La situación de Chiapas en estos últimos meses puede describirse como la de una olla de presión hirviendo y estrechamente cerrada. El control de esta situación por parte del Ejército Mexicano se ha intensificado por medio de la instalación de más campamentos militares y de nuevos puestos de control que obstruyen el libre tránsito. Varias comunidades indígenas asentadas en la Selva desde hace varios años fueron recientemente acusadas de haber cometido «infracciones ecológicas», ordenándoles sin más retirarse del lugar. Ellos reclaman que el motivo de esta orden es que se pueda avanzar en la construcción de un corredor que conecta a dos importantes bases militares de la zona. El acoso de las fuerzas de seguridad (incluyendo vuelos rasantes) a supuestos simpatizantes Zapatistas constituye un constante hostigamiento a las comunidades indígenas, quienes ya comienzan a mostrar los impactos físicos y psicológicos que esta guerra les ha generado.

La presión militar es el principal reclamo de la continua protesta popular, la que recientemente incluyó cierres de caminos, marchas y una Consulta Nacional sobre los Derechos de la Mujer.

Otro reclamo de los Zapatistas y de las comunidades indígenas tiene que ver con la implementación de los Acuerdos de San Andrés. Firmados en 1996, siguen incumplidos por el desacuerdo en cuanto a su implementación legislativa.

Las recientes declaraciones de funcionarios de gobierno dan lugar a un pronóstico poco alentador respecto a la resolución del conflicto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue una y otra vez criticado por su poca disposición al diálogo. Además, el Presidente Zedillo declaró que «el diálogo con el EZLN no va a resolver el problema de Chiapas». Francisco Labastida, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido oficial), profundizó: «no se puede sustituir los poderes legislativos del país por un pequeño grupo de personas. Las leyes no se hacen en la Selva.» Los Acuerdos de San Andrés, negociados y firmados por el gobierno federal, requieren una reforma legislativa respecto de los derechos indígenas. Al parecer, rechazar no solamente el resultado sino la legitimidad misma del proceso de negociación previo, Labastida ha dado pocas esperanzas a las posibilidades de pacificación en caso de resultar electo.

La influencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA, una comisión parlamentaria) es obstruida por desacuerdos internos de los partidos. Otro actor clave del conflicto, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, entró en una transición a partir del nombramiento de Felipe Arizmendi, Obispo de Tapachula (Chiapas), quien reemplazará al saliente Obispo Samuel Ruiz. Mons. Arizmendi, considerado moderado, dio una nota conciliatoria al comentar en su homilía de toma de posesión: «yo no voy a San Cristóbal a competir o destruir, sino más bien a complementar». Aquellos que temían la posibilidad de un cambio abrupto en la práctica pastoral de la diócesis, sintieron alivio. Otros señalaron que la influencia de la diócesis como protector de los indígenas y del esfuerzo de paz seguramente disminuirán con la salida del Obispo Ruiz, por su importante peso político.

Mientras tanto, existe un incremento en las visitas a Chiapas por parte de diplomáticos así como de las críticas provenientes del ámbito internacional sobre los pocos avances de México en materia de derechos humanos.

Luego de su visita a México en febrero pasado, Erika Daes, Presidente del Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas de la ONU, hizo un llamado al gobierno a respetar los Acuerdos de San Andrés. Sostuvo que el Ejército Mexicano debe suspender los patrullajes en Guerrero y Chiapas, retornar a sus cuarteles y focalizar la atención en conflictos de índole externa. Asimismo llamó a los grupos guerrilleros a deponer las armas y buscar el diálogo. También en febrero, la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir publicó un informe de su investigación en México el pasado julio. Concluyó que los responsables de conocidas masacres no han sido juzgados y que «la incapacidad del sistema judicial tiene como consecuencia un incremento en las violaciones de derechos humanos». Llamó al gobierno a desmilitarizar la sociedad y a abstenerse del uso de las fuerzas armadas para actividades de seguridad interna. Otras voces que criticaron la violación de derechos humanos en México durante este período, fueron el Departamento de Estado de los Estado Unidos en su informe anual y representantes del Parlamento Europeo quienes lamentaron el rol de los grupos paramilitares en Chiapas.

Funcionarios de gobierno generalmente rechazan o minimizan estas críticas. Sin embargo, en un inusual reconocimiento, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario Green admitió durante un viaje a Europa que México no ha podido terminar con las violaciones de derechos humanos ni afianzar una cultura de respeto a los mismos, así como tampoco un avance contra la impunidad.

A pesar del cada vez mayor costo para las comunidades indígenas, el conflicto en Chiapas no ha sido un punto relevante en la agenda electoral de las próximas elecciones presidenciales. Fijada la elección para el 2 de julio, el candidato del PRI, Francisco Labastida y Vicente Fox del PAN (el centro derechista Partido de Acción Nacional) se presentan como los candidatos más fuertes. Cuauhtémoc Cardenas del PRD (centro izquierdista Partido de la Revolución Democrática), actualmente entre los tres principales candidatos, ha quedado detrás de los dos primeros.

La elección para Gobernador en Chiapas el 20 de agosto próximo, está siendo fuertemente disputada por los candidatos del PRI, Sami David y Pablo Salazar, Senador de PRI que renunció a su partido y que desde entonces ha ido ganando el apoyo de una amplia base opositora. Salazar, quien se ha comprometido seriamente con el proceso de paz, aparece como el favorito, aunque la situación aún permanece impredecible. Esta incertidumbre se debe tanto al historial de fraude en Chiapas como a los obstáculos que el nuevo gobernador deberá enfrentar en el momento de implementar cambios.

En otros asuntos, la reciente deportación del veterano observador electoral Ted Lewis (a pesar de poseer credencial de observador emitida por el Instituto Federal Electoral) ha dado lugar a suponer que el Gobierno Mexicano podría expandir su campaña en contra de los observadores internacionales de derechos humanos a los observadores electorales también.

Mientras tanto, México sigue buscando activamente acuerdos internacionales en materia comercial. A mediados de febrero, México y la Unión Europa acordaron un tratado de libre comercio. Fue ratificado por la Unión Europea y el Senado mexicano. Sin embargo su implementación fue impedida debido al fracaso para obtener aprobación en el Parlamento italiano.

Prosiguieron las negociaciones de tratados de libre comercio con Japón e Israel. Como en el caso del acuerdo europeo, fuerzas opositoras y organizaciones sociales declararon haber sido dejadas fuera de las conversaciones y sin atender a sus reclamos.

ACCIONES RECOMENDADAS:

• Instar a la administración Zedillo a: Implementar las recientes recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, incluyendo: «Asegurar la desmilitarización de la sociedad y evitar utilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el estado de derecho o para erradicar la criminalidad… Terminar con la impunidad de ciertas clases o jerarquías de personas privilegiadas…»
• Respetar la función internacionalmente reconocida de observación electoral y la autonomía del IFE (Instituto Federal Electoral) al conceder una visa al experimentado observador electoral Ted Lewis.
• Difundir información -como este Informe- sobre la situación que prevalece en Chiapas.