Al cierre de este informe, se esperaba la inminente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma constitucional en materia indígena aprobada el año pasado. Por considerarla una reducción de los Acuerdos de San Andrés, la misma fue rechazada por el EZLN, los congresos de los estados con más población indígena, y sus principales organizaciones.

Más de 300 recursos o controversias constitucionales fueron presentados ante la SCJN contra la reforma, un hecho inusual e histórico, ya que nunca se había dado un cuestionamiento tan amplio a una reforma constitucional.

En los últimos meses, muchas organizaciones de la sociedad civil señalaron que la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de contribuir al proceso de paz en Chiapas, ya que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una de las condiciones planteadas por el EZLN para reanudar el diálogo.

La resolución de la SCJN llevará a los actores a redefinir sus estrategias. Si la reforma es declarada válida, el fallo podría ser leído por algunos como el agotamiento de la vía política y pacífica para resolver el conflicto. Sin embargo, quedaría la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, es sabido que las resoluciones de los organismos internacionales no tienen carácter coercitivo a nivel interno.

Del 5 al 7 de julio 2002 se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Encuentro Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, en el que participaron más de mil personas, indígenas y no indígenas, de 285 organizaciones, 23 estados mexicanos y 13 países.

El Encuentro constituyó una oportunidad para afianzar el vínculo entre los movimientos indígena, social y civil. El principal objetivo era reactivar la articulación de iniciativas civiles respecto al conflicto de Chiapas; pero los temas trabajados permitieron ir más allá, afirmando así el carácter nacional e incluso internacional de lo que está en juego en Chiapas.

Un primer tema fue el conflicto armado en México, sus consecuencias y el proceso de paz. El segundo fue democracia y derechos de los pueblos indígenas, y el tercero, desarrollo económico alternativo para las comunidades y pueblos indígenas. Hubo también un cuarto tema o eje transversal: la construcción de alternativas de articulación y participación civil nacional e internacional para alcanzar la Paz con Justicia y Dignidad.

Otro momento de fortalecimiento de la sociedad civil organizada fue el conflicto en San Salvador Atenco, donde los ejidatarios rechazaban la expropiación de sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el estado de México. Esta lucha -que recibió el apoyo de amplios sectores sociales- logró que el gobierno cancelara el proyecto en agosto.

El rechazo al Plan Puebla-Panamá constituyó otro eje de convergencia popular en este período. En Veracruz, Chiapas, Managua y Guatemala, las organizaciones sociales e indígenas de la región mesoamericana se han reunido para reiterar su rechazo categórico al megaproyecto. En respuesta a las críticas, el presidente Fox y el ex coordinador del Plan, Florencio Salazar, han declarado que nada se hará sin el consentimiento de los habitantes de la región.

En Chiapas, mientras tanto, se multiplican las denuncias de los municipios autónomos zapatistas sobre el incremento notorio de las actividades militares y paramilitares en la zona de conflicto. Incluso se habla de la formación de un nuevo grupo acusado de ser paramilitar (OPDIC). En agosto se registró una preocupante escalada de violencia en municipios autónomos ubicados en la zona Selva.

El 31 de julio de 2002, las autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunciaron una agresión por parte del OPDIC en el ejido La Culebra, con un saldo de 7 bases de apoyo heridos. El 7 de agosto, el zapatista José López Sántiz fue asesinado en el municipio autónomo 17 de Noviembre (Altamirano). El 19 de agosto, en el Crucero Quexil, municipio autónomo San Manuel, donde las bases de apoyo del EZLN mantienen un retén de vigilancia para evitar el tráfico de alcohol, vehículos robados y maderas preciosas, se generó un enfrentamiento con un saldo de 9 heridos. El 25 de agosto, en la ranchería Amaytik (Ocosingo), dos zapatistas que fungían como autoridades del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, también resultaron asesinadas. El mismo día, otro zapatista fue muerto en el municipio autónomo Olga Isabel (Chilón). Este último crimen sería obra de un grupo armado llamado «los Aguilares». En la mayoría de los casos, los zapatistas culpan a grupos armados cercanos al Partido Revolucionario Institucional.

Al momento del cierre de este informe, las brigadas civiles de observación seguían investigando estos hechos. Varias organizaciones no gubernamentales del estado denuncian que éstos y otros hechos violentos en contra de los municipios autónomos zapatistas tienen patrones similares.

Otro factor de preocupación es el deterioro evidente de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones indígenas en la zona Selva, con la multiplicación de acusaciones mutuas y conflictos violentos entre esos grupos.

La tierra continúa siendo un factor de tensión permanente. El gobernador Pablo Salazar reconoce que el 80% de los problemas sociales y políticos en Chiapas están ligados a temas agrarios. Existen focos rojos en varias zonas del estado, principalmente en la zona Selva. A ello se suma la amenaza de desalojo de las comunidades asentadas en la Biósfera de Montes Azules.

Por su parte, las autoridades federales reconocen que existen unos 5 mil conflictos agrarios en México. La masacre en Agua Fría (Oaxaca) en junio, que causó 26 muertos y 42 heridos por conflictos agrarios entre comunidades, llevó a la creación de un órgano interministerial para definir una estrategia de prevención y respuesta a potenciales conflictos agrarios.

A pesar de algunos avances, México sigue siendo objeto de preocupación por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La saliente Alta Comisionada para los DDHH, Mary Robinson, el Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, Francis Deng, y el Presidente de la Comisión Interamericana de DDHH (OEA), Juan Méndez, visitaron México en el trimestre. Lo mismo hicieron Amnistía Internacional, la Federación Internacional de DDHH y la Comisión Civil Internacional de Observación de los DDHH, coincidiendo en que los pueblos indígenas son las principales víctimas de las frecuentes violaciones a los derechos humanos en México.

Acciones recomendadas

• Escribir al presidente Fox expresándole : su preocupación porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia una solución al conflicto de Chiapas;
• la esperanza de la comunidad internacional en que el Estado mexicano, tanto a través del Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, revisará la reforma aprobada para hacerla congruente con los compromisos asumidos en San Andrés y ante la OIT al ratificar el Convenio 169.
• su preocupación por el incremento de la actividad militar en Chiapas, que no contribuye a la distensión, sino que aumenta la conflictividad política y social en el estado.
• Urgir a la OIT para que exhorte al Estado mexicano a que la legislación interna sobre pueblos indígenas sea congruente con el Convenio 169.
• Urgir al gobierno estatal a que se investigue de manera inmediata, imparcial y eficaz los recientes hechos de violencia ocurridos en Chiapas y [se someta a los culpables ante] la justicia.
• Difundir información -como la contenida en este informe- sobre la situación en Chiapas y en México.

POR FAVOR, ESCRIBIR A:

Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
11850 México, D.F., México
Fax: (+52) 55 55 22 41 17
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17

Dr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22, Suiza
Fax: (00-41) 22 917 90 10
cabinet@ilo.org

Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1er piso
Fax: (+52)-961-61-20917
salazarp@prodigy.net.mx
http://www.pablosalazar.org.mx