ACTUALIDAD: “Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos”
03/03/2017ARTÍCULO: Violaciones de los derechos humanos en la región fronteriza entre Guatemala y México
03/03/2017El 1º de enero de 2017, desde el caracol de Oventik, el Congreso Nacional Indígena (CNI) confirmó públicamente su decisión de “nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. (…) Que este concejo se proponga gobernar este país. (…) Este consejo lo presidirá una mujer indígena del CNI, (…) o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018.”
Esta propuesta, que ha generado mucho revuelo y polémica, surgió en octubre pasado, al finalizar la Quinta Asamblea del CNI en Chiapas a través de un comunicado conjunto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) titulado “Que retiemble en sus centros la tierra” (parafraseando el himno nacional). Para enero, se había consultado en un total de 525 comunidades de 43 pueblos en 25 estados de México. 430, es decir el 82 % de ellas aprobaron la propuesta. El proceso de consulta sigue hasta la fecha y la asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México está prevista para el mes de mayo, nuevamente en Chiapas. En esta fecha será dado a conocer el nombre la candidata.
Si bien al principio la idea nació del EZLN y fue la comandancia que la propuso al CNI, este ha aclarado en más de una ocasión que “el CNI es quien va a decidir si participa o no con una delegada propia, y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo” y “que no importaba si ganaban o no la Presidencia de la república, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la limosna y la lástima (…), que su atrevimiento cimbraría al sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno, sino en muchos de los Méxicos de abajo… y del mundo” . El EZLN explica igual que “no se busca que una mujer indígena del CNI sea presidenta, sino que lo que se quiere es llevar un mensaje de lucha y organización a los pobres del campo y de la ciudad de México y del mundo.”(Comunicado del EZLN “Una historia para entender”, 17 de noviembre de 2016).
Para entender esta nueva propuesta, es importante recordar el caminar del CNI a lo largo de poco más de 20 años. En este plazo, el CNI se ha mantenido como “la casa de los pueblos Indígenas de México”, compartiendo demandas, reuniones y acciones en defensa de su tierra, territorio, identidad y cultura bajo el lema “Nunca más un México sin nosotros” (Comandanta Ramona, Ciudad de México, octubre de 1996). En este artículo, recuperaremos parte de sus orígenes y trayectoria para tratar de explicar cómo y porqué llegó a acordar esta propuesta por lo demás todavía en proceso de construcción.
“Ya basta” a más de 500 años de explotación, despojo, represión y discriminación
Desde la conquista española, los pueblos indígenas han padecido explotación, discriminación y pobreza. Libros, informes y estadísticas -pasadas y actuales- respaldarían esta afirmación. Hasta el Estado mexicano ha reconocido la “deuda histórica” que tiene con sus pueblos indígenas. El profesor Luis Villoro narra cómo la República Mexicana se constituyó “por un poder criollo y mestizo que impuso su concepción de Estado moderno a las comunidades indígenas.”
Después de proclamarse la Independencia de México en 1821, y al deshacerse del dominio de la Corona española, México se convirtió en una nación soberana, pero los pueblos indígenas siguieron siendo explotados, ya no en encomiendas sino en grandes latifundios. Además, aunque el país estaba dividido en muchos pueblos con culturas diferentes, las primeras constituciones inspiradas en el modelo europeo cruzado por la idea de una homogeneidad de la Nación nunca reflejaron esa pluralidad.
El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 fue la expresión de un “Ya basta” ante un contexto de opresión y marginación en el que fueron cambiando actores y factores pero nunca la relación de poder de fondo. Las demandas fundamentales del EZLN fueron por “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, y su consecución tendría que pasar por “nuevas relaciones políticas entre gobernantes y gobernados” (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1994).
Entre 1994 y 1996, se realizaron varios procesos de diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal. Paralelamente y hasta la fecha, ha generado varios encuentros y esfuerzos de articulación del zapatismo con la sociedad civil nacional e internacional y, de manera específica, con otros pueblos indígenas. En enero de 1996, el EZLN convocó al primer Foro Nacional Indígena en el que se iban a sembrar las bases de lo que daría vida al CNI.
El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Sak’amchén de los Pobres, municipio tsotsil de Los Altos de Chiapas, el EZLN y el Gobierno Federal firmaron los acuerdos de la primera mesa de diálogo sobre derechos y cultura indígena. Reflejaban no nada más las propuestas del EZLN sino también lo hablado entre los más de 300 representantes de 35 pueblos indígenas mexicanos que llegaron al Foro Nacional Indígena el mes anterior. Respaldados no sólo por organizaciones indígenas sino también por civiles y sociales así como intelectuales, las Comisiones Nacional de Intermediación (CONAI) y de Concordia y Pacificación (COCOPA, instancia legislativa para coadyuvar en los diálogos), los Acuerdos de San Andrés establecieron cuales deberían ser los principios históricos, políticos, sociales, económicos y culturales para acabar con el racismo, la marginación y la exclusión de todos los pueblos indígenas de México así como para propiciar su libre determinación.
“Vivir la democracia”
El CNI se constituyó formalmente el 12 de octubre de 1996. En los primeros años de su existencia, gran parte de su agenda se centró en lo discutido e inicialmente aprobado en San Andrés ya que también parecía vía de solución a una amplia gama de demandas de los pueblos indígenas a nivel nacional, en su conjunto y diversidad. Por otra parte, es importante resaltar el trabajo hacia dentro que caracterizó esta primera etapa.
Desde su primera declaración, el CNI planteó su propósito central: hacer una “Patria Nueva”, “esa patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros”. En su primera resolución, el CNI decidió dar su mandato a una Asamblea Nacional Indígena para llevar a cabo los consensos y acuerdos ya tomados. Aclararon que, como pueblos indígenas, no buscan “reproducir las formas de dominación o de control con las que durante tantos años nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia” (Primera Asamblea Nacional, noviembre de 1996). Han retomado en este sentido los principios zapatistas “Servir y no Servirse; Construir y no Destruir; Obedecer y no Mandar; Proponer y no Imponer; Convencer y no Vencer; Bajar y no Subir; Enlazar y no Aislar”.
Se constituyó también una Comisión de Seguimiento del CNI para ejecutar y monitorear los acuerdos; elaborar diagnósticos, análisis y alternativas de solución; elaborar propuestas, programas de trabajo, favorecer el enlace y la comunicación entre varios grupos de trabajo (Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés, Legislación indígena, Tierra y territorio, Justicia y Derechos Humanos, Auto-desarrollo económico y Bienestar social, Cultura y Educación, Comunicación, Mujeres, Jóvenes e Indígenas migrantes).
Con esta estructura, el CNI empezó a consolidarse como espacio plural de encuentro, debate y acuerdo para unir luchas y acciones encaminadas a generar su autonomía y salvaguardar sus territorios y culturas: “Este es el espacio donde somos esperanza y proyecto de una nueva humanidad, porque la lucha de nuestros pueblos no es en contra de un gobierno particular, sino en contra de un sistema globalizador que trata de eliminarnos del planeta. Esta lucha con y por la humanidad nueva, nos hace hermanos entre los pueblos” (Segundo Congreso Nacional Indígena, 1998).
Del “Reconocimiento Constitucional de nuestros derechos colectivos” al inicio de la “construcción de la autonomía por la vía de los hechos”
Poco después de firmar los Acuerdos de San Andrés, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) presentó una contrapropuesta a la elaborada por la COCOPA, rompiendo con el procedimiento aprobado de antemano entre las partes. Se suspendió el diálogo. Sin embargo, los Acuerdos de San Andrés se volvieron un texto de referencia para los pueblos indígenas mexicanos, quienes continuaron movilizándose y organizándose para exigir al gobierno su cumplimiento inmediato e integral buscando un reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos.
Para legitimar esta opción, el EZLN y el CNI llamaron en marzo de 1999 a toda la población mexicana, indígena y no indígena, a “impulsar y realizar, junto con otros sectores de la sociedad, la Consulta Nacional convocada por el EZLN, para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Fin de la Guerra de Exterminio”. Al final participaron en dicha consulta más de 2,5 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, ampliando la base de legitimidad de lo incluido en los Acuerdos de San Andrés.
En julio del 2000, luego de 71 años de gobierno sin interrupción, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia de la República ante Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN). A partir de su toma de posesión, se observó un cambio en comparación con la administración anterior: volvió a colocar el tema del conflicto armado en Chiapas en la agenda nacional, ordenó el retiro de 53 retenes militares en el estado y presentó la iniciativa de reforma constitucional de la COCOPA sobre derechos y cultura indígena al Congreso.
En febrero de 2001, de manera coordinada con el CNI, los zapatistas realizaron la “Marcha del Color de la Tierra” para defender la importancia de este texto ante el Congreso de la Unión. Recorrieron doce estados de la República y, no sin dificultad, la Comandanta Esther habló en la Cámara de Diputados en un momento esperanzador para el proceso de diálogo y los derechos de los pueblos indígenas. En el mismo recinto, Juan Chávez Alonso, dirigente purépecha de Michoacán e integrante del CNI, expresó: “Somos los indios que somos, somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos; queremos seguir siendo los pueblos que somos; queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos; queremos seguir pensando la palabra que pensamos; queremos seguir soñando los sueños que soñamos; queremos seguir amando los amores que nos damos; queremos ser ya lo que somos; queremos ya nuestro lugar; queremos ya nuestra historia, queremos ya la verdad”.
Sin embargo, en abril, el presidente Fox promulgó la “ley indígena” aprobada por el Congreso de la Unión que tanto el CNI como el EZLN rechazaron calificándola de “traición” y de “burla”, que ni siquiera representaba una lejana aproximación a la propuesta de la COCOPA. El CNI afirmó que la ley “no sólo violenta la voluntad del pueblo y es inconstitucional, sino que resulta profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales” (Manifiesto del CNI sobre ley indígena, mayo de 2001). Denunció, por ejemplo, que la iniciativa “desconoce, en lo relativo a los territorios de nuestros pueblos, el marco legal ya establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no reconoce nuestras tierras y territorios de acuerdo a los conceptos que se recogen en dicho Convenio. El término «territorios» es groseramente sustituido por el de «lugares», por lo que quedamos desprovistos del espacio físico inmediato para el ejercicio de nuestra autonomía y para la reproducción material y espiritual de nuestra existencia». Fustiga también que la “contrarreforma” constitucional otorgó a las comunidades indígenas “en forma caritativa y piadosa, el carácter de entidades de interés público y no de derecho público como lo establece la Iniciativa de la COCOPA omitiendo garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía”.
Esta ley iba a marcar una ruptura no nada más con el gobierno sino con todos los partidos políticos (que a través de su votación propiciaron su aprobación) tanto para el EZLN como para el CNI. A partir de ese entonces, ambos declararon que con o sin reconocimiento legal seguirían impulsando el ejercicio de su autonomía y de sus derechos: “No esperaremos a que el Estado mexicano haga el reconocimiento de nuestra existencia y de nuestros derechos, el reconocimiento de la sociedad civil lo tenemos ganado, caminaremos nuestro propio camino como siempre lo hemos hecho” (CNI, Octava Asamblea Nacional, noviembre de 2001). El CNI proclamó los acuerdos de San Andrés como ley propia y empezó a promover el ejercicio directo de la autonomía de los pueblos indígenas: “Haremos efectivos los Acuerdos de San Andrés mediante el ejercicio cotidiano de la autonomía indígena, la construcción de autonomías comunales, municipales, regionales y la reconstitución integral de nuestros pueblos”.
Una construcción de la autonomía bajo constante asedio
Desde antes como pueblos indios y más claramente desde su conformación, el CNI no ha dejado de denunciar los constantes y persistentes atropellos que han sufrido los pueblos indígenas: la militarización, la represión, las sistemáticas violaciones a sus derechos y garantías constitucionales, así como el continuo intento del gobierno de dividirlos: “Durante siglos excluidos, sometidos y dominados por quienes se han adueñado de la Patria, y que ante la imposibilidad de exterminarnos, han tratado de destruirnos mediante engaños, manipulaciones e intentos de cooptación; se esfuerzan por dividirnos a toda costa; se empeñan en hacernos creer que somos del pasado; se entercan en condenarnos al olvido, al silencio, al cansancio o a la lenta agonía de la desintegración cultural, y esperan con ansia el momento de convertirnos en ruinas arqueológicas o viejas piezas de museo, o bien, devorar cínicamente nuestros restos descompuestos.” (Segundo Congreso Nacional Indígena, octubre de 1998)
En Chiapas, la consolidación de la autonomía zapatista se hizo pública en agosto de 2003, al presentar un nuevo nivel organizativo de carácter regional con la formación de los Caracoles desde los que fungen las Juntas de Buen Gobierno (JBG, estructuras rotativas integradas por delegadas y delegados de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas). Representantes del CNI saludaron la iniciativa y se comprometieron a continuar el ejemplo de los zapatistas, promoviendo la autonomía indígena en todo el país, y defendiendo en la práctica los derechos de los pueblos indios.
Tanto en Chiapas como al nivel nacional, la construcción de la autonomía y la defensa del territorio frente a amenazas como pueden ser las imposiciones de megaproyectos, han ido de la mano de la represión en muchos lugares como San Salvador Atenco, Estado de México (donde en 2006, enfrentamientos entre policías y la población organizada en contra de un aeropuerto internacional dejó un saldo de 2 muertos, 207 personas detenidas, cinco extranjeros expulsados así como vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres); San Juan Copalá, Oaxaca; la tribu yaqui (que busca impedir la construcción de un acueducto en sus tierras); Cherán (que decidió regirse por el sistema de usos y costumbres ante la colusión de los políticos con la delincuencia organizada) y Santa María Ostula, Michoacán (organizados contra los megaproyectos carretero y turístico que se pretenden imponer en territorio Nahua); Xochicuautla, Estado de México (contra el proyecto carretero Toluca Naucalpan), entre otros.
En octubre de 2007 en la comunidad Yaqui de Vícam (Sonora), se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por autoridades tradicionales de la misma tribu, el CNI y el EZLN. Asistieron al encuentro 570 delegados indígenas procedentes de 12 países americanos, representando a 66 pueblos. En este marco, se reforzó que las problemáticas vinculadas a Tierra y Territorio eran las que más aquejaban los pueblos indígenas no nada más en México sino en toda América Latina. El comunicado final planteó explícitamente: “Rechazamos la guerra de conquista y extermino capitalista impuesta por las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales en complicidad con los grandes potencias y los estados nacionales. Rechazamos la destrucción y el saqueo de la madre tierra a través de la ocupación de nuestros territorios para la realización de actividades industriales, mineras, agroempresariales, turísticas, de urbanización salvaje e infraestructura, así como la privatización del agua, la tierra, los bosques, los mares y las costas, la diversidad biológica, el aire, la lluvia, los saberes tradicionales y todo aquello que se nace en la madre tierra. Nos oponemos a la certificación de las tierras, costas, aguas, semillas, plantas, animales y saberes tradicionales de nuestros pueblos con el propósito de privatizarlos”.
En 2009, en Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, la XXV Asamblea Nacional Ampliada del CNI denunció “la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma” (Pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena).
Por otro lado, en los últimos 10 años, análisis y acciones de grupos integrantes del CNI han dejado claro que poderes económicos y fácticos (empresas nacionales e internacionales, y delincuencia organizada) han venido jugando un papel creciente en el despojo, dificultando aún más las posibilidades de defensa.
Aún en medio de la tormenta, mantener la capacidad de tomar iniciativas
Dado este contexto de constante asedio, en octubre de 2016, el CNI en un comunicado en conjunto con el EZLN consideró que “la ofensiva en contra de los pueblos no cesará sino que pretenden hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo” se declaró en asamblea permanente y anunció que iniciará una consulta en cada uno de sus pueblos «para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción.” El CNI especificó muy claramente que su lucha “no es por el poder” sino para llamar a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarse “para detener esta destrucción […] construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo”. El mismo comunicado marcó la continuidad y profundización de lo que han venido denunciando y dio 27 ilustraciones del despojo actual, de “la tempestad y ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria no sólo para los pueblos indígenas y campesinos sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, enfermados, esclavizados, secuestrados o desaparecidos”.
Por lo mismo y a pesar de ello, el CNI y el EZLN plantearon que “llegó el momento de atacar, de pasar a la ofensiva”; y concluyeron “es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.