El 7 de septiembre, el Secretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, lanzó una nueva propuesta de paz para Chiapas y declaró que, de ser reanudadas las negociaciones, estaría dispuesto a encabezar la delegación gubernamental. Dicha iniciativa también incluyó propuestas para abrir un debate más amplio sobre derechos y cultura indígena en el Senado, la liberación de algunos presos zapatistas, la revisión de denuncias vinculadas al hostigamiento que padecen las comunidades indígenas de Chiapas, y la creación de una nueva instancia de mediación.

Esta nueva propuesta contrasta con la estrategia de línea dura implementada por el gobierno a lo largo de los últimos tres años. Parece indicar una renovada voluntad de diálogo y un cambio en la posición del gobierno. Podría contribuir a una reducción de las tensiones en Chiapas, sobre todo si logra poner freno a la política cada vez más beligerante del Gobernador del Estado, Roberto Albores.

Por otro lado, la propuesta trata de manera inadecuada o no abarca algunos puntos claves en disputa: la presencia del Ejército en las comunidades indígenas, los grupos paramilitares, y el proyecto de Ley de la COCOPA de 1996 (Comisión de Concordia y Pacificación, conformada por miembros del Congreso). Esos asuntos figuran entre las condiciones fijadas por el EZLN para reanudar el diálogo. Por eso, parece poco probable que los zapatistas -que hasta la fecha no han contestado de manera substancial- acepten la propuesta del gobierno.

Sólo el tiempo dirá si esta propuesta representa un esfuerzo novedoso apuntando a romper el estancamiento del proceso de paz. También podría haber sido diseñado principalmente para ganar espacio político en la carrera a las elecciones locales y presidenciales del 2000, o podría ser una acción pensada en vísperas de la visita de la Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, esperada en noviembre.

Entretanto, la presión militar sobre los zapatistas y sus simpatizantes ha aumentado en algunas zonas. Por ejemplo, en agosto, aproximadamente 500 soldados llegaron a la pequeña comunidad de Amador Hernández a pocos kilómetros de la base de la comandancia zapatista. Su propósito declarado era proteger a un equipo de topógrafos que estaba haciendo mediciones para construir una nueva carretera que conectaría dicha comunidad con el importante campamento militar de San Quintín. La comunidad se opuso fuertemente a la construcción de este camino, y se unieron a sus protestas algunos universitarios de la ciudad de México, así como otros observadores civiles. Los miembros de la comunidad temen las consecuencias de un acceso más fácil o de una mayor presencia del Ejército. El Gobierno estatal reaccionó duramente, acusando a los estudiantes de manipular a los indígenas y amenazando con arrestarlos. El Gobernador de Chiapas, Roberto Albores, declaró que ya no permitirá la presencia de observadores nacionales o internacionales. En un comunicado de prensa posterior, agregó: «a los chiapanecos se nos está terminando la paciencia… Ya basta de chantaje y manipulación… [por parte de]… los agitadores [que] aprovechan los conflictos políticos y contaminan la entidad».

A finales de agosto, debido a la presión nacional e internacional, el Secretario de Gobernación anunció la suspensión de la construcción de la carretera. Sin embargo, hasta la publicación de este informe, el Ejército permanecía en Amador Hernandez en contra de la voluntad de la población.

En julio, el Congreso estatal dominado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, aprobó una ley sobre derechos y cultura indígena. El Gobernador Albores manifestó: «Si en verdad se quiere la paz en Chiapas, ya no hay pretextos, porque con la ley están garantizados la libertad y el respeto a la autonomía étnica, así que la querella entre el EZLN y el gobierno federal queda sin sustento». Los partidos de oposición criticaron esta ley por no contribuir al proceso de paz ya que es unilateral e incongruente con los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 pero no cumplidos por el gobierno federal.

Con respecto al proceso de Acteal (donde el 22 de diciembre de 1997 45 personas fueron masacradas), después de las comparecencias de julio y septiembre, un total de 45 personas, todas indígenas, fueron sentenciadas a entre 32 y 35 años de prisión por su involucramiento en la matanza. Entre estos sentenciados se encuentra el ex-alcalde de Chenalhó. Un total de 55 personas ya han sido condenadas a prisión. Otros casos siguen pendientes. Si bien esto representa una acción judicial enérgica poco común por parte del gobierno, algunos critican que los funcionarios gubernamentales de más alto rango que podrían tener cierta responsabilidad en la matanza o en su encubrimiento no han sido investigados.

En el terreno internacional, han sido constantes las críticas a la situación de los derechos humanos en México, hasta llegar a convertirse en una fuerte corriente de opinión. Al final de su visita a México en julio pasado, la Relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Asma Jahangir, expresó su preocupación por la impunidad en los casos de matanzas y otras ejecuciones políticas, y la probabilidad de que por lo tanto pueden seguir repitiéndose. «La injusticia debida a la impunidad selectiva es un problema político en México… Es el resultado de políticas y un sistema judicial que falla,» dijo.

El Procurador General de la República, Jorge Madrazo, reconoció el problema en septiembre cuando observó: «En este país no existe una verdadera cultura de la legalidad», agregando que la impunidad es un reflejo de la falta de respeto a la ley.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch también expresaron críticas. Además, una coalición de organizaciones no-gubernamentales mexicanas presentó informes alternativos a los oficiales sobre el cumplimiento de los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, presentados por el Gobierno mexicano ante los respectivos Comités de Naciones Unidas. En el segundo informe, las ONGs mencionan las estadísticas de pobreza, argumentando que el libre mercado y la política económica del gobierno han sido un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida en todo México.

No obstante, durante su visita a Chiapas a fines de septiembre, el embajador de la Unión Europea en México, Manuel López, afirmó que las violaciones de derechos humanos en Chiapas o en otras partes de México no impedirán que se realice el acuerdo entre la Unión Europea y México.

Acciones recomendadas

• Urgir a la administración de Zedillo a: ordenar el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles, y asegurar que el Ejército respete los derechos y las libertades de los ciudadanos; como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar;
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los defensores de derechos humanos y los observadores internacionales.
• al Gobernador del Estado, Roberto Albores Guillén: que cese el hostigamiento a las comunidades indígenas y a las organizaciones de oposición a través de los operativos en zonas ya de por sí altamente conflictivas.
• Al Senado de la República: que apruebe la propuesta de la ley de los derechos y cultura indígena de la COCOPA, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidistas.
• Difundir información – como este informe – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783

Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (int-52) (961) 20917

El Senado de la República
Paseo de la Reforma # 10
06030 México, DF – México
Fax. (int-52) (5) 130 2292

(copias de sus cartas a:)

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06030 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 140 3288