Sumario

El 21 de marzo pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uniendo esfuerzos con grupos de la sociedad civil mexicana organizó una consulta nacional sobre derechos indígenas. Antes de la votación, 5000 delegados zapatistas se desplegaron en los 32 estados de México. Más de 2.5 millones de mexicanos participaron en esta votación popular, con un 96% de respuestas afirmativas a las cuatro preguntas. Lo más significativo fue el apoyo a la propuesta legislativa de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por miembros del Congreso) para la implementación de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996. Cabe recordar que dicha propuesta fue rechazada por el gobierno federal y que el EZLN insiste en que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una condición para la reanudación de los diálogos de paz.

Aunque esta votación popular no tiene peso legal, podría presionar a los miembros del Congreso a que reevaluaran la propuesta legislativa de la COCOPA. Mientras se están acercando las elecciones presidenciales del próximo año, la consulta además pone nuevamente en la agenda el tema de los derechos indígenas y del conflicto chiapaneco.

Las autoridades del Estado de Chiapas han emprendido sus propias iniciativas para difundir la idea de que el conflicto está disminuyendo, que el EZLN ha empezado a desarmarse y que Chiapas está avanzando con o sin los zapatistas. En marzo, el gobernador Roberto Albores presentó una propuesta de ley sobre derechos y cultura indígena, subrayando que estaba basada en los Acuerdos de San Andrés. Fue criticada por su falta de sustancia y, frente al rechazo del EZLN, se ve poco probable que contribuya a reducir las tensiones. Pero sí genera ante la opinión pública la imagen de un gobierno de está trabajando por la paz.

Se puede decir lo mismo de la propuesta de ley de desarme del gobernador, la cual fue aprobada por el Congreso del estado en febrero. Aunque el texto no incluye ni al EZLN ni a los grupos paramilitares, sí ha permitido montar el escenario para varios eventos altamente divulgados en los cuales supuestos zapatistas entregaron sus armas públicamente a cambio de asistencia económica. El EZLN ha negado enérgicamente que eran zapatistas, denunciando más bien que dichos individuos eran parte de grupos paramilitares o delincuentes comunes y, en algunos casos, proveyó información detallada sobre ellos (incluso sus nombres). No obstante, mientras las imágenes de ‘zapatistas‘ entregando sus armas al gobernador Albores dieron la vuelta al mundo en distintos periódicos, los desmentidos del EZLN casi no fueron publicitados. A pesar de lo anterior, la consulta demuestra que el apoyo a nivel local y nacional al EZLN sigue creciendo.

En Chiapas, varios acontecimientos sugieren un posible fortalecimiento de la posición de los zapatistas en la entidad. En la ‘zona de conflicto’, el retorno de miles de desplazados sigue siendo una apremiante necesidad. En la zona Norte, en una visita reciente, SIPAZ observó que algunas familias desplazadas de la oposición pudieron regresar pacíficamente a sus comunidades. También, en esta visita, se constató una sorprendente apertura hacia el EZLN en el discurso de líderes del grupo paramilitar ‘Desarrollo, Paz y Justicia‘ que, en los últimos años ha generado serios conflictos en la zona.

El 7 de abril, aumentó la tensión en San Andrés Larraínzar cuando el alcalde electo priísta retomó los edificios municipales respaldado por centenares de elementos de la Seguridad Pública. Los zapatistas que no habían participado en las elecciones locales oficiales de octubre pasado, se retiraron sin violencia de los edificios que habían ocupado desde el 95; pero el día siguiente, entre 1000 y 3000 de ellos retornaron para volver a ocuparlos. En esa ocasión, la policía se retiró pacíficamente. El gobernador Albores pareció dar marcha atrás cuando explicó más tarde que el problema más que legal era político, y, por lo tanto, que se requería una solución política. No obstante, el gobierno sigue con su iniciativa de ley de Remunicipalización con el aparente propósito de socavar la influencia política zapatista.

En la investigación en curso de la masacre de Acteal de diciembre de 1997, algunos testimonios de policías detenidos en el marco de dicha investigación, implicaron a este cuerpo de seguridad en la compra de armas ilegales y en la protección de los grupos paramilitares que las usaron. A causa de eso, dos ex-oficiales del estado fueron acusados.

En el terreno internacional, México fue uno de los 15 países que fue sometido a un escrutinio especial durante la reciente sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Coincidiendo con la petición de un centenar de ONG mexicanas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson anunció que visitará México en octubre. En un informe en marzo, Amnistía Internacional siguió expresando fuertes críticas en contra de las sistemáticas violaciones de derechos humanos, particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estados en los cuales existen grupos armados de la oposición.

A corto plazo, son pocas las perspectivas de una solución al conflicto chiapaneco. El EZLN sigue generando iniciativas políticas destinadas a acrecentar la atención pública y la movilización de la sociedad civil, cuyo papel es clave en dicha resolución. Al mismo tiempo, el EZLN parece tener poca esperanza de negociaciones fructíferas con el gobierno de Zedillo.

Muchos analistas políticos creen que para lo que queda de su sexenio, el presidente Zedillo a lo sumo ha optado por ‘administrar‘ el conflicto en Chiapas más bien que por darle una solución política o militar. Las iniciativas políticas del gobierno federal (que parecen apuntar hacia la paz pero que, por marginar al EZLN en la resolución del conflicto, tienen pocas perspectivas de éxito) parecen confirmar esta hipótesis. Por otra parte, la fuerte militarización de la zona permite mantener un estrecho control; el costo ha sido el incremento de las violaciones a los derechos humanos como lo han reportado constantemente los observadores internacionales. Mientras por un lado existen signos de que las comunidades buscan alejarse de la violencia para lidiar con los conflictos locales, por el otro, la falta de soluciones a los problemas de fondo de una asfixiante pobreza y la opresión política hacen que sea muy probable que la tensión, la polarización y la violencia sigan avanzando.

Acciones Recomendadas

• Exhortar a la COCOPA a aprovechar el apoyo ciudadano a su propuesta de ley indígena para buscar la forma para presentarla al Congreso de la Unión, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
• Exhortar al gobierno federal y estatal resolver los casos de los presos políticos de La Voz de Cerro Hueco en primer lugar atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
• Urgir a la administración de Zedillo a: desarmar a los grupos civiles armados / paramilitares;
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos;
• ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
• Difundir información – como este reporte – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783

Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (int-52) (961) 20917

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06018 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 140 3288