La situación en Chiapas -y a nivel nacional- no ha cambiado mucho en los últimos meses, ya sea en cuanto al tema de la reforma constitucional sobre derechos indígenas o a la situación en materia de derechos hu-manos; y ciertamente, tampoco ha mejorado en cuanto a la problemática agraria y a los conflictos sociales vinculados a ella.

En cuanto a la reforma indígena, todavía se está esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las más de 300 controversias constitucionales presentadas en contra de la reforma indígena aprobada hace un año. Las audiencias individuales finalizarán el 15 de junio. El desenlace de este proceso ha generado una gran expectativa en las organizaciones indígenas y sociales.

Por otro lado, en febrero, 168 diputados volvieron a presentar la ley COCOPA ante el Congreso federal, pero hay pocas posibilidades de que sea aprobada sin un cambio en el Poder Legislativo (hasta 2003). También está pendiente el pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo sobre las reclamaciones presentadas contra México por la violación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. La OIT admitió en marzo las reclamaciones, y se espera que una resolución de condena a la reforma indígena sig-nifique una sanción moral para el Estado mexicano, además de cuestionar aun más la legitimidad de la ley.

A pesar de los cambios de gobiernos que se dieron hace más de un año, tanto a nivel nacional como estatal, la situación de los derechos humanos no ha mejorado significativamente.

El Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, R. Stavenhagen afirmó que México viola de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, P. Cumaraswamy sostuvo en su informe sobre México que la corrupción afecta entre 50 y 70% de los jueces federales, y que persiste la impunidad.

En su informe anual de 2001, el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro denunció que la tortura y la violencia policíaca son recurrentes en el gobierno foxista. Similar conclusión tuvo el primer Diagnóstico Nacional de Tortura, presentado en abril por la oficial Comisión Nacional de DDHH.

A medio año del asesinato de la defensora Digna Ochoa, la investigación no ha registrado avances significativos, y las hipótesis van -según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal «desde la posibilidad de un suicidio hasta la de un crimen de Estado».

Como un hecho alentador en este sombrío panorama, México firmó el acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH para iniciar la segunda parte del Programa de cooperación técnica, que incluirá la apertura de una oficina permanente del organismo de la ONU en México y la realización de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En Chiapas, organizaciones de derechos humanos han denunciado la responsabilidad de autoridades estatales en violaciones de derechos humanos. El gobernador Pablo Salazar criticó el trabajo de dichas organizaciones.

Muchas organizaciones sociales denuncian la tensión que se vive en la Biósfera Integral de Montes Azules, por la persistencia de rumores de una inminente expulsión de comunidades indígenas asentadas en esa zona protegida. El propio gobernador Salazar denunció que el Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente está promoviendo el desalojo de las comunidades, y anunció que su gobierno no va a permitir esa acción. En todo caso, es indudable que resulta problemático tener leyes estrictas para la preservación del medio ambiente en una región donde la demanda de tierras no cesa.

Y seguramente las demandas de tierras no cesarán mientras no se den soluciones estructurales de fondo, que contemplen todos los aspectos de la problemática agraria: el alto crecimiento demográfico, los escasos recursos naturales, la expansión de la ganadería, las dificultades para una explotación más eficiente de la tierra y la falta de capacitación y empleos en otros sectores para la población indígena.

Para el Presidente Fox, la solución a estos problemas sería el Plan Puebla-Panamá, presentado como la principal propuesta de desarrollo para el sur de México y América Central. Sin embargo, organizaciones populares y ONGs critican este plan por considerarlo funcional a los intereses estratégicos norteamericanos y al modelo económico neoliberal dominante; y porque, a pesar de los fuertes impactos sociales y ambien-tales que tendrá, los pueblos no han sido consultados para su elaboración.

En Chiapas, después de ocho años de conflicto y seis de estancamiento del proceso de paz, predomina una lógica de confrontación e intolerancia social, política y también religiosa. El gobierno estatal reconoce la existencia de problemas intercomunitarios en al menos 40 comunidades de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

Las causas de estos conflictos -que se dan incluso entre organizaciones que antes estaban aliadas- son múltiples: las relaciones con ambos gobiernos y la aceptación o no de sus programas y subsidios; las diferentes formas de construcción de la autonomía; las disputas por la tierra o por el control político sobre un determinado territorio; las diferencias ideológicas y religiosas, etc. El antagonismo creciente lleva a menudo a dirimir las diferencias mediante la violencia y con un alto costo: desplazados, heridos, secuestros y hasta muertes.

El gobierno federal parece apostar a suplir la falta de acuerdos con los zapatistas mediante programas económicos y leyes secundarias. Por su parte, el EZLN mantiene su silencio obstinado y su resistencia a cual-quier solución parcial, apostando a la construcción de la autonomía por la vía de los hechos, desde las ba-ses de sus comunidades. Eso significa, entre otras cosas, no aceptar las «limosnas del gobierno» y criticar fuertemente a los que aceptan los programas económicos oficiales.

A pesar de este adverso ambiente político y social, el gobierno estatal de Pablo Salazar persiste en sus es-fuerzos de distensión y reconciliación. En algunas zonas altamente conflictivas ha logrado instalar mesas de negociación para la firma de acuerdos de paz, en los que han participado organizaciones sociales antagóni-cas, las distintas iglesias y autoridades locales. Dichos acuerdos, sin embargo, son criticados por quienes sostienen que se trata de componendas coyunturales, que no abordan los problemas estructurales ni apun-tan a soluciones de largo plazo. Y que para esto se requieren reformas profundas, como las establecidas en los Acuerdos de San Andrés incumplidos.

Acciones recomendadas

• Escribir al presidente Fox expresándole su preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanu-dar el proceso de paz y avanzar hacia una solución al conflicto de Chiapas;
• por la falta de avances en la investigación del asesinato de Digna Ochoa; exhortarle a tomar medidas eficaces para que el Ejército, los órganos federales y los gobiernos estatales involucrados colaboren con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de llevar a los responsables ante la justicia y po-ner fin a las amenazas contra los defensores de derechos humanos.
• Escribir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresándole respetuosamente su esperanza de que resolverá las controversias constitucionales en materia indígena teniendo en cuenta las demandas plantea-das por los pueblos indígenas, los compromisos asumidos por el gobierno federal en los Acuerdos de San Andrés de febrero 1996, y las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
• Difundir información -como la contenida en este informe- sobre la situación en Chiapas y en México.

POR FAVOR, ESCRIBIR A:

Lic. Vicente Fox, Presidente de la República
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11850 México, D.F., México
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