E l panorama internacional ha estado marcado por la inestabilidad y los conflictos: la guerra en Ucrania, la masacre israelí en la Franja de Gaza, las incursiones israelíes en Líbano y Siria, la guerra civil en Sudán, los conflictos armados en la República Democrática del Congo, Myanmar, Pakistán, Irán, Colombia, Haití y México, por mencionar algunos, engloban devastación y un número mundial de personas muertas, desaparecidas, desplazadas y con necesidad de ayuda humanitaria, que ha llegado a su nivel más alto en décadas.

Si bien México no vive un conflicto armado o una guerra abierta reconocidos como tales, los niveles de violencia alcanzados debido a la disputa por el control territorial entre los grandes cárteles con mayor presencia en el territorio han tenido consecuencias similares a las de estos contextos.

A esta realidad de por sí volátil, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos le añade tensión. Desde su toma de posesión se ha suscitado un gran revuelo internacional, pues muy apegado a su ideología de “America First”, ha lanzado una serie de decretos que han generado tanto expectativas como preocupaciones en el ámbito global y algunas muy en particular para México.

En este sentido, el tema migratorio, de por sí polémico, ha tomado particular relevancia con las nuevas medidas y órdenes ejecutivas lanzadas desde el primer día de su gobierno, siendo México especialmente afectado debido a su cercanía con Estados Unidos y al enorme número de mexicanos viviendo en territorio estadounidense (se estima que por lo menos 11 millones, de los cuales 4 millones están en situación irregular).

¿Cooperación o confrontación?

Desde su primera presidencia, Trump generó una relación complicada con México debido a su discurso racista y antimigrante y a sus amenazas sobre la construcción de un muro fronterizo que debería haber sido pagado por México, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la imposición de aranceles.

Con su regreso, ha vuelto a adoptar una postura dura hacia México, reafirmando su compromiso con la seguridad fronteriza, lo que ha materializado ejerciendo presión sobre el gobierno mexicano para el control de las fronteras con el fin de frenar los flujos migratorios y el tráfico de drogas, principalmente de fentanilo, además de amenazar nuevamente con la imposición de aranceles en caso de no hacerlo.

Si bien la cooperación es crucial, también plantea desafíos para la soberanía mexicana y la gestión de sus políticas internas. A partir de la toma de posesión de Trump y hasta el día de hoy, han tenido lugar diversos diálogos entre él y la presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar algunos acuerdos. El más sonado hasta ahora ha sido el de posponer un mes la aplicación de los aranceles del 25% a cambio de que el gobierno de México enviara 10.000 elementos de las fuerzas armadas a la frontera con EE.UU. para evitar el tráfico ilícito de drogas, y participar en tareas de control migratorio. “Lo importante es el diálogo (…) Se trata de colaborar, coordinarnos, sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios”, señaló Sheinbaum.

Entre decretos y absurdos

En sus primeras 24 horas como presidente, Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas, muchas de ellas enfocadas en transformar las políticas migratorias. Por ejemplo, desde el 20 de enero se canceló el uso de la aplicación móvil CBP One, que permitía programar citas en puntos de entrada fronterizos de México con Estados Unidos para solicitar asilo; se suspendió la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos bajo cualquier circunstancia, argumentando que se trata de una invasión; se propuso la eliminación de la obtención de la ciudadanía por derecho de nacimiento, sin embargo, esta orden inmediatamente recibió múltiples demandas en tribunales federales, por lo que un juez la bloqueó temporalmente; y, han comenzado las deportaciones masivas, así como las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en diferentes estados del país.

Otro punto que incluye una de las órdenes ejecutivas de Trump es la reactivación del programa “Quédate en México”, el cual plantea que las personas solicitantes de asilo deben esperar en territorio mexicano las fechas de sus audiencias en Estados Unidos. La pregunta es: si a partir de ahora es prácticamente imposible acceder al sistema de asilo estadounidense, ¿cómo pretende la nueva administración aplicar dicho programa? Además, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha señalado que “durante la primera administración de Trump, más de 71.000 solicitantes de asilo tuvieron que ‘quedarse en México’ y que organizaciones de monitoreo de derechos humanos recopilaron más de 1.500 ejemplos de crímenes violentos que estas personas sufrieron durante su espera a manos del crimen organizado en México y de funcionarios corruptos. El programa enriqueció a los cárteles al proporcionarles una población vulnerable a la que secuestrar y extorsionar, y complicó las relaciones entre Estados Unidos y México”.

La amenaza de las deportaciones masivas y el control de las fronteras

Trump prometió en campaña realizar una deportación masiva de migrantes indocumentados. Entonces, afirmó que las detenciones y deportaciones se centrarían en “delincuentes” y personas con algún antecedente penal, sin embargo, desde las primeras semanas de su mandato, cuando comenzaron las redadas, esto no ha sido así. La NBC reportó que de los primeros días de mandato no es posible encontrar datos, pero lograron encontrar que “de los 4.422 detenidos por el ICE, tan solo en las dos primeras semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena penal ni cargos penales pendientes.”

Esta situación ha generado miedo e incertidumbre entre la población migrante, lo que incluso ha provocado que muchos se resguarden en sus domicilios y no salgan a sus actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela o incluso la compra de alimentos. Además, ha polarizado aún más a la población.

Si bien Sheinbaum afirmó que México recibió a 4.094 deportados durante la primera semana de presidencia de Trump —en su mayoría mexicanos—, según cifras oficiales, no representa un gran cambio, pues durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), México llegó a recibir hasta a 6.500 migrantes deportados a la semana. Hasta mediados de febrero, la cifra casi alcanzaba los 14.000; de los cuales aproximadamente 3.000 han sido de otras nacionalidades, a pesar de la petición del gobierno de México a Washington de deportar a los migrantes a sus países de origen, no a México.

En cuanto al control migratorio, según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), desde la pasada administración de Trump, las autoridades mexicanas han estado impidiendo activamente que las personas migrantes y solicitantes de asilo llegaran a ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos. Según se informa que, tan solo en el último trimestre de 2024, detuvieron a más de 475.000 migrantes del lado mexicano, lo que supone un aumento de casi el 68% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, señalan que “el gobierno mexicano ha llevado a cabo una represión histórica y sostenida de la migración, deteniendo cifras récord de personas migrantes. En 2024, observamos un patrón en el que las autoridades mexicanas transportaban en autobuses a grandes grupos de migrantes desde el norte del país de regreso al sur, obligándolos a reiniciar un ciclo interminable de intentos por cruzar México, exponiéndolos repetidamente a violencia y extorsión”.

Estas nuevas medidas han puesto a México en una situación compleja, y es posible que surjan nuevos retos para el país. Por ejemplo, con las deportaciones masivas, probablemente el mayor impacto se verá a nivel local, a medida que las comunidades intenten asimilar los retornos. La falta de recursos y oportunidades, sumados a que muchas familias han mantenido cierto nivel de vida gracias a las remesas, podrían aumentar los conflictos y poner a las familias en una situación de —aún— mayor vulnerabilidad y riesgo de caer en redes del crimen organizado. Algo similar podría ocurrir con las personas migrantes que han quedado varadas en México y que podrían quedar también más expuestas a violaciones de derechos humanos.

Además, la decisión de la administración de Trump de congelar y reducir drásticamente los programas de cooperación internacional de USAID ha afectado frontalmente el sistema de albergues y protección a migrantes, con proyectos que han tenido que cerrar o reestructurarse reduciendo aún más su capacidad de respuesta.

Polarización

Desde su anterior campaña y mandato, Trump se ha caracterizado por su manejo de un discurso abiertamente racista y anti inmigrante. Esto ha provocado que la percepción de los inmigrantes de diversas nacionalidades en Estados Unidos se vea fuertemente afectada, lo que ha llevado a un aumento en la xenofobia y la discriminación.

Dicho contexto ha generado una fuerte polarización en el país vecino, pues, si bien el gobierno trumpista cuenta con un buen número de simpatizantes y un amplio apoyo de funcionarios y políticos, también es cierto que una buena parte de la población y algunos gobernantes no comparten su visión y discursos de odio.

Hemos visto como tras la implementación de sus órdenes y decretos, se han suscitado diversas reacciones. Legisladores en algunos estados liderados por demócratas han buscado la manera de darles herramientas a indocumentados para que puedan defenderse ante la nueva realidad y han intentado crear una especie de “escudo” para proteger las escuelas, iglesias y otros espacios de las redadas migratorias. De igual manera, líderes religiosos como la obispa Mariann Edgar Budde han pedido a Trump que tenga clemencia con las personas LGBTQ+ y los migrantes, y le han demandado que evite arrestos de migrantes en centros de culto.

Se ha sabido también de empleadores que han protegido a sus trabajadores, personas que han escondido a indocumentados en sus casas o incluso que, durante las redadas, les gritan que no salgan, que tienen ese derecho.

Así también, se han desarrollado una serie de protestas como la llamada “un día sin migrantes”, donde se convocaba principalmente a personas hispanas a no asistir al trabajo ni a la escuela. Se convocó también a un boicot internacional a marcas estadounidenses que apoyan a Trump, no consumiendo sus productos y, se han realizado manifestaciones en varios estados, en donde han salido a las calles miles de personas con consignas como: “Los inmigrantes pagan más impuestos que Trump”, “Alto a las deportaciones masivas” y “Nadie es ilegal en tierra robada”.

Impacto en el sureste mexicano

Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la SEGOB, con base en datos de los puntos oficiales de repatriación del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 2024, Chiapas registró el mayor número de deportados desde Estados Unidos, con un total de 19.959 chiapanecos repatriados, seguido por Guerrero con 18.135 y Oaxaca que registró 15.912.

En lo que va del nuevo gobierno de Trump, aún no hay cifras exactas, pero es posible que estos tres estados del sureste mantengan los números más, altos, pues debido a sus contextos de violencia y pobreza, se han caracterizado por ser estados expulsores desde hace décadas.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos determinó que los vuelos con mexicanos deportados desde ese país lleguen únicamente a la frontera sur de México, específicamente a Tapachula, lo que algunos consideran podría generar un impacto tanto social como económico en la ciudad. “Todo parece indicar que aquellos que no logren regresar de inmediato tendrán que quedarse en la ciudad al menos un día o dos, lo que implicaría gastos en hospedaje, alimentación y otros servicios básicos, lo cual, podría generar una derrama económica en sectores específicos”, mencionó el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap).

El primer vuelo arribó el pasado 20 de febrero con un total de 122 personas, al día siguiente fueron repatriadas 84, el sábado llegaron 157 y este martes fueron deportados 107, sumando 470 personas originarias de Puebla, Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz y Ciudad de México, entre otros. A los deportados se les otorga una tarjeta del Bienestar con 2.500 pesos para que puedan llegar a sus estados de origen, y en algunos casos se les ayuda a comprar un boleto de autobús para su regreso a los poblados de origen.

También en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Policía Municipal intensificaron los operativos, principalmente en Tapachula y corredores migratorios, con el objetivo de detener a migrantes que se encuentran en territorio nacional en situación irregular.

En este sentido, el Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur denunció el incremento en las revisiones y detenciones de personas migrantes en carreteras y en ciudades como Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, como parte del despliegue de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Estos operativos y detenciones, al igual que las redadas que tienen lugar en los Estados Unidos, han generado tensión en quienes buscan permanecer en el país o continuar su travesía hacia el norte, y los mantienen entre el miedo y la incertidumbre.

Existe la preocupación de que, con las nuevas exigencias de Trump para el control de los flujos migratorios, el aumento de la militarización y la reciente presencia de las FRIP, se produzca un aumento de acciones violatorias de los derechos humanos de las personas y familias en movilidad.

Más ocurrencias por venir

Al parecer, cada día surgen nuevas ideas para el control migratorio desde el imaginario del primer mandatario de los Estados Unidos. Tan solo en la última semana de febrero, anunció la creación de un registro para migrantes indocumentados y lanzó una nueva campaña para deportar a los niños migrantes no acompañados.

Sobre el registro, han señalado que es obligatorio y han advertido que quienes no envíen su información para integrarla a la nueva base de datos podrían enfrentarse a sanciones penales. Dicho sistema tiene el fin de obligar a los inmigrantes indocumentados a salir “voluntariamente” de Estados Unidos.

En cuanto a la ofensiva contra menores no acompañados, la iniciativa establece que los agentes de ICE deberán seguir el rastro de los menores no acompañados para determinar si se les cita en los tribunales o si se les deporta. Organizaciones defensoras de migrantes denuncian que dicha campaña contra los niños tiene como objetivo real a los familiares que los acogen.

Así pues, es muy probable que este escenario de políticas, órdenes ejecutivas, decretos y contradicciones continúe en los próximos meses. ¿Cuál será la postura del gobierno mexicano?, ¿Existen las condiciones para hacer frente a las repercusiones de las políticas y amenazas del gobierno de Donald Trump? Si bien este artículo está centrado en las políticas migratorias, son muchos más los ámbitos que se verán afectados por las ocurrencias o arrebatos del mandatario del país vecino.