«Nos quitan las tierras y en ellas, con ellos de patrones, levantamos aeropuertos y nunca viajaremos en avión. Construimos autopistas y nunca tendremos automóvil. (…) Levantamos centros comerciales y nunca tendremos dinero para comprar en ellos. Construimos zonas urbanas con todos los servicios y sólo las veremos de lejos. (…) En suma, levantamos un mundo que nos excluye, uno que nunca nos aceptará y que, sin embargo, no existiría sin nosotros.»
(Palabras del EZLN en el Instituto Politécnico, México DF, 16/3/01)

A más de ocho años del levantamiento zapatista, el problema agrario en Chiapas sigue siendo un tema central en la mayoría de los conflictos y divisiones que se han venido agudizando con el paso del tiempo. En este estado que ocupa el primer lugar de marginación del país, más de las dos terceras partes de la población siguen viviendo de las actividades agropecuarias. Esto reafirma el carácter primordial de las disputas agrarias. Los retos son sin embargo mucho mayores y tienen que ver con un sistema económico que deja al campesinado -mayoritariamente indígena- con escasas alternativas.

El impacto del levantamiento de 1994

Pese a que en 1992 el gobierno federal declaró el fin del reparto agrario, el levantamiento armado de 1994 actuó como catalizador de la lucha por la tierra en Chiapas, y fue una excelente oportunidad para que el movimiento social intensificara sus demandas. La invasión de tierras se aceleró, no sólo por parte de grupos zapatistas sino también de otras organizaciones. «La formación a finales de enero de 1994 del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) abrió un período de movilización campesina que involucró a por lo menos ocho mil demandantes de tierras de once organizaciones. En los primeros seis meses de 1994 fueron invadidos 340 predios privados que abarcan más de 50.000 hectáreas». (Harvey)

En 1996 se firmaron Acuerdos Agrarios con 62 organizaciones campesinas y 85 grupos independientes. El gobierno se comprometía a dar soluciones a las demandas de tierras. Por otro lado, las organizaciones campesinas se comprometían a no realizar más invasiones, a desocupar las tierras que no fueran susceptibles de adquisición y a dar por satisfecha la demanda agraria. No obstante, la magnitud del problema era evidente cuando se comparaba la cantidad de hectáreas invadidas (más de 50.000) con la cantidad que estaban dispuestos a vender los propietarios (11.910). El gobierno pretendió terminar con el problema agrario a corto plazo; sin embargo, las invasiones de tierra han continuado, y probablemente continuarán mientras no se den soluciones estructurales de fondo. (Reyes).

Estas negociaciones tuvieron sin embargo un impacto: hasta 1995, muchas organizaciones campesinas apoyaban al EZLN en su lucha; pero las relaciones se rompieron después que algunas organizaciones decidieron sentarse a negociar acuerdos parciales con el gobierno.

Otros factores en la ecuación

Sería imposible desarrollar toda la complejidad del problema de la tierra en Chiapas en un artículo de esta extensión. Por eso haremos una breve enumeración de algunos de sus componentes (ver también el apartado sobre la parte histórica).

Primero, el conflicto agrario está intensamente politizado. Muchas de las reivindicaciones por la tierra se han visto acompañadas por la exigencia de democracia, justicia y respeto a los derechos humanos. Eso se justifica aun más porque los desalojos suelen acompañarse de abusos como la detención arbitraria, y hasta se han cometido asesinatos que quedan sin esclarecimiento.

Segundo, al contrario de lo que muchos piensan, el problema de los latifundios ya no es relevante en la zona de conflicto. «La propiedad social y las pequeñas propiedades privadas menores a 5 hectáreas representaban en 1990 más del 77% del total de las tierras, alcanzando incluso más del 90% en muchos municipios de los Altos». (Viqueira)

Por otro lado, el crecimiento demográfico constante hace que la porción de tierras de los campesinos sea cada vez menor. Ello incentiva su utilización para el autoconsumo, lo que a su vez afecta la productividad de la tierra. De hecho, en las zonas donde predomina el minifundio (donde las tierras cultivadas son de superficie reducida), más del 75% de la población suele ganar menos de un salario mínimo (Viqueira).

Tercero, aunque el gobierno reparta todas las tierras existentes (y de hecho, se pregona que así lo ha hecho), mientras el ritmo de crecimiento de la población se mantenga (2.12% al año), se necesitará cada vez más tierra. Hoy en día, 51% de la población chiapaneca tiene menos de 20 años. Por lo tanto, la demanda de tierras no terminará nunca si no se ofrece alternativas para el desarrollo económico o la ocupación de la población activa. No en vano la migración hacia las ciudades o hacia Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos años.

Cuarto, existen pocas oportunidades de empleo fuera del sector agropecuario. Y la población indígena tiene poca probabilidad de acceder a ellas por las limitaciones educativas existentes.

Quinto, las tierras que se entregaron eran de por sí poco fértiles; los sistemas de riego son escasos, y la ganadería ha acelerado el proceso de deterioro de las zonas cultivables. Por otro lado, es problemático tener leyes estrictas para la preservación del medio ambiente en una región donde la demanda de tierras no cesa. El caso más conocido es la biósfera de Montes Azules (zona Selva), donde sigue pesando la amenaza de desalojo para más de 40 comunidades indígenas.

Legalidad vs. Legitimidad

Las disputas por la tierra entre campesinos son tan antiguas como la política priísta de otorgar las mismas tierras a más de un grupo solicitante, para dividir y debilitar las posibilidades organizativas del sector. Más aún, después de 1994 los repartos de tierras fueron parte de una política de contrainsurgencia destinada a aislar y cercar a los zapatistas. Existen varios casos en los que se otorgaron predios que habían sido invadidos por los zapatistas a organizaciones campesinas vinculadas al gobierno.

Otra dificultad se presenta actualmente por las divisiones entre organizaciones anteriormente aliadas: ¿las tierras recuperadas (es decir, invadidas por los zapatistas a partir de 1994) son de propiedad comunal? En más de un caso, otra organización -aliada con el EZLN- gestionó la propiedad de estas tierras ante el gobierno, aunque para el beneficio de todos (incluyendo zapatistas). Hoy en día, en un marco de creciente división entre las organizaciones, el conflicto se da entre legalidad (derechos de propiedad) y legitimidad; una frase que se podrá escuchar con frecuencia en la zona Selva de parte de los zapatistas es: «Nosotros derramamos la sangre».

Una de las preocupaciones del EZLN es que las organizaciones con las que está actualmente confrontado podrían vender terrenos a terceros, de acuerdo con la reforma constitucional de 1992 que permite la venta de las tierras comunales. Los carteles en Cuxuljá (escenario reciente de una dura disputa de este tipo) son una ilustración de ello: «La tierra es nuestra madre, no se compra ni se vende», «La tierra no es mercancía, venderla traición sería».

Muchas veces, por detrás de las disputas de tierras, lo que encontramos es más bien una lucha por el control político o la hegemonía sobre un determinado territorio y sus habitantes.

Por otro lado, una fuente adicional de tensiones es que, para poder beneficiarse de algunos programas gubernamentales, los campesinos tienen que presentar derechos de propiedad sobre sus tierras. Eso choca con el sistema de propiedad ejidal que sigue prevaleciendo en las zonas indígenas.

¿Un problema sin solución?

Aunque la lucha agraria en Chiapas no es más contra los latifundios -por la escasez de éstos-, la desigualdad sigue siendo enorme. Indudablemente la demanda agraria no cesará, por los aspectos ya mencionados: el crecimiento demográfico, los escasos recursos naturales, la expansión de la ganadería, las dificultades para una explotación más eficiente de la tierra y la falta de capacitación y empleos en otros sectores; todo lo cual se puede traducir como la nula alternativa del sistema al problema campesino.

A fines de abril, el Secretario para los Pueblos Indios del gobierno de Chiapas, Porfirio Encino, reconoció que se habían detectado problemas intercomunitarios en al menos 40 localidades en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. También afirmaba que más allá de la problemática agraria, «la raíz de estos problemas tiene que ver con el diálogo [suspendido entre el gobierno federal y el EZLN] y el no cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés».

En este sentido, vale la pena recordar una de las críticas que se han hecho a la reforma constitucional sobre derechos indígenas aprobada por el Congreso federal el año pasado, o al Plan Puebla-Panamá: los indígenas ya no quieren ser objeto de políticas asistencialistas, sino ser sujetos y parte de la discusión; no sólo respecto a las políticas agrarias, sino a todo lo que tiene que ver con su desarrollo económico y social. El momento requiere por lo tanto de un replanteamiento amplio, no de soluciones parciales o de corto plazo.

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Problemática agraria: múltiples rezagos históricos

No cabe duda que en la problemática actual pesan mucho las políticas del pasado, que se han caracterizado en gran medida por aspectos represivos y reformas agrarias planteadas más bien «como un ‘arreglo’ discrecional entre los terratenientes locales y el gobierno federal. Dicha política se desarrolló adecuando las necesidades del sistema en cada momento y estaba dirigida a proteger a la gran propiedad agraria, asegurando de paso el voto rural para el partido oficial». (García de León)

Si bien uno de los logros de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX fue iniciar la Reforma Agraria para dar tierras a los campesinos, en Chiapas los terratenientes organizaron exitosamente la contrarrevolución para proteger sus privilegios. Las leyes agrarias de los años ’20 también les beneficiaban a ellos.

No es sino hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se llevan a cabo repartos agrarios significativos en el estado. Para 1940 había menos de la mitad de las fincas que existían en 1900; sin embargo, las tierras de mejor calidad seguían en manos de los finqueros (Gómez y Kovic). Al mismo tiempo, la política agraria se dirigía al impulso de la actividad ganadera en la región.

Entre 1940 y 1965, la política nacional de sustitución de importaciones dio prioridad al sector industrial sobre el agrícola. El resultado fue que entre 1965 y 1980, la producción agraria nacional bajó del 14% al 7% del PIB; ello ocasionó que el país se hiciera dependiente de la importación de la mitad del consumo nacional de maíz (Collier).

A partir de 1970 -bajo el Presidente Echeverría- se fomentó la colonización de tierras en la zona Selva de Chiapas. Pero pronto los desequilibrios emergieron otra vez, cuando la población creció más que la proporción de tierras de que estaba dotada (Collier).

Un momento clave en la lucha por los derechos colectivos fue el Congreso Indígena de 1974: los campesinos se dieron cuenta que tenían los mismos problemas y decidieron organizarse para demandar tierras (Gómez y Kovic). El desarrollo del zapatismo se beneficiaría posteriormente de este creciente proceso organizativo.

Para proteger los intereses de los latifundios, el gobierno de Chiapas entregó en los años ’80 unos cinco mil certificados de inafectabilidad ganadera, protegiendo así más de un millón de hectáreas contra las demandas de tierras por parte de las organizaciones sociales.

Durante todos estos años, además, las dotaciones de tierras se realizaron manteniendo «vínculos de corrupción con los propietarios afectados y con los campesinos beneficiados, a quienes se les pedía lealtad política y no continuar favoreciendo las demandas y ocupaciones». (García de León)

BIBLIOGRAFÍA:

• Collier, George A.: Reforms of Mexico’s agrarian code: Impacts on the Peasantry. Background of the rebellion in Chiapas. (1994).
• García de León, Antonio: Fronteras interiores. Chiapas: una modernidad particular (2002).
• Gómez Cruz P.J. y Kovic C.M: Con un pueblo vivo en tierra negada (1989-1993). (1994).
• Harvey, Neil: The Chiapas Rebellion. The struggle for land and democracy. (1998).
• Reyes Ramos, María Eugenia: El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas. 1914-1988 (1992), y Espacios disputados. Transformaciones Rurales en Chiapas (1998).
• Viqueira, Juan Pedro: Los peligros del Chiapas imaginario. (Letras Libres, enero 1999)