en América Latina con 175.000 efectivos en 39 zonas militares; los gastos en el ejército federal han llegado a ocupar el segundo rubro en el gasto público nacional (revista Proceso, 1er de enero de 1996). Los vehículos de combate y armamentos han llegado de los EUA, Francia, Bélgica y Gran Bretaña.

«El proceso de paz que se está construyendo en los diálogos de San Andrés pasa por un fortalecimiento e involucramiento de todos los actores, y a eso estamos apostando. Pero ese espacio de negociación política aun es frágil, porque predomina la lógica militar, que no se ha revertido todavía, sino que se ha incrementado a través de la guerra de baja intensidad que apunta a dividir y debilitar a las comunidades indígenas y a la sociedad civil en general»
(Miguel Alvarez, miembro de la CONAI, Comisión Nacional de Intermedicación)

Coincidiendo con esto, numerosas comunidades indígenas de los municipios de Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, militarizados desde la ofensiva del ejército federal en febrero de 1995, continúan denunciando el incremento de la presión militar en las comunidades, las incursiones arbitrarias en sus territorios, el hostigamiento y la intimidación a la población civil, como expresiones de la guerra de baja intensidad.

La presión militar se incrementó notablemente entre diciembre de 1995 y enero de 1996, al cumplirse el segundo aniversario del alzamiento zapatista. Particularmente en los cuatro «Aguascalientes» (centros de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo) de Oventik, La Garrucha, Morelia y La Realidad, los indígenas denunciaron provocaciones, movilización de efectivos armados, incursiones aéreas y terrestres, e intromisión del ejército federal en las actividades pacíficas, culturales y festivas realizadas. Estas denuncias fueron ratificadas por numerosos miembros de la sociedad civil nacional e internacional que participaron en dichos festivos.

Asimismo, durante la plenaria del Diálogo de San Andrés en febrero, en la que las partes firmaron los primeros acuerdos relativos al tema Derechos y Cultura Indígenas, los delegados del EZLN denunciaron que la omnipresencia militar en la zona de conflicto dificultó el proceso de consulta democrática que la dirigencia zapatista realizó en todas las comunidades antes de aprobar los documentos.

Amenazas e intimidaciones a religiosos, activistas y extranjeros

No sólo las comunidades en la zona de conflicto son víctimas directas del hostigamiento militar. También los extranjeros que llegan a Chiapas en misiones de solidaridad, los defensores de derechos humanos y activistas de distintas organizaciones han sufrido distintos tipos de amenazas y persecuciones que fueron denunciados por organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas, CONPAZ (coalición de ONGs chiapanecas por la paz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (del Distrito Federal).

Cinco sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal han sido expulsados o les han negado el permiso para volver a entrar al país (dos de Estados Unidos, uno de Canadá, otro de Argentina y un último de España). Entre diciembre y enero pasado, más de veinte extranjeros por Migración para que abandonaran México.

El propio Obispo de San Cristóbal de las Casas, Don Samuel Ruiz, ante la presencia de agentes de Seguridad Pública y de Migración que tomaban fotos y filmaban a los extranjeros dentro de la Catedral, durante la celebración del 36 aniversario de su consagración episcopal expresó: «Estoy realmente muy apenado que a ustedes se les trate de esta manera y que a su actitud de asistir solo a un acto religioso, ellos les hayan respondido como que ustedes estaban asistiendo a un acto político. Esto me apena como mexicano y les pido por favor una disculpa».

Los organismos de derechos humanos chiapanecos protestaron también por la militarización de los retenes y puestos migratorios en los que se controla y obstaculiza el movimiento de los extranjeros por la zona de conflicto.

La cultura de cuartel y la violencia contra la mujer

Otro aspecto alarmante de la militarización de la región es el incremento de la violencia en contra de las mujeres. Según denunciaron diputadas del PRD en un documento entregado al Ejecutivo mexicano, en dos años se han reportado más de cincuenta casos de agresiones o violaciones de mujeres en la zona de conflicto. Las víctimas han sido principalmente indígenas. También han incluido enfermeras que trabajan en las comunidades, una religiosa mexicana y una ciudadana norteamericana vinculada al EZLN en EUA. Cabe destacar además que es común no denunciar violaciones por miedo a las represalias.

La presencia del ejército ha traído otras formas de violencia sexual, social y cultural que podríamos calificar como «cultura de cuartel». Las comunidades que sufren una verdadera ocupación militar desde hace un año enfrentan una serie de problemas que han distorsionado gravemente su vida cotidiana y sus hábitos culturales: prostitución, alcoholismo, enfermedades sexuales, drogadicción, hambre, deterioro del medio ambiente, etc.

Como manifestó un sacerdote: «Este tipo de violencia es menos visible, pero su daño en las comunidades indígenas es mucho más profundo, más perdurables y, en muchos casos, irreversible».

Los grupos paramilitares crecen y gozan de impunidad

El Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas informó en su documento «El otro cerco«: «La presencia de ‘guardias blancas’ en Chiapas no es novedad. Los grupos civiles armados y entrenados han existido desde hace tiempo. Sin embargo en los últimos meses se ha hecho más pública y manifiesta su actuación». Se sabe, por otra parte, que los grupos paramilitares, asociados a los poderosos ganaderos, son responsables de actos de violencia contra los indígenas que ocupan tierras pacíficamente, y particularmente de las violaciones a mujeres mencionadas más arriba.

Estos grupos operan tanto para dirimir conflictos agrarios como políticos, cuando la autoridad de los caciques locales (generalmente identificados con el partido oficial, PRI) es resistida por las organizaciones campesinas y por los simpatizantes del EZLN o del PRD (partido de la oposición de centro-izquierda).

La situación está particularmente grave en la zona Norte de Chiapas, donde según denunció el Frente Cívico de Tila, la represión se institucionalizó debido a que integrantes del grupo acusado de ser paramilitar Paz y Justicia son ahora miembros del ayuntamiento de Tila, y a que un individuo con claros nexos con este grupo fue electo diputado.