En marzo, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en 2021 e inicio de 2022 a través de un evento realizado en la Ciudad de México.
A diez años de la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en enero, la Secretaría de Gobernación inició los trabajos para reformarla.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (mejor conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad costarricense de ese nombre), es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, y al mismo tiempo un tratado de derechos humanos que propone una transformación de la gobernanza ambiental.
México realizó el pasado 6 de junio unas elecciones, consideradas las más grandes de la historia del país, puesto que se renovaban más de 20.000 cargos de elección popular; entre ellos 500 miembros de la Cámara de Diputados, las gobernaciones de 15 estados y miles de cargos en congresos locales y ayuntamientos.
Con megaproyectos como el Corredor Transístmico, que conectará los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz), 47 mil hectáreas ya concesionadas para la minería, 28 parques eólicos y su gran biodiversidad, el Istmo de Tehuantepec es zona prioritaria para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A medianos del mes de noviembre del presente año, el gobierno de la “Cuarta Transformación”, convocó a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, Ch'ol, Tseltal, Tsotsil, entre otros...
A inicios del 2013, varios analistas usaron la expresión de «Momento mexicano» debido a las expectativas generadas por el cambio de administración. Se ha venido cuestionando […]