El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) continuó en meses recientes con sus iniciativas políticas en un esfuerzo por mantener el tema de derechos indígenas en la agenda política y por defender su posición como fuerza política que se debe tomar en cuenta. Organizó dos foros para el seguimiento de la consulta zapatista sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’ y para reforzar los vínculos con organizaciones en todo México.

Por otra parte, el gobierno mexicano utilizó estrategias militares y políticas para debilitar a los zapatistas. A principios de junio, un año después del violento desmantelamiento de 4 municipios autónomos, miembros de la Seguridad Pública y del Ejército incursionaron en 10 comunidades de Las Cañadas (la selva Lacandona). En las incursiones participaron entre cien y mil militares y policías. Como explicación a estos operativos, las autoridades estatales y federales mencionaron la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes, asegurar que pueda llegar la ayuda del gobierno, y, la protección de los pobladores que así lo pidieron. Las diversas justificaciones combinadas con el estallido de incursiones violentas sugieren que actualmente existen objetivos políticos y militares menos explícitos.

El gobierno mexicano continúa insistiendo en su inagotable paciencia por encontrar una solución pacífica al conflicto chiapaneco. Sin embargo, periódicamente ha llevado a cabo incursiones militares y policiacas que apuestan al desgaste físico de las comunidades zapatistas, servir de ejemplo de lo que los zapatistas y sus aliados pueden esperar y socavar los esfuerzos de organización de la oposición.

Los resultados de las recientes incursiones fueron arrestos, hostigamientos, el desplazamiento de 50 familias que huyeron por el miedo, la destrucción de enseres domésticos por miembros del Ejército y la instalación de nuevos campamentos militares dentro y alrededor de las comunidades. En los últimos meses ha habido también numerosos reportes de una actitud más agresiva en los retenes militares, policiacos y de migración en la región de los Altos y la Selva.
Las incursiones en junio coincidieron con la nominación del nuevo secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco (Francisco Labastida renunció para contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la Nación en las elecciones del 2000). Si se hizo o no intencionalmente, el hecho es que las incursiones de esas fechas se interpretaron como una señal de que la elección de Carrasco no significará un cambio en la política gubernamental. El nuevo secretario de Gobernación se reunió con la COCOPA (la Comisión integrada por diputados para apoyar el proceso de paz), en el que fue el primer encuentro desde hace 10 meses, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Al mismo tiempo continuaron eventos propagandísticos en los que presuntos zapatistas entregaron armas a cambio de apoyo económico gubernamental. Por su parte, el EZLN denunció estos eventos como una farsa. Incluso, en algunos casos, los participantes reconocieron más tarde que habían participado en esa mascarada a cambio de asistencia financiera.

Estas cuestionables ‘deserciones zapatistas’ y las operaciones policiaco-militares mencionadas anteriormente, parecen ser parte de una estrategia gubernamental que tiene como propósito mostrar un EZLN políticamente irrelevante y declarar una paz unilateral. A nivel estatal, otros hechos que apoyan esta idea incluyen las iniciativas legislativas (anteriores a las incursiones) sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’, desarme, amnistía y remunicipalización. Además, el gobierno federal anunció un proyecto de aproximadamente 11 millones de dólares, que incluyen un préstamo del Banco Mundial, para beneficiar a 3000 productores en 116 comunidades de la región de Las Cañadas, base clave del apoyo zapatista. La asistencia gubernamental es muy polémica en las zonas de influencia zapatista. Cualquiera que sea otro aspecto que el proyecto cumpla, es muy probable que genere un aumento de desacuerdo dentro de las comunidades.

En la investigación en marcha de la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, se dictó sentencia a Mariono Pérez Ruiz, ex-militar acusado de entrenar al grupo paramilitar que perpetró la matanza. Sin embargo, de la misma manera en que ocurrió con 10 ex-policías, fue condenado solamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue sentenciado a dos años de prisión, con posibilidad de salir bajo fianza. El Ejército declaró que efectivamente era un soldado, pero que estaba de vacaciones cuando se le encontró vinculado al grupo paramilitar. El sentenciado confirmó esta versión, aunque posteriormente declaró que el Ejército así se lo había pedido. Como parte de la misma investigación, el 19 de julio se condenaron a 20 detenidos a 35 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército mexicano.

En julio, cuatro partidos de oposición y el Senador Pablo Salazar, que recientemente dimitió del PRI, firmaron un acuerdo para escoger a un candidato único en las elecciones del 2000 para Gobernador de Chiapas. La nueva coalición representa un reto de formidable potencial para la histórica dominación del PRI en la política chiapaneca.

Por otro lado, la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que en México sigue persistiendo la práctica de la tortura, señalando a la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) como las instancias que reciben más quejas en su contra. Por primera vez en su historia, la CNDH dio cifras, reportando que ha recibido 1679 quejas en contra de la SEDENA, mayormente hechas por civiles que declararon ser víctimas de personal militar.

En el ámbito internacional, la crítica por el historial de los derechos humanos en México y el manejo del conflicto en Chiapas incluyeron un reporte de Aministía Internacional.

Con las elecciones presidenciales a tan sólo un año de distancia, México ya se está integrando al período de campañas. El resultado es un menor interés por el conflicto en Chiapas. Esto parece beneficiar al gobierno, debido a que un debate sobre Chiapas le perjudicaría al partido oficial por la falta de avances desde el 94. Por eso, en vez de buscar una solución, para el gobierno de Zedillo resulta más conveniente ‘administrar‘ el conflicto hasta las elecciones: reiterar su compromiso al diálogo, continuar con su estrategia contrainsurgente para desgastar o contener -por lo menos- el apoyo zapatista, y llevar a cabo programas sociales con el propósito de fortalecer su base electoral. Presumiblemente, el EZLN continuará defendiendo su espacio político tanto como pueda, pero no muestra la voluntad de regresar al diálogo mientras sus pre-condiciones no sean cumplidas. De esta manera, son poco prometedoras las señales que indicarían progreso en la situación de Chiapas y sigue en pie la delicada situación que puede ocasionar una creciente situación conflictiva.

Acciones recomendadas

• Exhortar a la COCOPA a aprovechar el apoyo ciudadano a su propuesta de ley indígena para buscar la forma de presentarla al Congreso de la Unión, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
• Urgir a la administración de Zedillo a: desarmar a los grupos pa-ra-militares;
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos;
• ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
• Difundir información – como este informe – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783

Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Fax: (int-52) (961) 20917

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06018 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 140 3288