Desarrollo… ¿Para quién?

L a historia de la región sur-sureste, donde se encuentran Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ha estado marcada por importantes movilizaciones sociales. El conjunto de características geográficas, políticas, económicas y sociales, así como la riqueza en recursos y ubicación geopolítica estratégica, han hecho que en esta región se reúnan las condiciones de conflictividad propicias para el surgimiento de diversos movimientos sociales, los cuales han sido una constante histórica en el territorio. Estos movimientos surgen como procesos de legítima resistencia para la protección de su territorio, sus recursos y sus formas de vida.

Desde el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), el gran impulsor de la política neoliberal, el modelo de desarrollo económico en México ha estado basado en el saqueo indiscriminado de los recursos estratégicos ubicados mayormente en territorios indígenas. Este despojo es impulsado para maximizar el control de las grandes empresas sobre los bienes naturales y el territorio, mientras el gobierno mexicano no ha mostrado interés por garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos colectivos y agrarios.

El impulso de la política extractivista ha implicado una serie de reformas legislativas que iniciaron en 1992 tanto en la Constitución mexicana como en leyes secundarias. La primera reforma fue la del artículo 27 constitucional, seguida por la reforma a la Ley agraria y la creación de una ley minera.

La modificación del artículo 27 tuvo como principal objetivo frenar la propiedad ejidal o comunal, así como debilitar la organización colectiva y las decisiones relacionadas con el destino del territorio. La Ley minera implicó que esta actividad adquirió legalmente el carácter de interés general y utilidad pública, lo que dio a las empresas mineras un acceso preferente para aprovechar la tierra y el agua frente a cualquier otro uso. Esta ley fue reformada en 1996, 2005, 2006 y 2014, fortaleciendo un marco jurídico que permite el saqueo legal de los bienes naturales de los territorios indígenas y campesinos al impulsar y avalar la inversión privada (nacional y extranjera) en terrenos de propiedad social.

Por otro lado, el modelo extractivista se ha ido articulando mediante relaciones con grupos criminales que se han posicionado y estacionado en enclaves estratégicos. Estos grupos han violentado los derechos colectivos de las comunidades a decidir sobre sus bienes naturales, y establecen condiciones de sitio, de control político y social donde —casualmente— las empresas operan cómodamente. En la última etapa, los grupos criminales han competido por el control territorial para obtener mayores ganancias y han diversificado sus economías, no solo la droga, el tráfico de armas o de migrantes sino negocios legales, la minería, por ejemplo, siendo un negocio altamente rentable gracias a extorsiones millonarias.

Actualmente, el modelo neodesarrollista de la 4T sigue privilegiando actividades extractivas sobre las formas de vida de las personas, pueblos y comunidades, según varios analistas. La propuesta política del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha implicado un cambio en el modelo de desarrollo en México impulsado desde hace décadas. En la agenda nacional de este último sexenio ha habido al menos 1.600 proyectos y megaproyectos a realizarse. En el Sureste del país, región prioritaria para el gobierno de AMLO, se ha mantenido una política muy similar a los gobiernos anteriores incluyendo la continuidad de las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos anteriores, la modernización de refinerías, el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec (o Corredor Interoceánico) y el Tren Maya.

Incluso en 2021, el gobierno federal publicó un decreto que declaraba “de interés público y seguridad nacional” los proyectos que el gobierno considerara prioritarios y estratégicos, ordenando que se otorgaran las autorizaciones necesarias, incluidas las ambientales, en un plazo máximo de cinco días. Este acuerdo ignoró los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables al territorio y a la autonomía. Además, la militarización del país ha complicado aún más la situación, con varias intervenciones militares para reprimir protestas o bloqueos relacionados con estos proyectos.

La Carta pastoral “Caminemos a la luz del Señor” del obispo de San Cristóbal publicada en 2020 expresó en su momento que “el proyecto de desarrollo a nivel federal puede estar muy bien pensado y planeado, pero las instancias intermedias, y sobre todo finales, provocan con frecuencia despojo de los territorios, que se logra a través de diversas estrategias como el desplazamiento forzado, la amenaza, el engaño en la compra de las tierras, la presión con programas sociales, la coerción mediante leyes que favorecen a los poderosos, y la violencia que se da por medio de la policía federal, estatal y municipal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como por grupos de choque, paramilitares o de narcotráfico”.

Por su parte, el Capitán Marcos, en su comunicado “Adagios” señala que “en su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista, y su objetivo es destruir/reconstruir, despoblar/repoblar. Destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento de una zona es el destino de esa guerra (…) Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son solo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es solo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama ‘Tren Maya’ y ‘Corredor Transístmico’. A los árboles y animales no se les pueden cobrar cuotas, en cambio, sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera en el sureste mexicano”.

Para quienes defienden el territorio, los proyectos extractivos, ecoturísticos y de infraestructura se han vuelto un factor de alto riesgo. Además, en la mayoría de los casos, los megaproyectos representan un factor de conflictividad en las comunidades donde se llevan a cabo, provocando incluso divisiones sociales entre quienes apoyan los proyectos y quienes se oponen.

Frente a esta situación, durante años y hasta hoy, diferentes voces desde diversos espacios han alzado su voz para denunciar y visibilizar lo que estaba ocurriendo, lo que claramente se avecinaba, y lo que actualmente está sucediendo. El contexto en la región se vuelve cada vez más violento; las estrategias de control, despojo y saqueo persisten y parecen perpetuarse a la vista de todos, según denuncian varias organizaciones y colectivos. A pesar de que muchos territorios en Chiapas, Guerrero y Oaxaca permanecen silenciados, y parece que no ocurre nada, siguen siendo devastados, “destruidos y reconstruidos” en nombre del desarrollo.

Común denominador

En su informe más reciente titulado “Chiapas, un desastre”, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), afirma que “estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada (…). En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el Estado mexicano (…) es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actual violencia generalizada y a los múltiples estratos de impunidad que históricamente se suman, agudizando fenómenos como: desplazamiento forzado, las privaciones arbitrarias de la libertad que desembocan en nuevas formas de uso del sistema judicial para generar tortura; agresiones a personas defensoras y periodistas en la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra-territorio que trastocan los procesos autonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia”.

Si bien el texto citado se refiere a Chiapas, lo que se menciona allí refleja claramente la realidad de Guerrero y Oaxaca. Estos tres estados del sur-sureste comparten condiciones y características muy similares, que son la base de los problemas que enfrentan hoy, pero también de su fortaleza y resistencia histórica. La propiedad social de la tierra (79% en Guerrero, 76% en Oaxaca y 60% en Chiapas) y su sistema de organización colectiva son ejemplos de ello.

En los tres estados, diversos grupos del crimen organizado han permeado las comunidades indígenas y campesinas en sus diferentes niveles y estructuras. Estas nuevas condiciones han generado una amplia y creciente fragmentación, en muchas ocasiones alimentada también por la actuación de los partidos políticos. Los intereses militares, políticos y corporativos están entrelazados con estos grupos criminales. Se aprovechan de la población en situación de pobreza, silencian a quienes denuncian su colusión y fomentan tensiones para mantener divididas a las comunidades, mientras limpian el territorio para inversiones lucrativas en megaproyectos de infraestructura e industrias extractivas. Se ha documentado que la presencia de la delincuencia es mayor en las áreas donde se desarrollan estos proyectos, lo que ha aumentado el número de secuestros, asesinatos, desapariciones y desplazamientos, así como la criminalización de quienes se oponen a ellos.

“En este contexto adverso, organizaciones, movimientos y comunidades continúan luchando para construir condiciones de vida digna, autonomía, justicia, procesos de seguridad, control territorial, pacificación y gobernabilidad desde diferentes enfoques y apuestas políticas”, declaró el Frayba.

Defensa del territorio y criminalización de personas defensoras

El informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2023 sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México reveló que el año pasado se registraron 20 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el país. Durante el actual sexenio, la cifra total asciende a 102 personas defensoras del medio ambiente asesinadas debido a su labor.

En este mismo período, se documentaron 282 agresiones contra 416 personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales, en un total de 123 incidentes distintos. El principal agresor fue el gobierno, implicado en 61 de los 123 eventos, seguido por la delincuencia organizada, con 37 casos, y empresas privadas, con 19. El sector con mayor número de incidentes fue la minería, con 30, seguido por las vías de comunicación, con 18, y, el sector forestal, con 13 casos. En relación con los 18 incidentes asociados con megaproyectos y obras de comunicación, todos estaban relacionados con la habilitación de vías férreas. De estos, 12 se vinculan al megaproyecto “Tren Maya” y 6 al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En 2023, el 57,7% de las agresiones se dirigieron contra personas de pueblos indígenas. Jalisco fue el estado más peligroso para las personas y comunidades defensoras ambientales, con 20 eventos de agresión documentados. Le siguieron los estados de Oaxaca con 19, Ciudad de México con 12 y Chiapas con 9.

Los casos de David Hernández Salazar, defensor indígena binnizá, que se opone al Corredor Interoceánico y ha sido criminalizado desde 2017 por su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal, Puente Madera, Oaxaca; así como los presos políticos Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco, defensores indígenas tseltales de San Juan Cancuc que se oponen a la súper carretera San Cristóbal-Palenque, son claros ejemplos en la región sureste de la situación descrita.

Frente a la violencia y la criminalización, la organización

En agosto se celebró en la ciudad de Oaxaca el Segundo Encuentro Regional: Conflictividad, Violencia y Criminalización contra Personas Defensoras y el Movimiento Social, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA.

Comunidades, pueblos y organizaciones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se reunieron con el objetivo de profundizar en torno a las estrategias de defensa en la región sur-sureste y construir acciones conjuntas para fortalecer las resistencias y luchas en los tres estados.

Tras el encuentro, se llevó a cabo el foro público “Defensa del territorio y criminalización de personas defensoras y del movimiento social” en el cual, además de compartir experiencias y testimonios de lucha ante las diversas formas de violencia que se viven en la región, se dio lectura a un pronunciamiento que fue producto del trabajo e intercambio dado durante el encuentro previo.

“En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (…) en un escenario de profundización y normalización de la violencia y el patrón sistemático de criminalización hacia personas defensoras y movimientos sociales en la región (…) Denunciamos que el neodesarrollismo impulsado por el poder ejecutivo a nivel federal y estatal funciona a partir de profundas desigualdades sociales. Dicho modelo está caracterizado por la legalización del despojo o gobernanza del despojo, denunciamos que en este sexenio se materializaron proyectos neoliberales por excelencia de gobiernos pasados, nos referimos al Proyecto Interoceánico en Oaxaca, Proyectos mineros en Guerrero y Oaxaca y el Tren Maya en la región sur-sureste. (…) La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman. Esta práctica ha sido sistemáticamente operada por gobiernos federales, estatales y municipales. (…) Las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos. A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años. (…) Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social” denuncia la declaratoria final.

Asimismo, en el pronunciamiento señalan que “los pueblos, comunidades y movimientos del sureste del país apostamos por un modelo distinto de sociedad, en los que nuestros bienes comunes son una prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de nuestro territorio, el fortalecimiento de nuestro tejido social, el impulso de Reglamentos Internos y Estatutos Comunales. (…) Frente a la violencia y la criminalización, las comunidades y organizaciones hemos acordado fortalecer nuestros procesos de resistencia y organización para la seguridad, creación de comités para el resguardo territorial ante las amenazas, el fortalecimiento de nuestros procesos colectivos y la memoria histórica, la movilización, la visibilización de nuestras problemáticas y la construcción de alianzas y articulaciones amplias a nivel nacional e internacional”.