El 27 de abril, el Congreso de la Unión aprobó un dictamen sobre derechos y cultura indígena. Esta reforma constitucional difiere significativamente de los Acuerdos de San Andrés y de la iniciativa de ley de la COCOPA, cuya aprobación era una de las tres condiciones planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo. Las críticas a la ley finalmente aprobada van principalmente en el sentido de que la ley no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; no reconoce el derecho de los pueblos indios a sus territorios, ni al control sobre los recursos naturales existentes en ellos; se acotan los derechos a nivel municipal; y se relegan aspectos fundamentales de los derechos indígenas a las Constituciones estatales.

El EZLN pronto rechazó la reforma, considerándola una traición frente a las esperanzas de encontrar una solución negociada al conflicto en Chiapas, y suspendió sus contactos con el gobierno. Numerosas organizaciones indígenas y no gubernamentales, nacionales e internacionales, igualmente criticaron las reformas. Las voces a favor de la ley provinieron de integrantes del PRI y del PAN, quienes afirmaron que las modificaciones a la iniciativa de la COCOPA fueron necesarias para evitar la «balcanización» del país.

El texto de reforma constitucional fue enviado a los 31 Congresos estatales para su ratificación. Este fue un proceso polémico como nunca antes había sido en México. Grupos indígenas y de la sociedad civil hicieron un intenso cabildeo para que los legisladores estatales desaprobaran la ley. El texto fue rechazado en los cuatro estados donde se concentra la mayor cantidad de indígenas en el país (Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero). Así, la legitimidad de la ley quedó cuestionada al ser ampliamente rechazada por sus supuestos beneficiarios.

No obstante, a mediados de julio, 17 estados habían aprobado la ley (9 se expresaron en contra), alcanzando así el requisito de la mitad más uno de los Congresos locales. Y aunque algunos Congresos aún no habían votado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aceleró el cómputo y dio por aprobada la ley, enviándola al Presidente Fox para su promulgación.

En respuesta, varios municipios y autoridades estatales, así como legisladores del PRD empezaron a presentar recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin esperar a que dicha instancia fallara sobre esos casos, el presidente Fox publicó la reforma indígena el 14 de agosto. A raíz de ello, se han venido multiplicando las protestas y recursos constitucionales. Otro ámbito de demandas será la Organización Internacional del Trabajo, ya que se ha denunciado que la ley aprobada contradice el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México.]

Algunos analistas sugieren que intereses económicos han jugado un papel importante en la aprobación de la reforma indígena: aspectos como tierra, territorios y recursos naturales están en conflicto con los proyectos transnacionales en Chiapas y otras zonas de México.

Mientras tanto, como resultado del Tratado de Libre Comercio de Norte América, importaciones más baratas de Estados Unidos han invadido los mercados agropecuarios de México, y las ventas y los precios de los productos como el café, el maíz y la caña de azúcar han decaído provocando una profunda crisis en el campesinado mexicano.

En cuanto al tema de Chiapas, el Ejecutivo no parece tener una estrategia de paz a largo plazo. Miembros del gobierno aseguraron que ya se había hecho todo lo que se podía para alcanzar la paz en Chiapas. El gobierno parece haberle apostado a responder a las causas profundas del conflicto a través de programas de ayuda económica aunque esta estrategia no ha dado frutos en el pasado. Por otra parte, una respuesta enfocada en Chiapas podría dejar de lado el carácter nacional del tema indígena. El Presidente Fox ha afirmado que las preocupaciones de Chiapas no son necesariamente las de todo el país y que el Plan Puebla-Panamá (megaproyecto de desarrollo económico que comprenderá el sur de México y los países de América Central) «es mil veces más importante que el zapatismo o una comunidad indígena en Chiapas». Sin embargo, dicho plan ha sido criticado por centenares de organizaciones indígenas, civiles y no gubernamentales de México y Centroamérica.

A pesar de la afirmación de Fox de que existe una «santa paz» en Chiapas, las tensiones han venido aumentando en el estado después de la aprobación de la reforma indígena. También se han multiplicado las denuncias de un aumento de los patrullajes militares y la situación de los miles de desplazados que huyeron de sus comunidades por la violencia de los paramilitares sigue sin resolverse. Aunque la amenaza sigue vigente, 300 miembros de ‘Las Abejas’ han retornado el 28 de agosto.

Se puede prever que en el contexto electoral que se avecina (elecciones municipales y del Congreso local en octubre) las tensiones podrían aumentar más aun. Al mismo tiempo, en Chiapas y en otras regiones del país, crecen las voces de protesta y los llamados a la resistencia civil contra la ley indígena aprobada.

ACCIONES RECOMENDADAS

• Escribir al Presidente Fox y a la COCOPA para expresar: a) su preocupación ante este nuevo obstáculo para reanudar el proceso de paz, el cual había recibido un impulso positivo en los primeros meses del año; y b) la esperanza de la comunidad internacional en que el gobierno mexicano, tanto a través del Poder Ejecutivo como del Legislativo, revisarán la legislación aprobada para hacerla congruente con los compromisos asumidos en San Andrés y ante la OIT, al ratificar el Convenio 169.
• Urgir a la OIT para que exija al gobierno mexicano que la legislación interna sobre derechos indígenas sea congruente con el Convenio 169 ratificado por México en 1990.
• Escribir al Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, para expresarle su preocupación por la falta de reconocimiento de los derechos indígenas en México.
• Difundir información, como la contenida en este informe, sobre la situación en Chiapas.

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Lic. Vicente Fox, Presidente de la República
Residencial Oficial de los Pinos
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11850 México, D.F., México
Fax: (+52)(5)515 1794
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Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
Reforma No.10, Torre Caballitos, Piso 18
06030 México, D.F., México
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Juan Somavía
Director General de la OIT
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Fax (41 22) 799 85 33

Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Indígenas.
OHCHR
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