Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma constitucional en materia indígena, el conflicto de Chiapas ha entrado en una nueva fase. Organizaciones indígenas y la sociedad civil se manifestaron en contra de dicha resolución, mientras que el EZLN mantiene su política de silencio.

Este silencio no significa que la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios se haya abandonado. Por el contrario, representa centrar su estrategia en la construcción de la autonomía por la vía de los hechos. La autonomía es el tema de Enfoque de este informe.

Al hablar de autonomía es claro que no existe un modelo único, sino distintas formas de entenderla y ejecerla. En cada caso la construcción de la autonomía presenta dificultades y desafíos para las comunidades y la sociedad toda; entre ellos, la superación de los conflictos derivados de las diferencias entre las experiencias autónomicas.

A cuatro meses de que fueran asesinados dirigentes civiles en los municipios autónomos zapatistas, las investigaciones no han arrojado luz sobre los hechos y los acusados siguen prófugos. Las interpretaciones sobre los incidentes violentos de julio y agosto difieren sustancialmente. Más allá de si todos los hechos obedecieron o no a una estrategia política planificada, lo indiscutible es el contexto de alta tensión en que se inscriben, como producto de un conflicto que no se procesa ni se resuelve, y que lleva a interpretar las acciones de todos los actores desde una lógica de guerra.

En septiembre fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia estatal 27 integrantes del grupo armado Desarrollo, Paz y Justicia; este hecho, sumado a las divisiones que ha sufrido en dos años, han debilitado a la organización, al mismo tiempo que representa una fuente de tensión en la zona Norte.

Distintas organizaciones de derechos humanos criticaron la decisión de la Procuraduría General de la República de disolver la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Armados, sin que se haya resuelto el problema de los paramilitares en Chiapas.

La resistencia contra el modelo neoliberal fue el centro de las movilizaciones del 12 de octubre. En Chiapas, las organizaciones populares se unieron para bloquear carreteras, cerrar fronteras y protestar contra la reforma indígena, la política económica del gobierno, el Plan Puebla-Panamá y el Área del Libre Comercio de las Américas. El mismo día comenzó en México la Consulta Nacional contra el ALCA, que se inscribe en el movimiento regional y continental de lucha contra el modelo de globalización dominante, y en el que los pueblos indígenas han ido adquiriendo un protagonismo creciente.

El Ejecutivo enfrenta a una oposición parlamentaria hostil por su política exterior complaciente con Estados Unidos. Más recientemente, otro factor de tensión ha sido el debate iniciado por el Presupuesto federal de 2003, en el que la oposición ha criticado duramente los recortes previstos al gasto social.

El revisionismo del período de la guerra sucia de los ’70s y ’80s, que investiga la Fiscalía Especial nombrada por el Ejecutivo, puede significar el fin de la impunidad de dos instituciones tradicionalmente intocables en el régimen anterior, y hoy cuestionadas: las Fuerzas Armadas y el PRI.

En un intento por limpiar la imagen de la institución, la Justicia Militar condenó a los generales retirados Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro por delitos vinculados al narcotráfico, y próximamente los juzgará por el asesinato de 143 personas durante la guerra sucia. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han criticado duramente que la Justicia Militar haya asumido competencia para juzgar estos crímenes, que fueran originalmente denunciados ante la Fiscalía Especial.

En octubre se cumplió un año del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, sin que se haya logrado su esclarecimiento.

Acciones Recomendadas

• Escribir al presidente Fox expresándole la esperanza de la comunidad internacional en que el Estado mexicano revisará la reforma constitucional en materia indígena para hacerla congruente con los compromisos asumidos en San Andrés y ante la OIT al ratificar el Convenio 169.
• Exhortar a la OIT para que exija al Estado mexicano que la legislación interna sobre pueblos indígenas sea congruente con el Convenio 169.
• Urgir al gobierno estatal a que investigue de manera imparcial y eficaz los hechos de violencia ocurridos en Chiapas en agosto y someta a los culpables a la justicia.
• Difundir información -como la contenida en este informe- sobre la situación en Chiapas y en México.

POR FAVOR, ESCRIBIR A:

Lic. Vicente Fox
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos
11850 México D.F., México
Fax: (+52. 55) 55 22 41 17
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17

Dr. Juan Somavia
Director General
Organización Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211, Geneva 22, Suiza
Fax: (+41.22) 917 90 10
cabinet@ilo.org

Lic. Pablo Salazar Mendiguchía
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso
29009, Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, México
Fax: (+52.961) 612 0917