Una crisis sin freno

Desde hace algunos años, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familias buscadoras han estado documentando y denunciando la crisis de desapariciones en México. En 2023, se destacó con asombro la alarmante cifra alcanzada de 100 mil personas desaparecidas; actualmente, esa cifra supera las 116 mil.

Según un artículo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, “la crisis de desapariciones se ha desarrollado como parte de un patrón mayor de violencia criminal en México, impulsada por las actividades del crimen organizado y el involucramiento, apoyo o consentimiento de actores estatales en esas actividades criminales.” Plantea también que “aun cuando el Estado no esté directamente involucrado con una desaparición, tiene una responsabilidad positiva de prevenir y castigar a los perpetradores, así como de buscar a los desaparecidos, por lo que, el contexto de impunidad que hay en México, ha contribuido a la crisis de desapariciones.”

Tocar el vacío

En abril, el Grupo de Trabajo contra la desaparición en Chiapas, conformado por Voces Mesoamericanas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Melel Xojobal, presentó el informe “Tocar el Vacío”. Este informe tiene como objetivo ofrecer una radiografía de la situación de las desapariciones en Chiapas, describiéndola como “un problema histórico que, en la actualidad, atraviesa un exponencial aumento derivado, principalmente, de una álgida disputa por el control territorial y social por parte de la delincuencia organizada.”

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registró un total de 68 personas desaparecidas y no localizadas en Chiapas en 2019, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022. Eso muestra que entre 2019 y 2022 se produjo un aumento de un 358%.

Sin embargo, en el informe, se señala que “más allá de cualquier cifra oficial, desde la documentación del Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, observamos que este fenómeno ha ido en aumento y la cifra es, por mucho, mayor a la reflejada por cualquier instancia del Estado.”

El informe aborda la crisis actual en el estado, causada por la disputa por el control territorial y su impacto en la crisis de desapariciones. Al respecto, menciona que “esta confrontación ha dejado, hasta el momento, a miles de civiles en medio de una guerra, bajo la amenaza constante de ser víctimas de crímenes, como la desaparición forzada, relacionada a homicidios y feminicidios; reclutamiento forzado; o trata de personas. El silenciamiento de territorios enteros, sumado al negacionismo y reduccionismo estatal, impiden conocer las dimensiones reales de esta situación. Al menos desde junio del año 2021 la región de Los Altos, y la Fronteriza, se destacan por la violencia agudizada y provocada por la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada, y la diversidad de actores armados, que ejercen un control poblacional basado en amenazas, extorsiones y desaparición de personas.”

Otro aspecto relevante destacado en el informe es la diversidad de situaciones y contextos en los que ocurren las desapariciones, y cómo estas afectan de manera diferente a las diversas poblaciones víctimas de este delito. Se menciona la desaparición vinculada al control territorial por parte de la delincuencia organizada, al contexto de la violencia político-electoral, y a las detenciones arbitrarias realizadas por agentes estatales, entre otros. En cuanto a las víctimas, se señala la especial vulnerabilidad de personas en movilidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas defensoras de derechos humanos.

En cuanto a la desaparición de mujeres y personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género, “de acuerdo a cifras recuperadas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), tras su visita a México en 2021, Chiapas es una de las entidades federativas donde la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional de 25%, y alcanza más del 60%, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Según lo documentado estos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de menores, a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio; al reclutamiento y a las represalias. También se reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.”

El informe detalla que en nuestra entidad existe una diferencia en las desapariciones de mujeres y hombres según el rango de edad. Mientras la mayoría de las desapariciones de hombres se concentra entre los 25 y los 44 años, en el caso de las mujeres, las desapariciones son más frecuentes en el grupo de edad de entre 10 y 24 años.

En el apartado sobre personas defensoras de derechos humanos, el informe señala que “de 2019 a la fecha, se han registrado por lo menos 46 casos de desaparición de personas defensoras con pertenencia a algún pueblo originario en México, muchas de ellas como represalia a la defensa territorial… en la mayoría de los casos de homicidio y desaparición, las hipótesis apuntan principalmente a grupos de la delincuencia organizada, entretejidos con el poder económico y político, para quienes la defensa de los derechos humanos representa un obstáculo”.

En cuanto a las personas en movilidad, la organización Voces Mesoamericanas señala que, del total de las personas desaparecidas en México, al menos 2.781 son extranjeras, es decir migrantes transnacionales, principalmente centroamericanas. Lamentablemente, no existe un registro real de los migrantes nacionales desaparecidos en territorio mexicano. El informe menciona que, en junio de 2010, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional realizaron un primer sondeo en el estado de Chiapas para visibilizar y dar una aproximación estadística a la problemática de desaparición de migrantes, no solo en tránsito, sino también de la población local que sufrió desaparición en su camino migratorio. A lo largo de 10 meses, se registraron 90 casos de desaparición de migrantes nacionales, pertenecientes en su mayoría a pueblos indígenas. “En ese contexto surgió el Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes, Junax Ko´tantik (Comité “Junax Ko´tantik”) presente hasta el día de hoy, exigiendo verdad, justicia, reparación integral, no repetición y memoria colectiva”, relata el informe.

Sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes (NNA), la organización Melel Xojobal indica que Chiapas ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en desaparición de NNA. En sus propios registros, contabilizó 2.144 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en contraste con los 1.476 reportados oficialmente por el RNPDNO. Señalan que Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas concentran los mayores números, siendo este último municipio el que tiene la mayor tasa de desaparición en el estado, es decir, es el lugar donde hay un mayor riesgo de desaparición para las NNA. El informe menciona que del total de desapariciones, el 30% son de NNA pertenecientes a algún pueblo originario y la edad más frecuente es 15 años, tanto en hombres como en mujeres. Destaca que la desaparición afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes representan el 70% de los casos. Además, menciona que este fenómeno ha aumentado en los últimos dos años y continúa en crecimiento.

Al igual que el Frayba respecto a defensores y Voces mesoamericanas en cuanto a personas en movilidad, Melel denuncia que “frente a estas alarmantes cifras, no observamos ningún interés por parte de las autoridades por indagar las causas y patrones de la desaparición de NNA en Chiapas.”

“A pesar de las diferentes dificultades documentales como la falta de información oficial confiable y el silenciamiento de múltiples territorios donde existe desaparición forzada, pudimos describir que en Chiapas existen diversas líneas o patrones de desaparición de personas, todas ellas negadas, ocultadas y desatendidas por el Estado mexicano” concluye el informe. 

“Te cambio mi voto por mi desaparecido”

El pasado 2 de junio fuimos testigos del proceso electoral más grande que ha tenido México. En este marco, colectivos de familiares de desaparecidos promovieron la campaña “Votar por una persona desaparecida”, mediante la cual invitaban a la población a colocar el nombre de alguna de las más de 116 mil personas desaparecidas en el espacio de las boletas destinado para candidatos no registrados.

Esto con el fin de hacerlos visibles y llamar la atención de las autoridades hacia su constante exigencia de justicia. “Queremos que los busquen, es su derecho. Queremos justicia para nuestras hijas, aunque no estén. Merecemos como familia tener esa paz que nos arrebataron”, explicaron familiares participantes en esta iniciativa.

De acuerdo con la autoridad electoral, se considera voto nulo cuando no se marca de manera clara uno de los recuadros donde está el nombre del candidato o el partido de su elección, o esta es tachada por completo o llenada con alguna consigna o demanda.

En cambio, las boletas que contengan el nombre de una persona en el recuadro de candidatura no registrada o independiente son consideradas válidas “la diferencia radica en que los funcionarios de casilla están obligados a registrar los nombres de las candidaturas no registradas, es decir, los nombres de las personas desaparecidas aparecerán en los conteos oficiales haciendo que estas sean visibilizadas”, según explica la página de la campaña.

En las redes sociales, la campaña tuvo mucho eco y se compartió con diversas consignas que surgieron alrededor de ella. “Te cambio mi voto por mi desaparecido”, “#VotaXUnDesaparecidx” y “Vota dignamente” fueron algunas de estas.

El día de las elecciones no fue distinto, las redes sociales se inundaron de imágenes de boletas con los nombres de desaparecidos y mensajes como “Hoy voto por las y los desaparecidos. No hay democracia sin ellos.”, “Te cambio mi voto por mi hermano desaparecido”, “Hasta encontrarles”, “Las madres buscadoras no son campaña política. ¡Encuentren a sus hijxs!”, “Justicia y verdad”, “Ayotzinapa 43”, “Hoy voté por ti”, “Hoy mi voto fue para las y los desaparecidos de nuestro México” y “¡No hay democracia si ellas y ellos no están!”, entre otros.

En Chiapas, las madres buscadoras se sumaron a la campaña y también protestaron en varias ocasiones frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, utilizando pancartas, cruces rosas y fotografías de sus familiares. Exigieron a las y los candidatos al gobierno de Chiapas que presten atención al problema de desaparecidos en el estado.

“El nuevo gobierno esperemos que tenga empatía, que no sea indolente, que reciba a las madres, que tengamos las puertas abiertas en este Palacio donde hemos sido intimidadas, rechazadas, violentadas y revictimizadas por servidores públicos. Deben recibirnos con dignidad. Queremos un cambio de fondo porque aquí impera la corrupción”, compartieron las madres.

Finalmente, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), con el 95% de las casillas contabilizadas, más de 1 millón 340 mil personas anularon su voto, de las cuales 85 mil 689 personas votaron por una candidatura no registrada. De estas, la iniciativa “vota por un desaparecido” registró que al menos 3 mil 511 de estos votos fueron por personas desaparecidas.

Ante la desaparición, sembramos flores de esperanza

Cada 10 de mayo, los colectivos de madres de víctimas de desaparición y feminicidio en México lanzan otro llamado de atención, reafirmando que no tienen motivos de celebración, ya que les han arrebatado a sus hijos.

En Chiapas, este año llevaron a cabo la jornada “Flores de Esperanza”, donde exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que busquen a sus familiares desaparecidos.

“Esta acción con el nombre de Flores de Esperanza, responde a la sencilla razón que nuestra vida hoy se encuentra dedicada a sembrar esperanza en medio del mal, la corrupción, el odio y la falta de interés por parte de las autoridades en generar un cambio verdadero”, señaló el grupo de trabajo contra la desaparición en Chiapas.

En su comunicado mencionan que “la situación que atravesamos en México y en específico en el estado de Chiapas es compleja, pues por un lado tenemos una creciente ola de desapariciones que va ligada a una violencia sin precedente. Y por otro un silenciamiento de la realidad, bien planeado y orquestado desde las autoridades, que niegan constantemente la crisis social y política en el estado”.

Por lo tanto, “sembramos flores de esperanza con nuestras acciones cotidianas, de protesta y denuncia, articulándonos con otros espacios y colectivos y redes que acompañan a familias y madres buscadoras”.