En Guerrero, la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública y particularmente en el ámbito de la seguridad fue una constante durante el siglo XX. En los albores del siglo XXI, la tendencia no parece revertirse. En el presente, la militarización se justifica como un componente de la política de seguridad que el Gobierno Federal ha impulsada en el marco de llamada «Guerra contra el narcotráfico», sin embargo, en Guerrero, a la presencia militar sigue subyaciendo la pretensión de que funcione con fines de contención social, como ha sido una constante histórica en la entidad.

Fuente: Informe XVI Luchar para construir el amanecer de la justicia, Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, 2011.

Militarización

El 6 de octubre de 2011, el gobierno federal y de Guerrero anunció la puesta en marcha de la Operación Coordinada «Guerrero Seguro», en un intento por responder a la grave crisis de seguridad que se vive en la entidad. De acuerdo con la escasa información que hasta ahora se ha hecho pública, el nuevo operativo conjunto implica el despliegue de 2 mil elementos de la entidad, a razón de mil elementos del Ejército, 300 de la Marina, 650 de la Policía Federal y 50 de la Procuraduría General de la República (PGR), a los que se sumarían mil policías estatales y 500 más que se incorporarán al servicio en noviembre.

En un comunicado publicado el 12 de octubre, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos afirmaron que «el anuncio del nuevo Operativo «Guerrero Seguro» no implica ninguna novedad; por el contrario, supone repetir una estrategia que ha mostrado ser ineficaz para abatir la violencia, y que además incrementa los riesgos de que ocurran nuevas violaciones a derechos humanos. Programas semejantes no sólo han mostrado ser ineficaces en Guerrero [2007], sino también en otros estados como Chihuahua».

Denunciaron también: «el anuncio de una nueva operación conjunta hace patente el modo en que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal recurren una y otra vez a acciones que han mostrado ser ineficaces en la medida en que no logran responder a los problemas de fondo, ni tampoco logran disminuir los índices de violencia, asimismo generan condiciones en que se vulneran aún más los derechos humanos de la población, renunciando a diseñar e instrumentar políticas integrales que se adscriban a la lógica de la seguridad ciudadana; es decir, que pongan al centro la garantía de los derechos de todas las personas por encima de la protección de las propias instituciones y al margen de las prevalecientes concepciones belicistas. En tanto se persista en esta orientación, operativos como el recientemente anunciado, únicamente aumentan nuestra alerta por el previsible incremento de la violencia y la anticipable alza de las violaciones a derechos humanos».