Actividades de SIPAZ (De mediados de noviembre a mediados de febrero de 2011)
28/02/2011
ACTUALIDAD: Buscando alternativas frente a la creciente militarización
31/08/2011
Desde hace catorce años, el 14 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de Acciones contra las Represas. Este año en México se organizaron varias actividades y marchas en distintas partes del país, incluyendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Cálculos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente indican que, hasta 2000, en México se registraron más de 170.000 desplazados, resultado de la construcción de tan sólo 20 de más de 4.000 proyectos en danza. Desde 2006, el gobierno mexicano anunció que habría un importante crecimiento en la generación de energía hidráulica, eólica y geotérmica entre 2005 y 2014. Actualmente, un 21% de la electricidad producida en México proviene de recursos hidroeléctricos (segunda fuente de energía en el país). Pensando en ampliar la aportación hidráulica, se podrían implementar nuevos proyectos, algunos de los cuales ya han desencadenado rechazo y procesos organizativos que buscan impedir su realización.
Dos mitos respecto a las represas
Existen al menos dos mitos respecto a las represas: Uno de ellos es considerarlas como símbolos de desarrollo económico. En los ’80, México era el país con el más alto índice de población desplazada por proyectos hidráulicos e hidroeléctricos a nivel mundial, fruto de una estrategia que centró gran parte de sus esfuerzos en la construcción de grandes infraestructuras. Esta percepción se ha mantenido a la fecha por parte de algunos actores.
En un ejemplo más reciente, el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve -quien fuera candidato para la gubernatura de Guerrero- refrendó su apoyo a la construcción de la hidroeléctrica de La Parota argumentando que «nadie puede estar en contra del desarrollo de Acapulco». Afirmó que la hidroeléctrica es «una nueva región importante económicamente y que va a generar 10.000 empleos».
El «desarrollo industrial» y los procesos más amplios de integración económica no pueden ya concebirse sin la energía eléctrica, uno de sus motores. En el diseño e implementación del Plan Puebla Panamá (renombrado Plan Mesoamérica), las grandes infraestructuras (carreteras y red eléctrica) han sido consideradas prioridades y fueron avanzando desde 2004.La puesta en operación del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), a los que se suman las interconexiones eléctricas entre Guatemala-México y entre Panamá-Colombia, es ya inminente.
Sin embargo, no sólo los activistas y procesos organizados en contra de represas han venido cuestionando este modelo de «desarrollo«. En un informe publicado en 2000, la Comisión Mundial de Represas (organismo auspiciado paradójica mente por el Banco Mundial, institución financiera que históricamente ha promovido este tipo de mega proyectos) reconoció que «en demasiados casos, para obtener estos beneficios se ha pagado un precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales (…). Comparativamente con otras alternativas, la falta de equidad en la distribución de los beneficios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas represas a la hora de satisfacer las necesidades de agua y energía para el desarrollo.»
El segundo mito es considerar la hidroelectricidad como «energía verde» o no contaminante en su modo de obtención o uso. Esta percepción la puede hacer aparecer como particularmente atractiva cuando el agravamiento del «efecto invernadero» y el consecuente «calentamiento global» han generado una mayor toma de conciencia a nivel internacional con respecto a dicha problemática. La energía hidráulica se obtiene del aprovechamiento de las energías de la corriente del agua. Ciertamente, y es una de sus principales ventajas, es una energía renovable, no produce humo ni contamina químicamente el agua. No obstante, sería considerada «energía verde» únicamente cuando su impacto ambiental fuera mínimo y usara la fuerza del agua sin represarla, lo cual no es el caso de las centrales hidroeléctricas o represas. La Comisión Mundial de Represas afirmó también: «los impactos generalizados de las grandes represas han inflamado conflictos relacionados con la ubicación y los impactos de las grandes represas, tanto las existentes como las propuestas, convirtiendo hoy en día a las grandes represas en uno de los asuntos más controvertidos en materia de desarrollo sustentable.»
El porqué de la resistencia: principales cuestionamientos a las represas
© SIPAZ
De manera general, la construcción de represas puede conllevar la violación de múltiples derechos humanos reconocidos en México y el mundo. En el caso de la población indígena están estipulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la más reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas reconocidas por el Estado Mexicano.
Obviamente, las primeras víctimas en estos proyectos son las personas que se encuentran expulsadas de su lugar de origen justamente para posibilitar su construcción. Se estima que las 45.000 grandes represas construidas en el mundo han desplazado a 80.000.000 de personas de sus tierras y hogares. En el caso de México, por ley el gobierno federal, tiene el derecho de expulsar a parte de la población de sus tierras para implementar proyectos considerados de «utilidad pública». No obstante, tendría que ser previa información, consulta y considerando una indemnización para los afectados.
Según la organización International Rivers, «Más de 575 represas grandes ya fueron construidas sobre los ríos de México. El país ostenta la represa más alta del continente americano y la sexta más grande del mundo: la Represa de Chicoasén en el Estado de Chiapas. Las represas de México han desplazado a la fuerza a más de 167.000 personas. La Represa Temascal en Oaxaca desplazó a casi 25 mil indígenas Mazatecas (…). En su mayoría, no recibieron ninguna compensación por sus tierras u otras pérdidas, y cuando protestaron se incendiaron sus casas. Las promesas de electricidad y agua de riego nunca se cumplieron, y casi 200 personas desplazadas murieron».
Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas detalla: «Para construir una represa, durante las negociaciones con los futuros desplazados se les prometen por lo general siete elementos básicos: energía eléctrica en el nuevo poblado de reasentamiento, agua potable algunas veces gratuita, alimentos, proyectos de ‘desarrollo’, pavimentación de calles, transporte y la construcción de infraestructura social como clínicas de salud y escuelas. Siempre son promesas incumplidas y en ocasiones han pasado 5, 25 o hasta 50 años en que dura la vida útil de una represa y jamás haber recibido los beneficios prometidos».
Por otro lado, en los análisis de impacto, muchas veces no se consideran a quienes no tienen tierras o título legal de las mismas, o bien a quienes son empleados, casos que no son nada aislados en la compleja realidad del campo mexicano. Eso les puede dejar fuera tanto de los procesos de consulta como del de las indemnizaciones (cuando se dan). En el caso de la Parota, en Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan menciona el ejemplo del núcleo agrario de Cacahuatepec que cuenta con más de 40.000 habitantes, mientras su padrón sólo reconoce a 7.286 personas en calidad agraria de comuneros.
Lejos de ser una energía verde, las represas tienen un fuerte impacto ambiental: constituyen una de las principales causas de pérdida de millones de hectáreas de bosques, muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. De ahí que todas las represas no emitan humo pero sí, grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, los dos gases de efecto invernadero más importantes. El río también va arrastrando más sedimentos orgánicos al embalse aumentando materia orgánica en putrefacción. Por otra parte, las aguas estancadas de las represas pueden generar una multiplicidad de enfermedades de mayor o menor gravedad, principalmente gastrointestinales, plagas y moscos.
Las represas también generan una fuerte pérdida de biodiversidad. La fauna terrestre es desplazada a áreas aledañas al embalse, que no siempre son adecuadas para su supervivencia, y debe competir con las poblaciones ya existentes en ellas, o muere ahogada durante la inundación. Según Gustavo Castro, «Las descargas de agua fría de la presa matan algunas especies de peces y toda la biodiversidad que depende de las inundaciones naturales. Desplaza y mata animales de ecosistemas; elimina humedales, fuentes subterráneas de agua, bosques únicos y la fertilidad de las tierras por los sedimentos naturales que ya no llegan. Con la apertura de caminos para el paso de maquinarias y otras infraestructuras obliga a tumbar más bosques. A su vez los desplazados destruyen más bosques para su reasentamiento eliminando más biodiversidad. Tampoco se busca la reforestación en otros lugares con el fin de mitigar sus impactos».
En los impactos ambientales, es relevante mencionar que las grandes represas afectan los efectos sísmicos por la presión ejercida de las grandes cantidades de agua contenidas en sus embalses. En el caso de México, varias están construidas en zonas con fuerte presencia de terremotos.
También se señala que el promedio de exceso de costos en grandes represas es de un 56% por encima del calculado inicialmente, generando endeudamiento de los gobiernos y pueblos pero, por lo general, se considera que estos incrementos se deben principalmente a actos de corrupción. Por último, en más de un caso, se impusieron las represas a costa de más represión, desinformación, engaños y militarización. La Comisión Mundial de Represas concluyó que: «En los hechos la rentabilidad económica real de las grandes represas continúa siendo difícil de establecer ya que no se consideraron suficientemente los costes ambientales y sociales en términos económicos. Más concretamente, al no considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse los compromisos adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, dando lugar a que las comunidades afectadas de todo el mundo muestren una oposición creciente a las represas.»
Tres ejemplos en el Sureste mexicano
CHIAPAS
© zonalibretapachula.com
Actualmente, Chiapas cuenta con el sistema hidroeléctrico más grande del país, con el 50% de la generación hidroeléctrica que equivale al 3% del total de electricidad. En el caso de Chiapas, más allá de los proyectos en puerta, habría que tomar en cuenta algunos riesgos en el caso de algunas represas que se encuentran funcionando, y recordar aquí que tienen una vida útil de aproximadamente 50 años. En momentos de fuertes lluvias (fenómeno meteorológico que se ha agudizado en los años recientes), las represas y la población en la cercanía pueden encontrarse en peligro: por riesgo de que se rompa o se agriete la cortina; o por decisión de soltar agua contenida en el embalse para reducir este primer riesgo; por ende, se pueden agravar las inundaciones.
En noviembre de 2007, un deslizamiento de 500.000 toneladas de tierra desapareció por entero la comunidad del Juan Grijalva, interrumpiendo el cauce del río Grijalva y suspendiendo la operación del sistema hidroeléctrico. La población afectada fue reubicada en «Nuevo San Juan Grijalva», primera Ciudad Rural Sustentable, una opción fuertemente promovida por el estado pero cuestionada por actores de la sociedad civil. Para limitar los riesgos a futuro, se construyeron túneles entre 2009 y 2011 en la curvatura del río ante la eventualidad de lluvias extraordinarias.
En 2010, Humberto Marengo Mogollón, coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE declaró que existen 33 sitios aptos para represas y el potencial para que se determinen otros más en el estado. Por otro lado, en marzo del presente año, el VIII Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) tuvo lugar en Huitiupan, donde hace 30 años se intentó construir la represa Itzantún que enfrentó la resistencia de los pobladores, logrando su cancelación en 1983. De reactivarse, se perderían 11.800 hectáreas, los pobladores de entre 30 y 35 comunidades indígenas se quedarían sin tierras, y decenas de comunidades de seis municipios aledaños que se benefician del caudal del río Santa Catarina quedarían afectadas.
OAXACA: PASO DE LA REYNA
© SIPAZ
Desde 1966, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viene realizando diversos estudios en el cauce principal del Río Verde –en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca– para determinar las características hidrológicas, geológicas, ambientales y sociales, así como el potencial hidroeléctrico de esta importante cuenca del país. A partir de febrero de 2006, la misma CFE ha estado visitando a las localidades de la zona con la finalidad de presentar parte de un proyecto denominado «Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reyna». Dicha presa tendría una cortina de 195 metros y afectaría directamente 3100 hectáreas en 6 municipios y 15 localidades de la costa oaxaqueña. Estas localidades están integradas por población indígena mixteca y chatina, así como población mestiza y afro mestiza. La presa impediría el normal flujo de agua al parque nacional de la laguna de Chacahua, afectaría el frágil ecosistema y la rica y única biodiversidad, poniendo la supervivencia de varias especies animales y vegetales en peligro.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se constituyó el 9 de junio de 2007 en San José del Progreso Tututepec para defender su territorio, agua y recursos naturales. La oposición a la construcción de la presa ha ido creciendo en la zona, denunciando que no se han tomado en cuenta su palabra y considerando los riesgos que implica para los habitantes.
GUERRERO: LA PAROTA
Se ha estado elaborando el proyecto de la Parota desde hace más de 30 años. Se realizaron una serie de estudios entre 1976 y 2002. En 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevó su maquinaria pesada para construir las carreteras necesarias para realizar la represa, proceso que se ha logrado detener hasta la fecha.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de construirse la presa, afectaría a 21 comunidades. Inundaría 17.300 hectáreas de tierras fértiles y productivas. De manera directa, 25.000 personas tendrían que ser desplazadas porque sus tierras quedarían bajo el agua (aunque la CFE reconoce solo a 3.000 afectados directos). De manera indirecta, unas 75.000 personas estarían afectadas por el desvió del río: sin agua para irrigar sus tierras y para vivir, los campesinos ya no tendrían como subsistir (la CFE no prevé ninguna compensación para los afectados indirectos).
Tlachinollan ha denunciado la estrategia de imposición en: «el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades rompiendo el tejido social; la falta de información y consulta a quienes serán afectados por las obras violando sus derechos fundamentales; la convocatoria y realización de asambleas comunales violando la Ley Agraria y el Estado de derecho; la utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas; la criminalización de quienes se han opuesto al proyecto a través de la liberación de órdenes de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados; y, las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto». Las divisiones ocasionaron tres muertos, tres heridos graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos, resultado de enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.
En 2003, los campesinos de la región que resultaría afectada por la Parota conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP). Han logrado que se cancele la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas privadas para la construcción de la presa, así como impedir que el gobierno mexicano emita el decreto de expropiación. También se han beneficiado de un fuerte apoyo internacional, incluyendo a varios relatores de la ONU así como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En lo jurídico, han ganado cinco juicios echando atrás asambleas «amañadas» en las que se ‘aprobaba‘ la expropiación. El nuevo gobernador Ángel Aguirre ha afirmado que respetará la decisión de los comuneros pero en reunión con el CECOP, el día 7 de mayo, no quiso firmar el documento denominado los Acuerdos de Cacahuatepec, que rechaza el proyecto hidroeléctrico. El CECOP dice que seguirá luchando hasta ver la resolución de no construcción de la presa en el Diario Oficial de la Federación.
Impacto local, lucha global
Si bien los impactos al construir represas se dan principalmente en lo local, más no exclusivamente, parte de la fuerza que han adquirido los procesos contrarios se debe en buena medida en su capacidad de ir tejiendo redes, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante darnos cuenta de que la energía eléctrica que disfrutamos algunos, muchas veces ha sido a costa de la vida y tragedia de millones de humanos y seres vivos, de millones de hectáreas de tierras posiblemente fértiles inundadas, y de impactos climáticos que al final todos sufrimos hoy en día.
