Después de la elaboración de este informe de SIPAZ, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa legislativa sobre los derechos indígenas. Aquí SIPAZ incluye una breve actualización, reconociendo que ésta es limitada por el tiempo y por los términos complejos de la ley, que requerirían de una explicación más larga de la que este espacio nos permite.

El 25 de abril, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de ley en materia de derechos indígenas, redactado y presentado por la Subcomisión de Análisis de las Iniciativas Indígenas del Senado de la República. Y el 27 de abril, la Cámara de Diputados ratificó la aprobación del Senado, con los votos a favor del PAN, el PRI y el PVEM, y los votos en contra del PRD y el PT.

Como aspectos positivos, el texto aprobado prohibe expresamente toda forma de discriminación, provee garantías para el ejercicio de los derechos de la mujer (incluido él de participación en el gobierno local), y reconoce la autonomía indígena en áreas como la cultura, la educación, la lengua y el gobierno local. No obstante, la ley aprobada difiere significativamente del proyecto original de la COCOPA, presentado por el presidente Fox al Congreso en diciembre 2000.

Inmediatamente, el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado del 27 de abril, manifestó su rechazo al texto de ley aprobado por el Congreso, por considerar que no es fiel a los Acuerdos firmados entre el Gobierno Federal y el EZLN en San Andrés en febrero de 1996, y recogidos en el proyecto de ley presentado por la COCOPA en noviembre de ese mismo año.

El CNI señaló que «La ley […] elimina partes sustanciales de la Iniciativa de la COCOPA, como son: el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho; el reconocimiento de los territorios indígenas; el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales que se encuentran en dichos territorios y la posibilidad de asociación de comunidades y municipios indígenas».

Un grupo de investigadores y académicos de la UNAM, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó que, debido a esas omisiones, resulta que no hay territorios, ámbitos geográficos ni instancias constitutivas del Estado mexicano en los que se garantice el ejercicio colectivo de la autonomía, porque los derechos reconocidos a los indígenas carecen de un espacio en el que se puedan hacer valer.

Mientras que el presidente Fox hizo un «reconocimiento» al Senado de la República, insistiendo en que la aprobación de esta ley «marca el término de lo que fue el conflicto armado», el presidente de turno de la COCOPA, el diputado del PRD Félix Castellanos expresó que la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión «está naciendo muerta» porque no considera las necesidades de las etnias ni está a la altura de sus reclamos. En cambio, el senador del PAN Felipe de Jesús Vicencio, también miembro de la COCOPA, consideró que el EZLN debe valorar las condiciones en que se ha gestado la reforma constitucional, la que «si bien no representa el final de su lucha de reivindicación, es un paso adelante hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios» (27/4/01).

El 29 de abril, el EZLN declaró que la reforma constitucional no responde a las demandas de los pueblos indígenas del país, y tampoco a las del EZLN, del CNI y de la sociedad civil. Afirmó que la reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de ley de la COCOPA. El EZLN afirmó que el gobierno federal y los legisladores «cierran la puerta del diálogo y la paz» y ordenó a Fernando Yañez, enlace zapatista, que suspenda su trabajo de correo entre el EZLN y el gobierno federal.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, consideró que la aprobación de la ley indígena impulsada por el PRI y el PAN significa un retroceso a las acciones de paz que llevaron a cabo el gobierno federal, el estatal y el EZLN. El mandatario estatal, quien formó parte de la COCOPA cuando se redactó la iniciativa de ley original, llamó al presidente Fox y al EZLN a mantener la voluntad de paz y situarse por encima de los intereses y visiones de grupos conservadores que obstaculizan las medidas para reanudar el proceso de negociación en Chiapas.

Quizás como reacción a la multitud de críticas recibidas, el Ejecutivo matizó sus expresiones, señalando que «Sin duda, se requiere profundizar en aspectos centrales, como la autonomía y la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar en aras de realizar los ajustes necesarios para profundizar en la Reforma dentro del marco de las instituciones democráticas». (Noticias desde la Presidencia, 30/4/01)

Para entrar en vigencia, las reformas constitucionales tendrán que ser aprobadas por una mayoría de los congresos locales, donde aparentemente se enfrentarán con una oposición significativa de parte de grupos indígenas y otros quienes las consideran insuficientes.

A pesar del avance alcanzado a partir de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo en cuanto a los presos zapatistas y las siete bases militares, en la medida que la ley aprobada no es fiel al texto de la COCOPA, no se estaría cumpliendo con una de las tres condiciones que el EZLN planteó en diciembre para reanudar las conversaciones con el gobierno federal. Visto el rechazo del EZLN a la ley aprobada, esto significa que las perspectivas de reanudación del proceso de paz, que habían recibido un impulso positivo en los primeros meses del año (del cual da cuenta este informe de SIPAZ), nuevamente se han ensombrecido, y el escenario es otra vez complejo y difícil.